La vieja consigna de Torcuato Fernández-Miranda que exigía transitar de la ley a la ley, trata de suspender o, al menos, esconder la gravedad que sobre la legalidad ejerce una realidad que la trasciende. Para que una sociedad pueda pasar de la ley a la ley hay que suponer un fundamento político real, dotado del poder capaz de salvaguardar el tránsito de uno a otro régimen. La sustancia política se conserva en la transformación y la sostiene, hay quien por esto considera el cambio simplemente accidental y aboga por una transformación substancial que desconecte la ley de la ley: la ley a quo de la ley ad quem.
En la España del presente ese supuesto poder sustantivo no puede darse por sentado y el paso de la ley a la ley está amenazado por la mediación de una violencia eficaz – racional y organizada – que es un peligroso medio de transformación sustantiva. Pero el Tribunal Supremo no ha visto una violencia rebelde en el último ensayo de transformación. El Estado posee, sin duda, las herramientas jurídicas y ejecutivas para defender la legalidad vigente, siempre que la circunstancia histórica no dé lugar a apoyos externos que favorezcan la secesión. Pero la potencia del Estado sólo alcanza una eficacia defensiva o conservadora, que no ha dejado de verse mermada por la labor de zapa de los mesogobiernos más o menos independentistas o federalizantes. La transformación que hoy se busca tiene la naturaleza de un cambio sustancial, como expresa la constante reclamación de una verdadera ruptura, que no se habría producido en nuestra aplaudida transición de la ley a la ley. Esta transformación es la que el Estado hoy no parece que pueda sostener.
Que la situación envuelve un riesgo evidente ha podido disimularse largo tiempo, pero hoy sólo es invisible para quien no quiere ver. Las apelaciones a la constitución – como a la ley en general – resultan vacías si no van acompañadas de fuerza de obligar y esas apelaciones, sonoras por huecas, son un factor no despreciable en la descomposición del orden vigente. Se dice que no hay peor ley que la que no puede hacerse cumplir.
Esto suponiendo que la morfología política que la Constitución diseñara no haya sido, por sí misma, un potente agente de disociación. No es difícil recordar casos en que los mesogobiernos autonómicos han podido resistir a una u otra ley, emanada del Estado, en nombre de su autonomía, y lo han hecho respetando el orden constitucional. De ahí que no hayan faltado juristas que han pedido la suspensión y reforma de una constitución (jurídica) que podría amenazar la constitución (histórica) de España. Frente a ellos se han situado siempre los fundamentalistas de la ley que, pese a practicar una hermenéutica favorable siempre a intereses parciales, se limitan a exigir el acatamiento de las sentencias y a elevar la constitución a un plano oracular, sacramental y sublime… hasta su final profanación.
Aunque la reciente sentencia del Tribunal Supremo permite a los sediciosos la apelación al Constitucional o al Tribunal de Derechos Humanos, para los adoradores del derecho la sentencia del Tribunal Supremo – en pretendido ejercicio de su poder separado – puede verse como solución y conclusión del cacareado proceso. Pero la doctrina de la separación de poderes sólo pretende trabar el ejercicio del poder con contrapesos y balanzas que, sin embargo, no evitan finalmente la decisión unitaria. La posición de la Abogacía del Estado indica con claridad la unidad no divisible del ejercicio de un poder político capaz de orientar a los tribunales inferiores o superiores. Deja ver la unidad, pero también la debilidad de ese poder político.
La cuestión de la realidad sustantiva, capaz de garantizar la continuidad en la transformación, tiene una enorme importancia. Cuando se multiplican las críticas al continuismo, escondido en la fórmula de Fernández-Miranda, y arrecian los gritos contra un presente que muchos perciben como eco apenas deformado del franquismo, es preciso recordar que fueron numerosos los que, por el contrario, avisaron de la profunda desconexión ejecutada ya desde los últimos años cincuenta del pasado siglo. Desconexión del presente con el pasado de España que tuvo la forma de una crítica extrema a la tradición española – religiosa, política, filosófica… – buscando la estricta negación de dicha tradición, juzgada exánime y gris, en nombre de la masiva importación de contenidos culturales de la Nueva Europa. El hiato así construido ha contado con décadas de difusión y novísima educación.
La sustancia política que subyace al proceso de transformación se plasma en esa tradición histórica, que no es – desde luego - unívoca. Sea como fuere la tradición es el nervio político del Estado. Frente a una idea menor de la política que la reduce a administración, el Estado sólo se mantiene sobre la matriz viva de una comunidad históricamente recurrente, capaz de reconocerse en su historia y de programar objetivos venideros proporcionados al curso de su pasado. La dimensión del futuro siempre es proporcionada a la presencia del pasado. Sin éste, el futuro es enteramente ciego, así como, sin objetivos propuestos, el pasado es simple masa inercial. España se habría separado de sus fuentes históricas por efecto del hiato promovido desde los años sesenta en adelante. Julián Marías indica la muerte de Ortega como fecha de gestación de esa Nueva España, destinada a pasar de la ley a la ley a finales de los setenta. Acaso España era ya entonces una estructura vacía, un Estado exangüe que ha tratado de vivir de transfusiones europeas. Hoy – consumida la sustancia histórica – la transición sólo puede llevarnos de la ley a la nada.