Como viene siendo habitual, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar un Consejo de Ministros como altavoz electoralista. En esta ocasión, el Ejecutivo ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una resolución del Parlament en la que los secesionistas reprobaron al Rey Felipe VI y abogaron por abolir la monarquía.
El Gobierno considera que estas resoluciones, sobre las 'propuestas para una Cataluña real', vulneran "directa y frontalmente" varias sentencias del Constitucional por lo que solicita su "declaración de nulidad y su inmediata suspensión", según ha informado este viernes la ministra portavoz Isabel Celaá.
Lo llamativo es que la resolución impugnada fue votada el pasado 25 de julio. Es decir, el Gobierno socialista ha tenido dos meses largos para reclamar al alto tribunal, pero no lo ha hecho hasta ahora, una vez definida su renovada estrategia 'españolista' para las elecciones del 10N.
Sánchez, consciente de que necesitaba los votos de los secesionistas de ERC y JxCat para ser elegido presidente, ha esperado hasta el fracaso de su investidura para lanzar este misil jurídico en la línea de flotación soberanista. Una jugada que confirma su paso del "diálogo" (que defendía hasta hace pocos meses) a la ruptura, Ley de Seguridad o 155 mediante. Eso sí, siempre con los dos ojos puestos en las urnas.