No se trata de la opinión de un periodista alocado ni de una especulación tertuliana. La Guardia Civil y la Policía han relacionado al presidente marioneta de la Generalidad, al racista Joaquín Torra, con los siete detenidos del CDR, acusados, presuntamente, de terrorismo. Naturalmente, corresponde al juez decidir y sentenciar. Pero resultan abrumadoras las pruebas y los testimonios esgrimidos.
El presidente Torra se lanzó además como con misil en el Parlamento catalán a defender a los presuntos terroristas. Y movilizó en la misma dirección a los diputados secesionistas. Para los observadores imparciales, resultó muy sospechoso el entusiasmo desplegado y el tono amenazador de todos. Explicación no pedida, acusación manifiesta.
El expresidente prófugo Carlos Puigdemont utilizó a su hermana, según algunas fuentes, aunque ella lo niega, para el contacto con los presuntos terroristas detenidos, lo que relaciona al político con los actos terroristas que se pretendían cometer, conforme a lo expresado por las Fuerzas de Seguridad.
El asunto, en fin, es gravísimo y más en una nación que ha padecido durante 50 años el terrorismo de Eta. Parece imprescindible que ambos dirigentes, el prófugo y su marioneta, den explicaciones convincentes. Hasta después de las elecciones generales no se producirá, salvo que se llegue a límites insoslayables, reacción operativa del Gobierno. En todo caso, bueno es subrayar la situación y la gravedad de lo que se preparaba contra la sentencia del Tribunal Supremo en una nación como España que es un ejemplar Estado de Derecho. Gracias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional se ha desenmascarado la línea subterránea que se pretendía establecer en el proceso secesionista. Que se pretendía establecer y que, tal vez, se siga pretendiendo.