El reciente y demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre la actual situación de quiebra técnica del Sistema de pensiones en nuestro país, con unas pérdidas acumuladas por la Seguridad social de 100.000 millones de euros desde 2010, y un patrimonio neto negativo que alzanza ya los 14.000 millones de euros, hace tan imprescindible como urgente que se aborde de una forma firme y decidida por parte de los dirigentes políticos este importante problema financiero y social, y que además los ciudadanos reciban información clara y objetiva sobre ello, y sobre la forma en que se aborda en cada momento esta situación por parte de los dirigentes.
En este contexto se hace fundamental una evaluación integral del nivel de equidad intergeneracional, esto es, las desigualdades contributivas al erario público de los ciudadanos de unas y otras generaciones para saber en qué medida las generaciones actuales disfrutan de una serie de prestaciones públicas que habrán de ser pagadas por las generaciones venideras.
Como es sabido, el sistema de pensiones vigente se basa en que los trabajadores cotizantes van realizando aportaciones al sistema, aportaciones que van cobrando los pensionistas que hay en cada momento. Se trata, por tanto, de buscar un equilibro entre lo que aportan los cotizantes y lo que cobran los pensionistas, es decir que las aportaciones sean suficientes para proporcionar en cada momento una pensión mínimamente digna a los jubilados. La forma de conseguir un verdadero equilibrio intergeneracional pasará por establecer unas bases para que ese equilibrio periódico entre aportaciones y pensiones se mantenga a largo plazo.
De cara a analizar y buscar soluciones para lograr ese equilibrio, un primer factor a considerar es el demográfico. Cabe señalar que hace cuatro décadas la proporción de cotizantes sobre jubilados era superior a 4, mientras que en la actualidad ha descendido a 2´2, y se estima que seguirá descendiendo hasta llegar a estar a mediados de siglo entre 1 y 1´5. Una de las razones de esta tendencia es que la esperanza de vida de los españoles es afortunadamente cada vez mayor, habiendo ya alcanzado los 85 años, lo cual conlleva el hecho de que las personas estén cada vez más años en situación de pensionistas o receptores de fondos, lo que genera la necesidad de unas crecientes prestaciones para conseguir el equilibrio del sistema.
Hay diversas medidas potenciales de cara a equilibrar en lo posible cotizaciones y pensiones, que son básicamente las siguientes: a) Prolongar la vida laboral de las personas, retrasando su jubilación, para que estén más tiempo aportando como cotizantes, y por ello menos tiempo como jubilados; b) Aumentar la cuantía de las aportaciones de los cotizantes; c) Reducir la cuantía de la pensiones recibidas, y d) Acudir a nuevos ingresos provenientes de los impuestos, lo que implicaría aumentar la carga fiscal para todos los ciudadanos, y no sólo concentrarla en los cotizantes a la Seguridad Social. Unas y otras soluciones son delicadas, y en muchos casos generan una importante contestación y/o resistencia social.
En todo caso, la actual normativa legal y las consiguientes decisiones de los responsables políticos vienen implicando compromisos de gastos e importantes endeudamientos futuros, ya que los actuales gastos de las prestaciones no pueden acometerse con los ingresos recabados actualmente por el sistema, lo que viene originando ese importante desequilibrio patrimonial consecuente con un déficit presupuestario estructural, que tendrá que ser asumido y pagado por las generaciones futuras (nuestros hijos, nietos, etc.). Es por ello importante que tanto los políticos como los ciudadanos lleguen a tener conciencia de la necesidad de esa equidad intergeneracional que pueda proteger en lo posible a las generaciones venideras.
Por otra parte, sería igualmente importante que hubiese transparencia e información a los ciudadanos respecto a las medidas que debaten y las decisiones que toman los gobernantes al respecto, así como que recibieran información sobre otras cuestiones relacionadas con el Sistema de pensiones, como por ejemplo, el coste real que las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas originan al Estado y a los ciudadanos, o sobre determinados regímenes especiales de pensiones (por ejemplo, los de los altos cargos, parlamentarios, etc.). Los ciudadanos tienen, en definitiva, derecho a saber.
La situación en todo caso es preocupante y la cruda realidad es que la equidad intergeneracional no se suele respetar por parte de los sucesivos Gobiernos, debido en buena parte al egoísmo derivado del cortoplacismo propio de los políticos.
Es por ello que sería necesario a tal efecto y de forma urgente un Pacto de Estado sobre las Pensiones. La necesidad de que se analice objetivamente y se planifique el horizonte de las pensiones en España durante estas próximas décadas, es algo que solo se puede hacer de una forma efectiva y perdurable desde el consenso general de los representantes políticos de los ciudadanos. En base a una evidencia lo más científica y menos ideológica posible, se habrían de realizar estudios económicos, financieros y actuariales rigurosos y consensuados (utilizando e integrando diversas fuentes) para poder definir de una forma equilibrada, previsible y consensuada las coordenadas básicas de las pensiones en nuestro país: futuras prestaciones y receptores de las mismas, condiciones de jubilación, régimen de cotizaciones, etc., y todo ello con un estricto respeto a la ya mencionada equidad intergeneracional.
En resumen, es necesario y urgente abordar una reforma de las pensiones, y es importante que la misma se haga de una forma rigurosa, consensuada y ajena a las ideologías o intereses corporativistas, y sobre todo acompañada de un debate abierto y participativo con las instituciones interesadas y con la sociedad en su conjunto.