El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió este viernes que la segunda parte del partido de Segunda división Rayo Vallecano-Albacete, suspendida por los insultos que un sector del público dirigió al jugador ucraniano del equipo manchego Roman Zozulya el pasado día 15, se juegue a puerta cerrada.
Para determinar la fecha Competición solicitará informe previo a LaLiga para que manifieste lo que considere oportuno en el plazo de tres días y otorgó también el mismo plazo a los dos clubes para que propongan un día para la celebración del encuentro, según informó la RFEF. El Comité también acordó imponer una sanción de 18.000 euros al Rayo Vallecano y la clausura parcial de su estadio durante dos partidos, que afectará al sector y grada donde se produjeron los hechos, por infracciones graves previstas en el Código Disciplinario de la RFEF (artículos 69.1 b y c y 73.2.3º).
Para Competición, "el club local, a pesar de haber desplegado algunas medidas de carácter preventivo y de haber reaccionado a lo sucedido con algunos mensajes de reprobación, no fue capaz de colaborar de modo eficaz en la represión de las conductas violentas y/o incitadoras a la violencia que están en el origen de este expediente, de tal modo que el partido pudiese ser disputado en condiciones de seguridad", añade. Asimismo, indica que no consta que el Rayo Vallecano "haya adoptado medida alguna dirigida a la identificación de los aficionados que entonaron los referidos cánticos ni a la adopción de medidas contra los mismos", por lo que considera "proporcionadas y ajustadas a Derecho" la imposición de las sanciones dictadas.
El comité entiende que "no hay dudas de que nos encontramos ante una infracción de carácter grave, que remite a lo previsto en el artículo 73 del Código Disciplinario", dado que el partido tuvo que ser primero interrumpido y luego suspendido, ante "el clima de inseguridad creado", según consta en el informe de la coordinadora de seguridad, y considerar "impracticables otras medidas como el desalojo parcial del estadio o incluso total". En todo caso, las sanciones de Competición pueden ser recurridas ante el Comité de Apelación en el plazo máximo de diez días hábiles.
El encuentro Rayo Vallecano-Albacete, correspondiente a la vigésima jornada de Liga en Segunda división, es el primero de la Liga española suspendido por incidentes de público, tras los insultos que los aficionados locales dirigieron al jugador ucraniano del Albacete Roman Zozulya y la exhibición de una pancarta (10-15 metros de largo) con el lema "Evitar que un nazi vista la franja". El acta del arbitro del colegio cántabro José Antonio López Toca refleja que apreció la pancarta en el minuto 38:53, situada en el fondo de acceso a vestuarios, donde se encontraban los aficionados del club local, desde la que se profirieron los cánticos: "El que no baile es un fascista", "el que no baile es Roman Zozulya".
En ese momento decidió detener el encuentro y ordenar al delegado de campo, Miguel A. Ortiz Rodrigo, la retirada de la pancarta, así como transmitir por megafonía un mensaje para que cesaran los cánticos y comportamientos descritos. El juego estuvo detenido 50 segundos aproximadamente y tras la emisión del mensaje se ocultó la pancarta, pero después, en el minuto 42:24, el colegiado volvió a detener el partido ya que desde el mismo fondo se entonó el cántico "Roman Zozulya, un puto nazi".
López Toca comunicó al delegado de campo que si dichos cánticos no cesaban se vería obligado a suspender el partido y que transmitiera este mensaje por megafonía, situación que hizo que el juego estuviera detenido durante un minuto 15 segundos aproximadamente. Al finalizar la primera mitad el acta arbitral indica que se reunió en los vestuarios con representantes de ambos clubes y con la coordinadora de seguridad del estadio, quien comunicó que "las fuerzas de seguridad no podían garantizar la seguridad de los participantes en el encuentro en la actual situación".
El árbitro consultó la posibilidad de desalojar la zona en la que se habían producido los incidentes, pero se descartó por falta de efectivos suficientes; el equipo visitante comunicó que el estado de ánimo del afectado y el resto de jugadores no era el adecuado para continuar el juego y el organizador su disposición para buscar cualquier alternativa que hiciera posible la continuación del encuentro. Tras estos hechos, el Comité de Competición decidió el pasado día 18 trasladar al Rayo Vallecano el acta del delegado informador en el que se denunciaron otros cánticos al margen de los reflejados en el acta arbitral y solicitar el informe de la coordinadora de seguridad para adoptar su resolución hecha pública este viernes.
Tras el anuncio de la multa al Rayo, su presidente ha clamado por lo que entiende como una injusticia. Raúl Martín Presa ha declarado lo siguiente: "Quiero mostrar mi rotundo desacuerdo con la resolución porque la consideramos completamente injusta. Esta sanción al Rayo transciende la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico español porque el club es una víctima, no un culpable". "La exigencia de culpabilidad de una persona jurídica es indispensable para una sanción. Cada uno responde de sus propios actos, sin que se establezca responsabilidad alguna por actos ajenos. Por eso me parece una atrocidad sancionar al Rayo con 18.000 euros por hechos en los que el club no tuvo responsabilidad alguna, sino que no pudo evitar poniendo los medios a su alcance", remarcó.
"Se culpabiliza al Rayo por actos que han hecho otras personas ajenas al club. El receptor de esas pancartas no era Zozulya, el receptor era yo. Las pancartas se introducen sin nada de aire, prensadas y son muy difícilmente detectables, aparte de que no fueron autorizadas. No es justo que el partido se reanude a puerta cerrada y se cierre una parte del fondo del estadio otros dos encuentros porque muchos aficionados no secundaron los cánticos y ahora reciben un castigo. No es justo. Se hace muy difícil favor a erradicar el mal, a erradicar el problema, con esta sanción, porque si al final hay daños colaterales de inocentes (club) y de gran parte de la afición no es justo", argumentó.
Por último, Martín Presa defendió que "para identificar a esos violentos que no cumplen normas necesitamos la identificación con nombres y apellidos. Nosotros no tenemos capacidad y debería ser la UCO (Unidad Central Operativa) la que intente asociar una cara a un DNI". Y apuntó que "estamos abiertos a cualquier colaboración en ese sentido porque llevamos muchas propuestas de sanción por estos temas. El Rayo Vallecano está poniendo desde hace mucho tiempo medios para que esto no ocurra porque lo que pasó el otro día no es fútbol, es política, lucha ideológica y no podemos apoyarlo".