La Guardia Civil y los Mossos ya protagonizan el conflicto en Cataluña. El Mundo abre con este titular: “El ‘CNI catalán’ ayudo a los CDR a burlar a la Guardia Civil”, y dice que “el Instituto Armado descubrió la maniobra y restringió al máximo la información a los Mossos”. En la misma portada hablan los gestores del 155: “Será necesario otro y mucho más largo”.
Ya en páginas editoriales se refiere al 1-O y su “infausto aniversario”. Dice que “un nuevo clima insurreccional exigirá una firme intervención”.
Raúl del Pozo también detiene la mirada sobre este aniversario: “El procés es ya una bufonada y el Govern una pandilla de estultos y peleles. Fracasó la Diada, la vía unilateral, pero para conmemorar el primero de octubre planeaban asaltar el Parlament, decretar la desobediencia civil, la huelga de país”.
La Razón también trata el conflicto: “Dispositivo de 2.000 policías y guardias frente a los CDR”. Dice que “Interior moviliza a sus agentes ante el riesgo de ataques a edificios oficiales, cuarteles y carreteras principales”.
Por otro lado, “dimite el ‘jefe’ político de los Mossos que cargó contra los radiales”, puede leerse en portada, mientras que “El ‘CNI’ catalán iba a financiar el asalto al Parlament”.
El País también lleva este asunto como el principal en su portada: “Dimite el director de los Mosso que cargó contra los CDR”, titula. Mientras tanto, “La ANC se plantea colapsar la red vial de Cataluña” y “Tsunami Democràtic, una oscura plataforma sin líderes, agita la movilización”.
ABC: “Torra endurece el control político sobre los Mossos”. Afirma que “La cúpula policial avisa de que no consentirá que se les ordene desde la Generalitat no intervenir si los radicales tratan de colapsar Cataluña”
Pedro García Cuartango considera, en páginas interiores que “Si Torra no condena la violencia es porque sueña con encabezarla”
“Silencios cómplices en otro 1-O”, reza el editorial, que llama a la acción: “El Gobierno tiene soluciones a mano y ninguna es seguir ‘blanqueando’ a Torra. Si no se la palicación del 155, el Estado dispone de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Penal”.