El Gobierno ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" de Francisco Franco para evitar la exhumación del dictador presentando numerosas demandas judiciales, y ha admitido que estos procedimientos pueden "retrasar" la fase final del traslado de los restos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Tras conocer este auto, el Gobierno ha recalcado que el expediente de exhumación de Franco sigue su curso "con absoluta normalidad". Ha admitido no obstante que las numerosas demandas judiciales que piden la suspensión -tiene contabilizadas doce-, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar la fase final de la ejecución del acuerdo de exhumación.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la posibilidad de acumular todos estos procedimientos judiciales en uno solo. En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -como el que ha dictado el auto- "no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".
Además critican desde Moncloa que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones. "Estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos", lamentan desde el Gobierno.
Hasta la fecha le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido hoy es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte. En el Gobierno están "convencidos" de que cuando el juzgado escuche al Ayuntamiento y sus argumentaciones dictará una resolución tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo del asunto.
Moncloa considera en cualquier caso que tantas demandas individuales con la misma fundamentación jurídica solo buscan una cosa, obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto para aumentar las probabilidades de que alguno -como ha ocurrido en este caso- dé la razón a la parte demandante.
El Gobierno admite que todos estos procedimientos pueden acabar retrasando la fase final para hacer efectiva la exhumación de Franco. Fase en la que aún no se está, recuerda Moncloa, porque aún quedan trámites administrativos. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, al llegar a la presentación de la Fundación Pedro Zerolo, que la decisión del juzgado no va a paralizar "nada" respecto a la exhumación de Franco, pese a que la licencia urbanística para llevarla a cabo ha sido suspendida cautelarmente.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este martes que el Gobierno ha mantenido un procedimiento "escrupuloso", basado en las "garantías, el derecho y en las normas", en la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para hacerlo de una manera "impecable". Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la resolución que acabamos de conocer", ha señalado Delgado, antes de presidir un acto de imposición de condecoraciones a juristas y operadores de justicia, quien ha añadido que el Gobierno "respeta" las resoluciones judiciales.
Ahora bien, ha precisado que "respetar no quiere decir que una vez estudiemos y veamos cómo se ha desarrollado no vengan los consiguientes recursos". La ministra ha recordado además que este mismo recurso que se resuelve en este juzgado de lo Contencioso-Administrativo "se ha planteado ya hasta en siete ocasiones anteriores ante otros juzgados que han desestimado exactamente esa misma petición".
"Por ello vamos a analizar exactamente a qué se refiere", ha añadido, para ver si ha habido algún elemento diferente a los anteriores "que tenían un criterio unánime que no procedía en su caso acordar esta medida cautelarísima y provisional".
En un auto con fecha 25 de febrero al que ha tenido acceso Efe, el juez José Yusty Basterrache paraliza cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular. El magistrado impugna el informe del consistorio de fecha 26 de noviembre de 2018 por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".
El juez argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.
Posteriormente apunta que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que no disponen de ello, dudan que las obras sean "conformes a la legalidad vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas". "Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", advierte al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".
Se apoya el juez en un dictamen pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, que plantea que en la documentación aportada "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco". "Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios", apostilla al tiempo que apunta al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana.
Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que "alegue lo que a su derecho proceda".
El auto lo ha dictado el juez Yusti, quien en 2007 redactó un artículo titulado 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta' en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles", en relación a la ley de Memoria Histórica.
Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O en un local municipal de Madrid y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio cedido por el Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha considerado este martes que la suspensión cautelar por parte de un juzgado de la licencia urbanística para exhumar a Franco acredita que "mirar hacia el pasado no ayuda en nada a mejorar la calidad de vida de los españoles". En declaraciones en el Congreso,ha pedido al Gobierno que "mire al futuro" y se preocupe por los problemas que realmente importan a los españoles.
También desde el PP, su vicesecretaria de Comunicación, Marta González, ha dicho esta tarde en declaraciones en el Congreso que no le sorprende que haya un "nuevo tropiezo" en la tramitación de la exhumación, teniendo en cuenta que el Gobierno ha actuado con "mucha imprevisión". "Es otro impedimento más en este proceso de disparates que estamos viendo en estas ultimas semanas del Gobierno socialista", ha sostenido.
El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha expresado por su parte que, al margen de la decisión judicial, Sánchez "ya ha roto el chapuzómetro" con la exhumación de Franco. Ha opinado que el Gobierno mantiene una "situación de bloqueo" con un asunto que no "aporta" nada a los españoles y que únicamente se utiliza como "comodín electoral".
Por contra, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, cree que el auto es "otra treta" para evitar la exhumación, a pesar de que tanto el Tribunal Supremo como el propio Vaticano "han reconocido que el Gobierno tiene plena capacidad y competencia para realizar". Y ha recriminado que hay una "deuda pendiente" con una judicatura que sigue siendo "reaccionaria" a la situación de una democracia como la española que requiere "por salud democrática" exhumar los restos del dictador.
Se trata de una "deuda histórica" con las personas que sufrieron durante la dictadura de Franco y cree que un juez "no puede ponerse por encima de ese recuerdo, de esa necesidad de justicia".