El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas en octubre a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, así como a Ignacio González y varios exconsejeros madrileños. En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juez ha citado a decenas de personas como testigos e imputados por esta pieza de Púnica entre el 9 de septiembre y el 19 de octubre aceptando así las peticiones que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.
Concretamente ha emplazado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el día 18 del mismo mes para que comparezcan en la Audiencia Nacional en calidad de investigadas.
Cita a otros nuevos imputados en esta pieza como el también expresidente regional Ignacio González (citado el 17), los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela (el día 14) y Borja Sarasola (el día 1 junto con Cifuentes). En la pieza número 9 se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón y que tendrán que declarar el día 4) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.
El juez García Castellón atribuye a la expresidenta madrileña "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía. Según el auto de imputación de Aguirre, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.
"La investigación arroja indicios racionales de que (Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado. Campañas que, según puntualiza, "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".
También atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. El juez cree que Aguirre "se apoyó" en ellos para que "ejecutasen sus decisiones" y considera que "el impulso y la supervisión de todo el entramado" pivotaba en la presidenta de la Comunidad y a su vez de Fundescam, fundación "directamente vinculada" al PP de Madrid y que también sirvió como "trasvase de fondos".
El juez sitúa a Aguirre en la "más alta supervisión" de la contratación de varios servicios para la campaña de 2007 que superaban el coste previsto por la ley. Junto a González, Granados y Gutiérrez, "convinieron" la forma en que el PP "afrontaría el pago" de los mismos, de manera que fuese en realidad la Comunidad quien lo abonase "de manera encubierta". Los hechos en los que se centra esta pieza, indica el juez, comenzaron en 2003 con la llegada al Gobierno madrileño del PP, "cuyos dirigentes fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido".
La primera, indica, se ideó en 2004 junto con el empresario Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, a cuyas empresas se adjudicaron contratos de propaganda institucional de varias consejerías como "un ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido".
Según el auto, "el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros (...), consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos" de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a ellas. El juez menciona cómo algunos trabajos de reputación se contabilizaron como gasto electoral y, en concreto, estima que los realizados a Aguirre, González, los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola y al exdiputado autonómico José Manuel Berzal "llegaron a alcanzar un importe global de 140.000 euros".
Y recuerda que en una reunión de 2012 con representantes de ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad) y del Canal de Isabel II, el sucesor de Aguirre, Ignacio González, pidió "un millón de euros para sanear la caja B" del PP de Madrid, que "había quedado maltrecha tras la 'fastuosa' campaña" de 2011 y "para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales" de la del 2015.