Después del asesinato de la profesora de 26 años Laura Luelmo, se ha vuelto a abrir el debate sobre la prisión permanente revisable en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que no se derogue porque, ha dicho, es la "mejor fórmula para evitar" la reincidencia y hacer que "los asesinos y violadores estén en la cárcel".
Pedro Sánchez, por su parte, ha asegurado que no tomará ninguna decisión hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto. Además, ha aprovechado para recordar que la prisión permanente revisable, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, está "en vigor" y, aún así, "no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato".
En este sentido, el presidente del Gobierno ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará medidas para "reforzar la seguridad de las mujeres". Una cuestión -ha criticado la vicepresidenta, Carmen Calvo- de la que se ha olvidado el PP, que "no ha hecho nunca nada, sino recurrir todas las leyes de igualdad con que las mujeres nos hacemos respetar en este país".
Calvo ha reprochado a Casado que haya "utilizado" el dolor de la familia y las amistades por el crimen de Laura Luelmo para hacer "hacer política de muy bajo nivel"
También la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha arremetido contra las declaraciones de Casado, que ha tachado de "infames": "Es como si los vendedores de armas cada vez que hay un asesinato recomendaran llevar pistola", ha dicho Belarra, quien ha pedido abandonar ese debate y poner en marcha "políticas públicas que protejan a las mujeres antes de que nos maten".
El Gobierno está estudiando medidas para reforzar la seguridad de las mujeres tras el asesinato de Laura Luelmo, que ha muerto en manos de su vecino de El Campillo (Huelva) tras encontrarse en libertad después de cumplir condena por haber asesinado a otra mujer.
Calvo ha destacado la necesidad de proteger a la sociedad de personas que siguen siendo peligrosas tras cumplir sus penas y que tienen difícil reeducación y reinserción
Para evitar situaciones como esta, Calvo ha adelantado que el Ejecutivo se está planteando "seguir teniendo en vigilancia a las personas con riesgo de peligrosidad muy alta". Ello pasaría por desarrollar el artículo 106 del Código Penal regulando la libertad vigilada mediante instrumentos como el uso de pulseras electrónicas o la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el juez o tribunal correspondiente establezcan.
También prohibiendo residir en determinados lugares o desempeñar algunas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para volver a cometer hechos similares por los que se le impuso una condena. Según la número dos del Gobierno en el caso de Luelmo "medidas de esta naturaleza podrían haber sido útiles".