La primera obligación de un Gobierno consiste en garantizar el cumplimiento de la ley y en asegurar el mantenimiento del orden público. Pedro Sánchez no puede mirar hacia otra parte ante el violento radicalismo que se ha adueñado de las cuatro capitales catalanas. Me parece acertado, por supuesto, que haya convocado a los líderes políticos y que escuche sus opiniones.
Está claro, en todo caso, que el presidente en funciones tiene la obligación de asumir el control del orden público en Cataluña, desplazando a cuantos guardias civiles y policías nacionales sean necesarios y poniendo a los mossos bajo su control. De forma inmediata. Sin más dilaciones. A nadie se le escapa que las manifestaciones están organizadas e impulsadas por el presidente marioneta de la Generalidad, el racista Joaquín Torra, aunque esconde la mano por temor a terminar donde debe terminar: en la cárcel.
Hay que prevenir antes de que se haga necesario curar. Estaba claro lo que pretendía el secesionismo manejado desde el propio Govern. Pedro Sánchez, en lugar de actitudes melifluas, debió enviar a Cataluña a las Fuerzas de Seguridad del Estado e impedir lo que ha ocurrido, evitando el espectáculo que se está dando al mundo con grave deterioro para la imagen de España.
Ahora es tarde. Pero más vale tarde que nunca y no debe pasar de hoy que se arbitren las medidas necesarias para dominar la revuelta con todas las armas del Estado de Derecho.