Tregua en Turquía

El partido de los islamistas turcos, en el poder desde 2002, se ha salvado por los pelos de ser ilegalizado por el Tribunal Constitucional por haberse convertido en “un foco de actividades anti seculares”. Solo 6 de los 11 magistrados del alto tribunal, el bastión del estado secular fundado por Atatürk en 1923, votaron a favor de la demanda de ilegalización presentada por el fiscal del Tribunal Supremo, uno menos de los exigidos por la ley turca, que requiere una mayoría cualificada para disolver un partido político. Así, felizmente, la formación de Erdogan no se ha convertido en el partido número 25 en ser proscrito desde 1960. Los jueces, sin embargo, han impuesto a Justicia y Desarrollo (AKP) una severa sanción económica: privarle de la mitad de los fondos públicos que le corresponden, como al resto de los partidos, en función de sus resultados electorales (el AKP consiguió la reelección hace un año con el 47 por ciento del voto). En mi opinión ha sido una buena noticia para Turquía y para Europa.

Una prohibición del AKP habría sumido a Turquía en una crisis política y económica de enormes dimensiones, y habría herido, tal vez mortalmente, las aspiraciones de ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE). Un AKP bajo otro nombre habría ganado nuevas elecciones (tal vez con más votos, como en 2007, cuando convocó elecciones anticipadas después del veto del Tribunal Constitucional a la designación del ministro de Exteriores, el islamista Abdulá Gül, como presidente de la República), lo que hubiera generado nuevas confrontaciones con el aparato laico del Estado -una especie de élite encarnada fundamentalmente por jueces, altos funcionarios, profesores universitarios, sectores de la prensa y las Fuerzas Armadas.

Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la UE en 2005, después de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión aduanera en 1995. Su adhesión sería la culminación de su progresiva integración en Occidente a través de la afiliación a organizaciones como el Consejo de Europa (1949), la OTAN (1952), la OCDE (1961), la OSCE (1973) y el Grupo de los 20 (1999) -y, yo creo, la lógica conclusión del proyecto de modernización de Atatürk. Institucionalmente, al menos, Turquía es parte de Europa.

La ilegalización del AKP probablemente hubiera obligado a la Comisión Europea a suspender las negociaciones con Turquía. Esta suspensión requiere el voto de una mayoría cualificada de países miembros de la UE (lo cual hubiera sido posible), mientras que retomar las negociaciones exigiría un voto de unanimidad (imposible, teniendo en cuenta el rechazo que Turquía despierta en países como Francia, Austria y Alemania, en cierta medida). La ilegalización solo hubiera favorecido a los enemigos del AKP, tanto dentro como fuera de Turquía, y hubiera dejado a un país geoestratégicamente muy importante y el más democrático del mundo musulmán, sumido en un futuro incierto. El impacto del proceso de (lentas) negociaciones con la UE hasta ahora ha sido sumamente positivo.

Tal vez por esta razón los jueces no se lanzaron al precipicio. Uno de los 11 -el propio presidente del máximo tribunal- votó en contra, y los otros cuatro se negaron a aceptar que los cargos presentados contra el AKP fueran lo suficientemente consistentes como para prohibir el partido. El detonante del caso contra el AKP fue la decisión del gobierno (apoyado por el parlamento en febrero) de que las estudiantes pudieran llevar el velo islámico en los campus universitarios (anulada por el Tribunal Constitucional en junio). La prohibición del velo islámico en las universidades frena a muchas jóvenes musulmanas a acceder a esta educación -y esto en un país cuyas mujeres ganaron el derecho a votar en 1934 (tres años después que España y 11 ANTES que Francia). Para el AKP lucir el velo en la universidad (no en los colegios) es un asunto de libertad individual.

¿Qué pasa ahora? Es de suponer que la severa advertencia al AKP frene los intentos del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de abrir el modelo de secularismo en Turquía, que a mi modo de ver es demasiado rígido. En vez de reformar aquellas partes de la constitución que interesan más que nada a su electorado conservador y rural (por ejemplo, el velo), Erdogan tiene que tirar toda la constitución (redactada y ratificada en 1982, durante la Junta Militar de 1980-83) por la ventana y componer una nueva (con el apoyo de la élite secular si fuera posible) que acabe, entre muchas otras cosas, con los privilegios del Ejercito -que se considera a sí mismo guardián del legado de Atatürk. Habrá que dar más libertad a las minorías religiosas en Turquía (allí está la mal llamada Alianza de Civilizaciones de ZP y Erdogan). Lo esencial, como indicó el comisario de Ampliación de la UE, Olli Rehn, es que Turquía ajuste su normativa sobre partidos políticos a los estándares europeos.

La incertidumbre creada durante casi todo este año por el juicio contra el AKP ha tenido un alto coste en términos económicos y políticos: el brusco declive de la Bolsa de Estambul, la reducción de la entrada de inversión extranjera directa, y, sobre todo, la paralización del proceso de reformas necesarias para poder adherirse a la UE. Y la UE, al menos los países a favor de la entrada de Turquía, incluyendo a España, deberían conectarse más con la élite secular, la cual, hasta la llegada del AKP al poder, era mucho más pro-occidental y ahora ve a la UE como una conspiradora contra el secularismo del país. El dictamen del Tribunal Constitucional no ha terminado con el conflicto entre los islamistas y la élite secular; es solo una tregua.