En España todo está del revés. Y cuando un padre de la Constitución del 78 como Miguel Roca asegura que: “Nada de lo que está ocurriendo en nuestra realidad presente tiene su origen o su causa en la Constitución”, debemos entender que la cosa es grave y que posiblemente hasta el cambio climático tenga su origen en la Constitución del 78.
La herida abierta por Cataluña es un síntoma de crisis patriótica, de cimiento nacional. Es la vulnerabilidad del Estado lo que habla por esa brecha. Y no es poca, la parte que tiene en su causa nuestra Magna deconstituyente. Cuyo campo de minas autonómico fue advertido hace ya cuarenta años por catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo como Luis Sánchez Agesta, Santiago Muñoz Machado, Eduardo García de Enterría, Aurelio Guaita Martorell, Hipólito Gómez de las Roces, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, Antonio Embid Irujo, Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Óscar Alzaga Villaamil, Luis Legaz Lacambra, Antonio Remiro Brotons o Enrique Linde Paniagua.
Por ceñirme a algunos de los portavoces autorizados que jalonan el aparato crítico de un libro todavía referencial para ubicarse en esta maraña. Me refiero Las autonomías. Encrucijada de España (Aguilar, 1980), del tecnócrata catalán Laureano López Rodó.
La Norma Suprema española es una trampa política, envuelta en un lenguaje esotérico tras un aglomerado de prestidigitaciones jurídicas. Y su parte más ambigua es precisamente la que debió quedar más delineada: la organización territorial. Muñoz Machado publicaba antes de su misma ratificación: “El título VIII de la Constitución española de 1978 tiene ya apuntada en su cuenta la curiosa combinación de haber sido aceptado por la mayor parte de los políticos que han intervenido en su redacción y ser criticado, en cambio, duramente por los especialistas en Derecho Público del país” (Documentación Administrativa, oct.-dic. 1978).
Y que ahora académicos como Alzaga (09/09/18) o el propio Muñoz Machado ( 06/12/18) propongan un correctivo federalista al atolladero autonómico es la constatación palmaria del troceado del 78. Pues federar significa unir lo que está separado. Y si este disparate puede aplicarse hoy a España es porque la aventura constitucional consistió en separar lo que estaba unido.
Como afinaba López Rodó sobre el otorgamiento de potestad legislativa a las Comunidades Autónomas: “De este modo se producirá en España un movimiento inverso al que se está produciendo en los Estados federales y en las Comunidades supranacionales. En los Estados Unidos se han realizado importantes avances en el proceso de unificación legislativa entre los distintos Estados de la Unión. La divisa de su escudo nacional E pluribus unum (De la pluralidad a la unidad) expresa no sólo una voluntad política integradora, sino también jurídica.
“Otra forma de entender el federalismo, de signo contrario, disgregador y regresivo, tendría por divisa Ex uno plura (De la unidad a la pluralidad). La elección entre una y otra no parece dudosa. En el ámbito internacional son bien conocidos los esfuerzos que se realizan en el seno de la Comunidad Económica Europea para la armonización legislativa (…). Cuando el signo de los tiempos en el mundo del Derecho camina hacia una progresiva homogeneidad, en España, el otorgamiento de potestad legislativa a las Comunidades Autónomas inicia un proceso contrario hacia la heterogeneidad y diferenciación”.
La Constitución española se gestó viciada por la fiebre de las preautonomías, y luego fue desbordada por unos Estatutos que las propias Comunidades Autónomas se encargaron de ir sobrepasando. Un proceso irracional del que el Estado no fue arquitecto, sino su dislocado resultante. Quedando la nación propensa a una discordia alertada por figuras tan dispares como Tarradellas y Fernández de la Mora. “España podría perderlo todo porque esa paella que nos preparan es incomestible”, dijo en Madrid el republicano catalán.
Léanlo en ese estudio sin desperdicio que publicó López Rodó en mayo de 1980. Cuarenta años después seguimos en la misma encrucijada: “La cuestión autonómica es la clave del momento político [y] la transición no acabará hasta que se dé por concluso el proceso autonómico”, resumió López Rodó. Pero esto lo dijo ya un año más tarde, en una conferencia sobre su libro pronunciada en el Club Siglo XXI:
“O se pone orden en el tema autonómico o esto se va al traste. Podemos decir con Quevedo que ‘toda España está en un tris y a pique de dar un tras’ (…). Para conjurar todos estos peligros hace falta un golpe de timón. El único remedio que atajaría el mal en su raíz sería la reforma del Título VIII de la Constitución y demás artículos y disposiciones concordantes”.
Esto sucedió el 16 de febrero de 1981. Siete días después, el sistema escenificaba en el Congreso de los Diputados la corrección institucional de su deriva. El recurso vergonzante. El 23-F. Sí. Quizá después de todo Miguel Roca, padre de nuestra Ley de leyes, tiene algo de razón cuando afirma que: “Es desde fuera de la Constitución desde donde se originan todos los problemas”. La prueba está en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Donde según un informe de la Guardia Civil, incorporado a la causa sobre el referéndum inconstitucional del 1 de Octubre, al origen de uno de esos problemas también se llega a través de un socio de su despacho.