Creo que todavía no estamos en la fase de resolver el actual momento político y proponer salidas que apunten a la formación de un Gobierno estable y con suficiente apoyo parlamentario, que es el objetivo de las elecciones recientemente celebradas. Aún es el tiempo del análisis, de la evaluación de las dimensiones verdaderas de la crisis en que nos hallamos. En este sentido hay dos cuestiones a ponderar: la primera es dar razón de la disolución parlamentaria, antes que la admisión de un gobierno de coalición, tras las elecciones de abril, que Sánchez decidió, según el artículo 99 de la Constitución, por creer que podía aumentar la ventaja del PSOE y cabía esperar el hundimiento de Podemos. Se trata de una opción que toma el presidente en un partido ya configurado a su medida y sin ninguna voz que le haga presentes los riesgos que tal medida puede comportar, en especial la coincidencia del tiempo electoral con una sentencia que era previsible podía generar una grave crisis de orden público en Cataluña. Sánchez ha ignorado que en la crisis territorial, aunque la razón pueda estar de su parte, como yo lo creo, la derecha se mueve con mayor facilidad. Desde este punto de vista Sánchez todavía puede respirar con alivio. Lo ha visto mejor que nadie Bernardo Atxaga el flamante Premio Nacional de Literatura: el PSOE, que se estaba pasando de listo, dice, ha recibido una lección sin causarle estragos. “Pedro Sánchez había caído tantas veces de pie que se había creído que era mejor tirarse por el balcón que bajar por las escaleras". Lección a sacar entonces: operar con cuidado, desconfiar del “olfato”, atender voces fuera del propio círculo, descontar que los aciertos anteriores no son garantía de la evaluación correcta de la situación presente, etc. Cautelas que son muy difíciles de imponer a alguien al que las condiciones de su liderazgo, derivadas sobre todo de su selección a través del sistema de primarias, y que además es presidente del Gobierno, le han hecho dueño absoluto del partido.
La segunda consideración a realizar en relación con el momento presente ha de referirse a la disminución de las fuerzas constitucionalistas en el nuevo Parlamento, singularmente en el Congreso. En efecto, una pésima noticia derivada de las elecciones del 10 de Noviembre, es la merma de los apoyos constitucionalistas, esto es, de quienes piensan que el orden constitucional del 78 se aviene a las necesidades políticas de los españoles. Decía don Manuel García Pelayo que los sistemas políticos no se sostienen sin que sus razones de autoridad sean compartidas; y que el Poder solo se conserva con la sabiduría, esto es, la capacidad para encontrar su justificación ante la comunidad.
Naturalmente no se trata simplemente de constatar esta rebaja en la legitimación del sistema político constitucional, sino de reclamar un esfuerzo conjunto de las fuerzas constitucionalistas por la recuperación de la misma. En este sentido es capital pensar en las posibilidades del sistema constitucional y no sólo en sus limites, que por otra parte deben ser evaluados correctamente. Existe un déficit en el plano institucional que necesita ser resuelto con toda prontitud: la dirección del Estado debe poderse desempeñar en plenitud de funciones por un Gobierno a nombrar de inmediato; y otro tanto debe decirse de aquellos organismos y posiciones de autoridad que actúan interinamente o deben ser renovados, asi el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, etc. Se necesita adoptar decisiones con el rango normativo correspondiente referentes al desempeño por parte del Estado social de determinadas políticas sociales y económicas que no pueden esperar más. Asimismo, es preciso superar el embrollo institucional actual para que el Gobierno de la Nación refuerce su presencia en el escenario europeo, donde se adoptan decisiones capitales para nuestros intereses colectivos. Se trata por tanto de potenciar la eficiencia de nuestro orden institucional, de acuerdo con las previsiones constitucionales, establecidas en términos adecuados y que posibilitan el funcionamiento correcto de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, y que han hecho de España un sistema donde, según los observadores más solventes, se respetan las libertades y en el que se ha producido un progreso sustancial en las condiciones de vida de los ciudadanos.
Naturalmente el sistema constitucional tiene sus límites, cuya inobservancia conlleva las sanciones correspondientes, hablemos de su propia invalidez, si se trata de incumplimientos normativos, o de su persecución penal, si nos referimos a vulneraciones llevadas a efecto mediante la comisión de actuaciones sancionadas en el ordenamiento como delitos. Va de suyo que la evaluación de estas infracciones, que se ven privadas de todo sustento dada la inexistencia de objetivos indefendibles ideológicamente en el sistema constitucional, que prevé su reforma sin límites materiales, corre a cargo del Tribunal Constitucional o de los tribunales penales ordinarios, que se comportan de acuerdo con patrones garantistas propios del Estado de Derecho.
Nuestro sistema constitucional desafortunadamente es objeto de un cuestionamiento frontal cuando los partidos independentistas plantean sus reivindicaciones mediante procedimientos anticonstitucionales, o bien se impugna temerariamente el sistema territorial, ignorando el alcance antidemocrático de la denuncia del orden autonómico; o, indirectamente, cuando se pretende acceder a expedientes soberanistas sin reformar la Constitución previamente o se denuncia temeraria y simplistamente, desde posiciones confederalistas, el papel del Tribunal Constitucional. La tentación anticonstitucionalista está ahí, y no podemos, por tanto, cerrar los ojos a la misma. El peligro puede ser conjurado por ahora incrementando consecuentemente la lealtad constitucional de los otros actores concernidos.