Desde la moción de censura articulada y culminada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy el 1 de junio, hace seis meses largos, el Gobierno español es una flotación de corchos en océano convulso. A la deriva. Con ella finalizaba un trienio inestable iniciado en las elecciones de diciembre de 2015, seguido por las de junio de 2016 tras un período convulso de investiduras fallidas hasta la presidencia de Rajoy en octubre de ese año, y rematado por la sentencia Gürtel del 25 de mayo de 2018. A iniciativa del grupo político Podemos hubo ensayo previo en el Parlamento para derrocar al presidente Rajoy en junio de 2017. Y esto a pesar de que la economía superaba el índice de crecimiento de la media europea y bajaba significativamente el de paro.
La operación se veía como previsible desde el trasfondo del movimiento 15-M de 2011 generado en la Puerta del Sol de Madrid, el incremento desde 2012 de la secesión de Cataluña y la declaración de su independencia en octubre de 2017. El esfuerzo y logro del Gobierno de Rajoy para enmendar la herencia ruinosa de Rodríguez Zapatero, recibida en 2011, quedó minado por esta amenaza política. El pretexto era la corrupción del Partido Popular en aras de una dignidad de gobierno. Pedro Sánchez se lo había espetado a Rajoy en el debate electoral de diciembre de 2015: “El presidente tiene que ser una persona decente y usted no lo es”. Ponía Sánchez el listón ético de la política muy alto.
Con la moción de censura, y aprovechando recelos frente a la Monarquía tras la abdicación del Rey Juan Carlos el 2 de junio de 2014 y proclamación de Felipe VI ante las Cortes diecisiete días después, triunfó también el intento de un cambio profundo de la política española. Se concertaron las fuerzas parlamentarias catalanas, vascas, antisistema y comunistas ante las barbas de Rajoy para derrocarlo. Si antes era difícil dar un giro profundo a la Transición revirtiendo el orden constitucional desde las urnas, ahora se prevé más que probable una vez apartado del Gobierno el fantasma del Partido Popular. A esto apuntan el intento de ningunear al Senado, el pacto de Sánchez con Podemos el 11 octubre de 2018, la visita ocho días después del líder de este partido al preso catalán Oriol Junqueras, artífice del secesionismo de Cataluña, el posterior encuentro en el País Vasco con Arnaldo Otegui, y la actual pretensión de Sánchez de reconocer oficialmente estatus de Nación a Cataluña. Se pretende articular una estrategia que avale a Sánchez en el poder con la aprobación de los presupuestos. De estas visitas hubo precedente en 2004 cuando Pasqual Maragall, presidente autonómico de Cataluña entre 2003 y 2006, envió a Josep-Lluís Carod-Rovira a entrevistarse con ETA en el sur de Francia. El contexto soberanista intentaba forjar una herradura con que calzar al resto de España. Y mientras tanto, se producía el gran negocio de la política catalana a costa de los fondos europeos y nacionales. Crecía además la secesión semántica de España y Cataluña en los medios de comunicación al tratar el problema catalán. Un efecto subliminal de la inepcia sociológica del Estado. El símbolo más paradójico de esta urdimbre ha sido la comunicación de Jordi Pujoll a la prensa, a finales de julio de 2014, y pidiendo perdón público por ello, de haber poseído en el extranjero una elevada suma de dinero sin tiempo efectivo para declararla en Hacienda. Y Jordi Pujoll es el artífice del lento pero pautado nacionalismo catalán bajo el eslogan de que “España nos roba”. La amnistía fiscal decretada por Rajoy en 2012 servía al mandatario catalán de rejilla exculpatoria al tiempo que, para más inri, sus más de tres mil millones de euros acaudalados, según algunos cálculos, contribuían, con impuestos, sanciones y recargos, a rebajar el precio de la prima de riesgo española en el cómputo internacional. España, puro robo.
La presidencia de Sánchez en el Gobierno está siendo un cúmulo de ruido orientado a justificarse en el poder sin el más mínimo rebozo de la ética que esgrimió para obtenerla. En vez de convocar elecciones inmediatas que devuelvan al pueblo español la ocasión de decidir si le acepta o no en tal cargo, flota de ola en ola entre los partidos que lo apoyaron. Y son éstos, con el suyo, aunque en parte a regañadientes, y en aras del poder súbito logrado, partidos anticonstitucionales e independentistas. Les da aliento con gestos variopintos, diálogos de sordos, declaraciones contradictorias, decretos a voleo de orientación electoral, y viajes internacionales que le confieran una figura y semblante de crédito político al visitar y relacionarse con jefes notorios de Estado. Relaciones de pura metonimia, radiación o convección de ondas en el fluido mediático. Y éste manejado con técnica partidista y masaje sociológico de imagen.
La prolongación en el poder del presidente Sánchez produce algo diferente a lo pretendido con su ética de acceso al poder. No resuelve el problema catalán. Al contrario, les da alas a los independentistas. No ataca en profundidad la corrupción política al disimular la del propio partido, que es enorme por el flanco andaluz. No propone una fecha limpia para las elecciones generales. Se escuda en las recientes de Andalucía y en las próximas de mayo, autonómicas, europeas y municipales. No ofrece un programa nítido de Gobierno y merodea entre sedes políticas para avalar unos presupuestos que, en el fondo, son corolario de los aprobados por Rajoy. No, no, no.
El presidente Sánchez es rehén de quienes le apoyaron en la moción de censura. Su gesto sagaz y súbito se le vuelve en contra. Las fintas permanentes de diálogo, viajes, declaraciones hueras, decretos convencionales y oportunistas, están minando los cimientos de la democracia y alentando —no sabemos si para seccionarlos de cuajo, llegado el momento— a los soñadores de un conjunto de repúblicas hispanas un día indefinido confederadas. Si antes, con Rajoy, se había planteado una lucha soto voce revolucionaria entre el Parlamento y el Gobierno, ahora casi fundidos estos, a pesar de disponer Sánchez de solo 84 diputados, se potencia la disyunción entre una República y la Monarquía parlamentaria. Los quiebros políticos de Sánchez alimentan asimismo esta polaridad al favorecer, poco a poco, condiciones larvadas o manifiestas de un subsuelo constituyente diferenciado. La reforma de la Constitución es otra de las fintas de fuga ante el listón ético esgrimido en junio. Nadie intenta aplicar el potencial político que contiene. Y la desidia, el retraso, la dañan, debilitan. Los artículos de la Constitución presuponen una fe social plasmada en Justicia, Derecho, Ley, Paz y Gobierno.
La cuestión es seguir creando ruido y movimiento de corchos en pleamar y a la deriva hasta concluir en 2020 la legislatura que Rajoy no pudo, ni supo retener. Un paréntesis cuya suspensión de criterio objetivo tal vez aporte nuevas intuiciones, experiencias, argumentos, y sobre todo posibles electores. Ganar tiempo. Tal la consigna.
Y el tiempo se esfuma. Huye peligrosamente. La Democracia española se desmorona entre bloques, cerrojos, divisiones partidistas y ambición desesperada de puestos, remuneraciones políticas. España atraviesa un mal momento de cultura oficial y tergiversada. Mira hacia atrás en vez de abrir y esclarecer las brumas del futuro. Por una parte se prohíbe el revisionismo ideológico, pero, por otra, se revuelve el pasado reciente. Un coro no desdeñable de políticos quiere revertir la Historia desde la constitución política de España, que es, si no fundadora, sí cocreativa de Europa. Pretenden centrar las causas de los males presentes que la fustigan en once meses y ocho años de convulsión republicana, entre 1873 y 1874, la primera y exigua República, de 1931 a 1936, la segunda.
Lo malo de este planteamiento es la alternativa esbozada y la realidad eludida. La República soñada es más bananera que europea. Programa revertir a España el fermento que Simón Bolívar, San Martín y Fidel Castro llevaron de Europa y América del Norte a América del Sur, pero diluido en un marxismo gregario de ínfulas redentoras ajeno a la tradición centenaria, y milenaria, de la cultura europea. Consecuencia de ello es la elusión de otro problema serio: el desfondamiento social y político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ya no hay obreros, sino empleados, autónomos. Sus aperos, instrumentos y máquinas son los ordenadores. Y a la política social de base se apuntan hoy casi todos los partidos. Por ello, la lucha del proletariado ya no tiene sentido ideológico. Exige replanteamientos. Así lo ha entendido el comunismo, pero también con inversión histórica. En vez de asumir un mea culpa, declarar fascistas muchos de sus planteamientos y ejecuciones, idear un proyecto de futuro, reactivan el marxismo-leninismo de 1917. Una sangría y miseria histórica sin precedentes en la Historia de la Humanidad. Y esto a pesar de aciertos teóricos, como la noción de plus-valía social y económica, o la reconversión de la fraternidad revolucionaria francesa, de fermento más cristiano del que se cree, en principio político de organización política. Y como 1917 resulta irrecuperable, sobre todo en una organización europea consolidada, el paleocomunismo recurrre a una tensión social casi continua de acoso a la burguesía y sus instituciones. Entre ellas, la Constitución, el sistema parlamentario y la Monarquía que lo corona, ésta como validada por el franquismo. El hecho de que la haya votado en 1978 la población española no tiene validez para cuantos, hijos o nietos del régimen anterior, han estudiado con becas y promociones suyas. Acostumbrados muchos de ellos a vivir directa, indirecta u oblicuamente alrededor de las instituciones oficiales y sus prebendas, echan mano de banderas, consignas y sombras revolucionarias para lograr un hueco en las instancias actuales y distribución del poder. Por eso prima el foco de la memoria replicativamente histórica, y no la proyección imaginativa del presente. Un recuerdo del pasado que acota y circuye las condiciones de veracidad que validen los hechos según el deseo de poder y su permanencia. Un realismo social a la española, es decir, según resulte.
El presidente Sánchez preside de algún modo el cargo en funciones. Pretende anillar una forma que adune los movimientos asamblearios, la pretensión republicana de los separatistas, una autoimagen o “selfie” europeo, la ambición partidista de poder, y la desidia o pasotismo que arrastra, por inercia, gran parte de la burguesía española. Sectores cómodamente asentados desde 1978, con la Constitución, 1982 con el acceso de Felipe González al Gobierno, y 2002 con la entrada del euro, el gran negocio de la banca y filiales así políticas como económicas.
El Partido Socialista Obrero Español se ha banalizado en todo este tránsito y carece ahora mismo de horizonte dentro de esta coyuntura antropológica. Arrastra el poder adquirido desde tiempos de Felipe González, un paréntesis histórico avalado con mucho dinero por países de la Unión Europea. Y mientras fluían las aportaciones, funcionó todo de maravilla. Europa quería una Península Ibérica asociada al proyecto europeo con plena legitimidad democrática. Y no paró en medios. Lo que vino y está llegando después es puro arrastre de modos parlamentarios de entonces. Y la banalización choca contra dos autonomías importantes, la catalana y vasca, en pugna soberanista, y apoyadas en el recelo frente a la madrileña y andaluza, sumida ésta, como granero político de los socialistas, en una corrupción económica y clientelista sin precedentes. Si no hay remoción seria en este partido, y con claridad de horizonte europeo, asistimos a su derrumbe por la obsesión de poder a costa de lo que sea. Y con un peligro serio para toda España. Se trata de un partido con experiencia de gobierno y actividad parlamentaria fundamental.
Si Sánchez pretende mantenerse en la presidencia mediante el ruido generado, se equivoca y pone en peligro años de historia en España. Ha de inventar argumentos hasta que las urnas le sean favorables, esperando otro hueco súbito de sagacidad arribista. Y esto sí es un peligro. Tendrá que inventar e inducir situaciones que impidan celebrar comicios en condiciones idóneas. Un argumento sibilino, sin duda. Les toca a los barones socialistas de hoy y ayer sopesar las consecuencias de esta actitud en momento tan delicado de nuestra política. El soberanismo catalán y vasco, a la zaga el gallego, crece con cada error y omisión de partido y Gobierno.
La situación política española requiere convocar elecciones generales cuanto antes. Los partidos gubernamentales debieran urgirlas. Ante el desconcierto, el cansancio vigente de consignas rebotadas y la remoción actual de Europa, se impone otra realidad política. A la Transición la han quemado y quieren esparcir sus cenizas. Se echa de menos un nuevo partido político que resuma la experiencia vivida, dé solidez institucional a España y nos sitúe en el puesto que nos corresponde dentro de Europa.