Chávez se quita de en medio a la oposición manipulando la Justicia

El TSJ se ha limitado a confirmar la inhabilitación política aplicada por la Contraloría General (Fiscalía), declarándola “constitucional”. Los inhabilitados se presentaron al Supremo con la esperanza de que la imposibilidad de presentarse fuera retirada: sin embargo, Russián defendió la inhabilitación política de “personas que han incurrido en presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de cargos públicos” como sanción administrativa y medida necesaria para luchar contra la corrupción. El fallo judicial se refiere a una sola persona, pero podrá constituir la base para nuevas sentencias, sentando jurisprudencia en materia.

Las sanciones previstas por el artículo 105 de la Ley Orgánica de Controlaría permite a los “castigados” terminar su mandato, pero le prohíbe presentarse nuevamente. Sin embargo, según los afectados se trataría de la clásica maniobra chavista para imposibilitar a los candidatos que tienen la opción de derrotar a los abanderados del Gobierno. De esa manera varios opositores quedarán fuera de la competición electoral: las inhabilitaciones afectan a 271 personas, pertenecientes a fuerzas de oposición o personas partidarias de Chávez cuando fueron elegidos, cambiando en seguida de bando.

El caso más emblemático es de Leopoldo López, que aspira a la alcaldía metropolitana de Caracas. El actual alcalde del municipio caraqueño de Chacao ya ha declarado que dará su apoyo a quien sea finalmente el candidato opositor al cargo. Según López, Chávez es el autor de la maniobra, “un cobarde que se oculta detrás del Tribunal Supremo y del contralor”. López, que ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha subrayado su voluntad de “internacionalizar” el caso, para que el mundo sea informado de lo que está pasando en Venezuela. La alcaldía de Caracas representa un puesto clave en la geopolítica nacional, y equivale al cargo de gobernador de Caracas. Además de López, también Enrique Mendoza, permanecerá fuera de la carrera electoral: el ex líder opositor, que aspiraba a volver al capitalino Estado de Miranda, ha expresado su malestar y la falta de democracia del país.

Las inhabilitaciones resultan funcionales al proyecto de Chávez: de esa manera, antidemocrática, por cierto, Chávez consigue evitar “sorpresas” como el fiasco de la ansiada reforma de la Constitución. Por eso, para prevenir posibles sustos, el presidente de Venezuela ha decidido pasar por alto la vigente carta magna y utilizar la Justicia venezolana a su “gusto y medida”. No cabe duda de que los inhabilitados deberían tener derecho a mayores garantías democráticas: una atenta investigación sobre los presuntos actos de corrupción, un juicio y una sentencia.