El Gobierno prevé que la Seguridad Social ingrese 1.339 millones de euros más este año gracias al incremento del 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales. Según la actualización del Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas, este incremento está derivado del alza de las cuotas, así como de las bases mínimas de cotización, que aumentaron al mismo ritmo que el SMI hasta situarse en 1.050 euros mensuales.
Esta aportación extra, junto a las derivadas por cambios normativos aprobados por el Gobierno recientemente, generarán unos ingresos extra de 3.786 millones de euros este año. Entre estas modificaciones, destaca el incremento del 7 % de las bases máximas (850 millones), el alza al 1,5 % del tipo mínimo por contingencias profesionales (425 millones), las cotizaciones para cuidadoras no profesionales (296 millones) o las de policías para acceder a la jubilación anticipada (254 millones).
También tendrá un impacto en los ingresos del sistema la cobertura total obligatoria para los trabajadores autónomos por contingencias profesionales (205 millones) y el incremento de las cotizaciones tras la ampliación del subsidio para mayores de 52 años (193 millones).
Las proyecciones presupuestarias del Gobierno arrojan un déficit de la Seguridad Social del 1,2 % del PIB, dos décimas menos del registrado en 2018, cuando las cuentas de esta administración cerraron con un desfase de 17.088 millones de euros.
Esta tendencia se mantendrá durante los próximos años, en los que el Gobierno prevé que la Seguridad Social cierre 2020 con un déficit del 0,9 %, que se reducirá al 0,4 % en 2021, para quedarse en equilibrio presupuestario en 2022. En cualquier caso, la reducción del déficit que -según las previsiones del Gobierno- experimentará la Seguridad Social este año se producirá pese a que las pensiones se revalorizarán un 1,6 % con carácter general (un 3 % en el caso de las mínimas y no contributivas).
El documento explica además que si al final del año se produce una desviación al alza del IPC superior a la subida general, la Seguridad Social compensará la diferencia con una paga adicional (la llamada "paguilla") que se abonará en 2020. No obstante, según las previsiones del Gobierno, la inflación podría situarse este año en línea con el alza de las pensiones, ya que el deflactor del PIB será del 1,6 % en 2019 (1,2 % en el caso del deflactor del consumo privado).
Respecto al gasto, el documento también recoge otras medidas recientemente aprobadas -aunque no cuantifica su impacto- como el incremento del permiso de paternidad a 8 semanas en 2019, que se situará en 12 en 2020 y alcanzará las 16 en 2021, así como la nueva prestación por el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
El Gobierno calcula que una subida de los tipos de interés de 120 puntos básicos restaría un punto al crecimiento económico previsto para 2022, que se vería reducido al 0,8 % desde el 1,8 % del escenario base. En esta actualización del programa de estabilidad 2019 remitida a Bruselas esta semana, el Ejecutivo realiza simulaciones de cómo afectaría a sus previsiones de crecimiento económico -2,2 % en 2019, 1,9 % en 2020, 1,8 % en 2021 y 1,8 % en 2022- una eventual subida de los tipos de interés, del precio del petróleo o una desaceleración de los países a los que exporta España por encima de lo esperado.
Estos "análisis de sensibilidad" ante diferentes "shocks" o acontecimientos graves e inesperados se enmarcan en el Código de Conducta de la Comisión Europea, explica el Gobierno.
Para evaluar el riesgo de una subida de los tipos de interés -que considera "improbable" por la política expansiva del Banco Central Europeo-, el Gobierno estima un repunte de 120 puntos básicos en ocho trimestres, es decir, un aumento de 15 puntos básicos cada trimestre durante dos años y estabilización en ese punto.
Con estos tipos de interés, el crecimiento económico se vería mermado en seis décimas este año, cinco en 2020, nueve en 2021 y un punto en 2022, con lo que quedaría en el 1,6 %, 1,4 %, 0,9 % y 0,8 %, respectivamente.
Además, este impacto reduciría la recaudación y aumentaría el gasto en prestaciones sociales, al tiempo que el déficit público se situaría en el 0,8 % del PIB en 2022 -cuando se espera lograr el equilibrio presupuestario- y la deuda sería dos puntos superior a lo estimado para ese año -90,7 % en lugar del 88,7 % del PIB-.
El Gobierno también realiza una estimación de cómo impactaría a la economía un encarecimiento del precio del petróleo, en este caso de diez dólares el barril por encima de lo contemplado en las previsiones macroeconómicas, hasta los 78,9 dólares este año y los 75 dólares en 2022.
Bajo este supuesto, el crecimiento económico se vería mermado en una décima este año, tres décimas en 2020, cuatro décimas en 2021 y cuatro décimas en 2022, hasta el 2,1 %, 1,6 %, 1,4 % y 1,4 %, respectivamente.
Como consecuencia de ello, la corrección del déficit público se vería ralentizada, con un desfase de dos décimas en 2022 en lugar de equilibrio, y el volumen de endeudamiento público sobre el PIB sería siete décimas superior al escenario central.
Otro supuesto de estrés analizado en el plan de estabilidad es una posible desaceleración de los mercados a los que tradicionalmente exporta España, que en este escenario hipotético crecerían cuatro puntos menos de los previsto, un riesgo que "puede ser algo más probable que en años previos" ante las recientes medidas proteccionistas y una posible apreciación del tipo de cambio.
Esta hipótesis restaría cinco décimas al crecimiento económico de España este año, tres décimas en 2020, cuatro décimas en 2021 y otras cuatro décimas en 2022, lo que dejaría el avance del PIB en el 1,7 %, el 1,6 %, el 1,4 % y el 1,4 %, respectivamente.
Esta desaceleración afectaría a las variables fiscales y dejaría el déficit público en una décima de PIB en 2022, en lugar de en equilibrio presupuestario, y añadiría dos décimas de PIB al endeudamiento público en ese ejercicio.