El Gobierno se empeña en subir impuestos. Precisa dinero para llevar a cabo sus medidas. Todos los economistas coinciden en la ecuación: un país hace caja creando empleo, no por medio de impuestos. A otro respecto, el dinero en márgenes y cunetas es incontable. El dato se conocía a primeros de enero: más de la mitad de los contratos públicos en España (el 52.9%) no justifican el presupuesto de licitación, el precio de salida que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar. Se habla de “desviaciones proporcionadas” (mordidas) entre ese presupuesto inicial y el importe finalmente adjudicado. Bruselas nos obligó a ello y la reciente creada Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) habla claro. Se denuncian irregularidades en el 47 % de la contratación menor, otorgada directamente y sin competencia. Ciento veinte mil contratos al año se firman sin contar los menores. La falta de preparación en el diseño del contrato es total y ninguno viene con serios cálculos de costes. Si se da el caso que existen varios postores que compiten por el contrato –alerta la Universidad de Zaragoza- el precio terminará ajustándose pero si no hay tensión competitiva la Administración acaba pagando de más. Vuelve el negociete habitual entre amigotes desgranado en casi cuatrocientas páginas.
El 58.8 % de las licitaciones no justifica el procedimiento de adjudicación utilizado. Procedimientos negociados sin publicidad, por cuantía o por motivos técnicos o de exclusividad del proveedor. La Administración, en otras ocasiones, recurre a la tramitación urgente o de emergencia, sin que se acredite que se dan los requisitos necesarios para hacerlo. Respecto a los contratos menores –menos de quince mil euros al año- se adjudica directamente entre tres presupuestos que el organismo público recaba. Carece, por tanto, de un procedimiento de licitación al uso. Cuando sea un gasto previo, debería emplearse el procedimiento abreviado que sí implica una licitación abierta a todo el mundo y con publicidad. Se fraccionan contratos –otra irregularidad- para los mismos servicios. La duración es siempre más de la esperada. La facturación excede los importes adjudicados. Se incumple la obligación recogida en la ley de solicitar tres ofertas para el contrato menor. Hablamos de corrupción: si todos esos contratos fuesen digitalizados sería fácil encontrar la trampa. Por supuesto se evita: el cien por cien de las licitaciones se hacen de forma electrónica pero solo el 7 % lo está. No hay base de datos que permita extraer conclusiones sobre contratación pública. Hablamos –según Hacienda- del 13 % del PIB. Resulta imposible averiguar al ahorro respecto a presupuestos de licitación y adjudicación. No sabemos –dicho de otro modo- la competencia mantenida cara a un contrato y resulta imposible abaratar el coste al erario público.
Llevamos 21 días de Gobierno y el déficit ya está comprometido: la subida de pensiones y de sueltos públicos roza las cuatro décimas, cuando la desviación pactada en Bruselas es de un 0.5 %. Nos ponemos estupendos y no sabemos si podemos subir a los funcionaros un 2 %. Hacienda lo cuenta a doble espacio: 3.212 millones para los sueldos públicos, más 1.406 millones adicionales por culpa de las pensiones, el gasto prometido es ya de 4.612 millones, cuatro décimas del PIB, cuando el objetivo pactado para el conjunto es de 0.5 %. Empleo y ahorro no hay más, en lugar de eso populismo, medidas que hacen sonreír al pueblo pero que nos desangran a la mayoría. Gastar poco para reducir déficit en lugar de volver a negociar con Bruselas y querer elevar ingresos a través de mayores impuestos. ¿Saldremos del hoyo con la medida estrella de este país: pisos, construcción, burbuja inmobiliaria? Parece que no. La mayor caída en la firma de hipotecas desde el 2013. El ciudadano hace todo lo contrario que el Gobierno: cada vez cree menos en propiedades y ahorra todo lo posible. El peor año para el mercado de la vivienda en España. Entre octubre y diciembre los peores meses. El consumidor no tiene confianza en el mercado inmobiliario, y los cambios regulatorios o fiscales tampoco ayudan. La Encuesta de Préstamos Bancarios fue publicada el día 21 de enero por el Banco de España: la Ley Hipotecaria –de reciente creación- no funciona. Desaceleración, desaceleración y desaceleración. El consumidor se retrae ante la posibilidad de contraer nuevas deudas. Las entidades, por mucho que endurecen condiciones en los préstamos, no tienen nada que hacer, así sufren una mayor percepción de riesgos y una menor tolerancia a los mismos. Menor demanda de hipotecas, más difíciles de conseguir y las entidades ofrecen peores condiciones en su contratación. Las tres chapuzas aquí comentadas (administración, hipotecas, nuevas subidas salariales) hunden las ruedas del carro en el barro sin escapatoria. Abrimos los ojos y sólo vemos oscuridad.