Estos son los treinta procesados por la juez, entre los que finalmente no están el exsenador de ERC Santi Vidal -que con sus conferencias dio pie a la apertura de la investigación- y Carles Viver i Pi Sunyer, considerado el "arquitecto" jurídico del procés.
1. Antoni Molons. MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN
Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalidad. Actual secretario de Comunicación del Govern, Molons ha sido procesado por encargar trabajos vinculados a la publicidad institucional del 1-O, que los investigadores sospechan pudo ser financiada a través de pagos opacos a Òmnium Cultural.
2. Joaquim Nin. MALVERSACIÓN, DESOBEDIENCIA Y PREVARICACIÓN
Ex secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalidad. La juez lo procesa por su papel en la adquisición de los dominios relacionados con las webs del referéndum.
3. Jaume Clotet. MALVERSACIÓN
Director general de Comunicación del Govern. Encargó, según la juez, la creación y compra de los dominios pactepelrefernedum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu y los facturó a una autónoma que trabaja para la Generalidad con un contrato marco anual de 17.000 euros.
4. Josep Ginesta. MALVERSACIÓN
Ex secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Investigado por la creación de la web de voluntariado que la juez sospecha que se usó para reclutar voluntarios para el 1-O.
5. David Palanques. MALVERSACIÓN
Responsable del área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Procesado por su papel en la confección de la aplicación "Conéctate al voluntariado" que, según la Guardia Civil, costó más de 160.000 euros para reclutar a personas que colaboraran con el referéndum.
6. David Franco. MALVERSACIÓN
Responsable del área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia al que los investigadores relacionan con la aplicación informática para movilizar a voluntarios del referéndum.
7. Francesc Sutrías. MALVERSACIÓN Y DESOBEDIENCIA
Director general de Patrimonio durante el 1-O. Procesado por su vinculación con los encargos que el Govern hizo a Unipost para organizar el reparto postal de las tarjetas censales y las cartas certificadas para los miembros de las mesas electorales del 1-O.
8. Aleix Villatoro. MALVERSACIÓN, DESOBEDIENCIA, REVELACIÓN DE SECRETOS Y PREVARICACIÓN
Secretario general del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exterior y Transparencia de la Generalidad durante el 1-O. Investigado por su relación con la puesta en marcha de la aplicación "Registro de Catalanes en el Exteriores", que presuntamente se creó como plataforma para facilitar el voto de los catalanes residentes en el extranjero.
9. Amadeu Altafaj. MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN
Director de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la UE durante el 1-O. Propuso contratar un servicio de asesoramiento internacional y planteó que se contratase a The Hague Center for Strategi Studies. Autorizó el pago de los primeros plazos para estos gastos, según la juez.
10. Albert Royo. MALVERSACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL
Secretario general del Patronato Cataluña Mon-consell de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). Autorizó supuestamente pagos de billetes de avión y alojamiento a nombre de observadores internacionales y los correspondientes a honorarios, desplazamientos, hospedaje y alquileres de despachos en Barcelona de "expertos" para analizar el contexto n el que se desarrolló el referéndum.
11. Natalia Garriga. MALVERSACIÓN
Directora de Servicios integrada en la Secretaría General dependiente de la Vicepresidencia de Economía durante el 1-O. Supuesto enlace entre Josep María Jové y Mercedes Martínez, a quien transmitió instrucciones de su superior para que cediera naves industriales en Bigues i Riells para almacenar documentación del 1-O.
12. Pablo Raventós. MALVERSACIÓN Y DESOBEDIENCIA
Exdirector general de la ya extinta empresa postal Unipost, empresa a la que según la juez la Generalidad pagó cerca de un millón de euros por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y 5,3 millones de tarjetas censales, aunque la acción de la justicia impidió su distribución.
13. Rosa Maria Rodríguez. MALVERSACIÓN
Directora general de Servicio de T-Systems durante el 1-O. Participó en la puesta en funcionamiento de las modificaciones que se pidieron por parte de la Generalidad en aplicación del Registro de Catalanes en el exterior, a sabiendas, según la juez, de que iba a ser utilizado para el 1-O.
14. Francesc Fàbregas. MALVERSACIÓN Y DESOBEDIENCIA
Administrador de El Vallenc. Encargó a Indugraf Offset SA la impresión de 7.000 ejemplares de un documento que contenía la lista de votantes e instrucciones dirigidas a los vocales o interventores de las mesas del 1-O. Recogió personalmente el encargo y lo llevó a Barcelona. Indugraf facturó a El Vallenc, que percibe subvenciones públicas, 1.340 euros por este concepto.
15. Josué Sallent. MALVERSACIÓN
Exdirector de Estrategia e Innovación en el CTTI. Procesado por su presunta relación con la logística informática del referéndum.
16. Xavier Puig. MALVERSACIÓN
Responsable del área TIC del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia el 1-O. Participó en la aplicación Registro de Catalanes en el Exterior y fue un "elemento esencial", según la juez, en los aspectos relacionados con la misma. Fue el principal interlocutor técnico designado por la consellería de exteriores con T-systems para la logística informática del 1-O.
17. Rosa Vidal. MALVERSACIÓN, DESOBEDIENCIA Y FALSEDAD DOCUMENTAL
Interventora general de la Generalidad que, ante los requerimientos del Ministerio de Hacienda, certificó que el Govern no había gastado ni un euro en el 1-O y está procesada por las sospechas de que trató de impedir que se conociera el coste de la consulta.
18. Meritxell Massó. DESOBEDIENCIA
Ex secretaria general del Departamento de Gobernación, que hasta tres meses antes del 1-O tuvo en sus manos las competencias electorales, está procesada por su papel para facilitar el censo del referéndum. Declaró como testigo en la causa que investigaba a la exconsellera Meritxell Borràs por convocar un concurso de licitación para la compra de urnas, que se acabó declarando desierto.
19. Núria Llorach. DESOBEDIENCIA
Vicepresidenta y administradora única de la CCMC. A pesar de haber sido advertida por el Tribunal Constitucional, autorizó la emisión en TV3, Catalunya Ràdio y medios digitales de propaganda sobre el referéndum, especialmente entre los días 16 y 29 de septiembre de 2017, que fueron facturados por valor de 93.179 y 184.624 euros.
20. Frederic Udina. DESOBEDIENCIA Y REVELACIÓN DE SECRETOS
Director de IDESCAT. Según la juez, cedió los ficheros con los datos del Registro de Población de Cataluña a un cargo de la consellería de Economía también procesado, Daniel Gimeno, con los que se elaboró el censo del 1-O.
21. Montserrat Vidal. DESOBEDIENCIA
Área de Procesos Electorales y consultas Populares. Investigada por no haber impedido la celebración del 1-O, pese a que figura entre los cargos de la Generalidad a quienes el Tribunal Constitucional apercibió de su obligación de evitar el referéndum suspendido.
22. Vicent Sanchis. DESOBEDIENCIA
Director de TV3. Pese a haber sido requerido por el TC, mostró su conformidad para que se emitieran en TV3 los anuncios del referéndum y, según la juez, en ningún momento, "pudiéndolo hacer", decidió suspender las emisiones.
23. Saül Gordillo. DESOBEDIENCIA
Director de Catalunya Ràdio. Al igual que Sanchis, también fue apercibido por el Constitucional y se mostró conforme con emitir los anuncios del referéndum y posteriormente no decidió suspenderlos.
24. Martí Patxot. DESOBEDIENCIA
Director corporativo, comercial y de marketing de CCMA. Supo por la prensa la suspensión del referéndum y que los directores de TV3, Catalunya Ràdio y la presidenta de la CCMM habían sido requeridos por el TC, pero pese a ello, según la juez, decidió emitir los anuncios sobre el referéndum.
25. Mercedes Martínez. DESOBEDIENCIA
Encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos. Según la juez, pese a que no se le notificó la providencia del TC, conocía que se había suspendido el referéndum y, pese a ello, siguió colaborando con su celebración.
26. Joan Manel Gómez. DESOBEDIENCIA
Jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña. Fue el encargado del diseño de la red de dominios, direcciones y correos que soportarían los "previsibles" cierres judiciales de las web del referéndum y otras creadas a propósito del 1-O. Estuvo trabajando en la activación y desarrollo de dominios para que el proyecto no se detuviese. El TC no le hizo ninguna notificación.
27. Josep Masolivé. DESOBEDIENCIA
Trabajador de Fundacio.cat. Según la juez, no sólo se encargó de la vertiente técnica del diseño de las webs, sino que fue conocedor de la compra de los dominios con los que se estaban vulnerando los mandatos judiciales. El TC no le hizo ninguna notificación.
28. José María Gispert. DESOBEDIENCIA
Gerente de Indugraf Offset SA. Según la juez, tenía conocimiento de que el documento cuya impresión le encargó El Vallenc estaba relacionado con el referéndum y, pese a ello, no hizo nada para evitar su utilización ni puso el hecho en conocimiento de las autoridades. El TC no le hizo ninguna notificación.
29. Marta Garsaball. FALSEDAD DOCUMENTAL
Autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalidad.
30. Daniel Gimeno. REVELACIÓN DE SECRETOS
Responsable del tratamiento del fichero de datos del Registro de participantes en consultas no referendarias. Transfirió los datos del registro de participación en consultas no refrendarias, por orden de Josep Maria Jové, a la secretaria general de Gobernación, Meritxell Massó.