Jiménez de Parga:"Si el Gobierno tenía pruebas, el retraso es lamentable"

¿Considera una decisión acertada la posible ilegalización de ANV y el PCTV?
La Constitución Española dice que los partidos son instrumentos fundamentales para la participación política. Yo creo que no deben serlo aquellos partidos que están vinculados de alguna forma a una organización terrorista.

¿Cree que había pruebas antes para que la Fiscalía o el Gobierno hubiesen actuado antes contra estos partidos?
Desde mi posición actual desconozco las pruebas que podrían apoyar una decisión de ilegalización de ANV y del PCTV. Si los llamados a intervenir en el asunto poseían las pruebas hace tiempo, el retraso en iniciar el proceso sería lamentable.

¿Deben disolverse los ayuntamientos en los que está presente ANV si los jueces deciden ilegalizar este partido?
Hay que esperar el alcance de la decisión judicial. La ilegalización de un partido tiene como efecto su expulsión del ordenamiento jurídico. Por tanto, el instrumento que se utilizó para obtener el puesto de Alcalde o de Concejal ya no sirve. En el futuro habrá de emplearse otro.

Si no cabe esta disolución de los consistorios, ¿podría tomarse alguna medida contra estos concejales?, ¿cabría someter a un control judicial sus decisiones de gobierno?
La responsabilidad de las personas implicadas tendrán que precisarla los Tribunales de Justicia. No caben más precisiones sin conocer el alcance de las decisiones judiciales.

¿Cree que deben asumir algún tipo de responsabilidad el Ejecutivo por no haber actuado en su momento contra todas las candidaturas de ANV?
Dependerá de lo que en la correspondiente investigación pueda descubrirse. Desde fuera no podemos pronunciarnos. Los retrasos son de muchas clases.

¿Qué le parecen las críticas del Gobierno a la Iglesia por la concentración por la familia del pasado 30 de diciembre en Madrid?
A mi juicio, las críticas han sido debidas al impresionante número de asistentes. No fue motivo de una reacción exagerada lo que allí se dijo, sino que preocuparon las dimensiones colosales del auditorio. Algunos de los más criticados se limitaron a afirmar lo que vienen sosteniendo desde hace tiempo. Pero no es lo mismo predicar en un templo de dimensiones reducidas que pronunciarse en una concentración de centenares de miles.

Otro de los asuntos candentes en las últimas semanas es lo referido al aborto. ¿Sería constitucional aprobar una ley de plazos, como han sugerido algunos miembros del PSOE?
Tanto la inconstitucionalidad como la anticonstitucionalidad de las leyes exigen conocer a fondo los textos. De momento sólo se habla de proyectos.

Uno de los asuntos que tiene pendiente el Tribunal Constitucional son los recursos sobre el Estatuto de Cataluña. ¿Entiende que debería conocerse una decisión al respecto antes de las elecciones generales?
Ni por razones éticas ni por motivos estéticos debo opinar sobre lo que ahora hacen mis colegas de una institución a la que pertenecí durante nueve años.

El PP y el nuevo partido UPD han sugerido una serie de reformas constitucionales para limitar el poder de los nacionalistas. ¿Qué opina al respecto?, ¿en qué podían consistir esos cambios?
No se trata de limitar el poder democrático de nadie. Lo oportuno y conveniente es que una ley electoral sirva para llevar a las Cortes Generales la representación auténtica de los españoles, sin producir la supervaloración de unos o la infravaloración de otros.
Además de modificar la legislación electoral, considero aconsejable que el Estado recupere algunas competencias equivocadamente transferidas a las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en materia de educación. También tendrían que revisarse las competencias en lo relativo al suelo. Hay que poner remedio a las especulaciones. Un Estado sin territorio no es un Estado, y no puede ser -lógicamente- un Estado de Derecho.