30 de enero de 2008

ILEGALES, PERO CON DINERO

Después de un largo proceso de maduración, la Abogacía del Estado ha presentado la demanda de ilegalizacíon del Partido Comunista de las Tierras Vascas, con petición de suspensión cautelar de sus actividades, ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, la instancia encargada de resolver sobre la legalidad de los partidos políticos. La misma suerte correrá Acción Nacionalista Vasca, a mediados de semana, según las previsiones del Gobierno.

La decisión del Ejecutivo ha estado rodeada por la polémica, no tanto por la acción emprendida cuanto por el tiempo empleado en llevarla a cabo y por la proximidad a la fecha de las elecciones generales. Según sostiene el Gobierno, hasta ahora no había encontrado pruebas suficientes, pero numerosos testimonios acreditan que las Fuerzas de Seguridad contaban con un gran número de ellas desde antes de las elecciones municipals y autonómicas.

Esa sospecha debería ser despejada por el Gobierno, porque, como bien dice Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, en declaraciones a EL IMPARCIAL, si el Gobierno tenía pruebas que hubieran permitido la ilegalización "el retraso hubiera sido lamentable".

En efecto, lo hubiera sido, ya que por esa causa, los partidos citados han podido conseguir unas dotaciones económicas, disponibles por el entramado etarra, gracias a su presencia en las instituciones.

La propia actitud gubernamental ha despertado la suspicacia, ya que el Fiscal General del Estado dio a entender, en su momento, que no se ilegalizaban estos partidos (públicamente manifestados como herederos de Batasuna o, lo que es lo mismo, miembros del entramado de Eta, según doctrina del Supremo) por las "circunstancias políticas".

Es presumible que el Gobierno ha buscado a última hora paliar los efectos de su larga y frustrada negociación con Eta, desarrollada incluso en momentos en los que públicamente la negaba, tras los asesinatos de la T-4. Quizá consiga que muchos olviden ese episodio. No sucederá así, sin embargo, a muchos españoles avergonzados por la indignidad de haber soportado en las sedes de la democracia, parlamentarias o municipales, a los cómplices de los terroristas. Y la vergüenza de haberles mantenido con el dinero de todos los contribuyentes.


CARRERA MILITAR, CON EQUIDAD Y JUSTICIA

Como cabía esperar, a juzgar por el malestar creado entre los oficiales de las Fuerzas Armadas durante su tramitación parlamentaria, las deficiencias de la Ley de la Carrera Militar aprobada en octubre pasado han aflorado con las primeras semanas del nuevo año. Varios son los capítulos controvertidos de la nueva norma que se fija el objetivo de dibujar, con trazo fino, cómo ha de ser el militar español del siglo XXI. Desde la enseñanza militar hasta su horizonte de carrera, incluidos los criterios de ascenso y las escalas, propias de toda organización militar.

Los legisladores del Ministerio de Defensa se empeñaron en unificar en una sola la Escala Superior de Oficiales, es decir, aquellos que han estudiado cinco años en las Academias, y la Escala de Oficiales con tres años de formación. Vaya por delante que la filosofía de fondo es la correcta para un ejército moderno anclado en un Estado democrático, donde no caben distinciones entre los oficiales por su origen. Pero no así en la forma, cuando los propios afectados eran partidarios de que la Escala de Oficiales fuese declarada a extinguir, medida utilizada a menudo por la legislación castrense. Máxime porque la Escala de Oficiales y el Cuerpo de Especialistas llamados ahora a desaparecer fueron creados por Gobiernos socialistas hace apenas 15 años.

Calificar de clasistas a los oficiales superiores por criticar la unificación, es simplificar de forma torticera el malestar suscitado, si tenemos en cuenta que la acción del legislador debe guiarse por la equidad y la justicia. El verdadero espíritu democrático y reformador que tanto enfatizan los “preámbulos” de las leyes socialistas consiste, precisamente, en evitar los agravios entre los miembros de un mismo colectivo. Mucho más cuando de las Fuerzas Armadas se trata, institución donde la cohesión y el respeto disciplinado a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, son valores a preservar por los Gobiernos, sea cual sea su color político.


EL PRECIO DE ZAPATERO

El primer ministro británico, Gordon Brown, ha convocado en Londres una selecta Cumbre europea de urgencia sobre la preocupante situación económica mundial. Los llamados han sido Nicolás Sarkozy, presidente de Francia; Ángela Merkel, canciller alemana; Romano Prodi, dimisionario primer ministro italiano y Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea. Como puede apreciarse por la relación de asistentes, entre ellos no figura José Luis Rodríguez Zapateero, presidente del Gobierno de España. Es la primera vez que un país con mayor PIB que Canadá o Brasil, y con una renta superior a Italia no es convocado para un encuentro de estas características, mientras sí lo sea el país que preside un comatoso Prodi. ¿Cuál es la razón por la que éste, y no Zapatero, es llamado a la reunión entre las potencias europeas? Porque Italia tiene una diplomacia y un peso internacional que a España le falta.

Sin embargo, no hay que dramatizar, aunque sí alertar de la realidad del hecho. Zapatero no cuenta entre los grandes de la Unión.