El Tribunal de Cuentas ha cifrado este martes en 4,1 millones de euros la cantidad que el Govern desvió para pagar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El órgano fiscalizador ha comunicado a los representantes legales de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de exconsejeros y ex altos cargos de la Generalidad la cuantía que cada uno de ellos deberá afrontar como responsables del uso ilícito de fondos públicos.
Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución fueron quienes presentaron la demanda, a la que se sumó la Fiscalía.
Se prevé que al finalizar la vista este mediodía, el tribunal requiera a los citados para que paguen o avalen esos 4,1 millones de euros. En caso de no hacerlo, se procedería al embargo solidario de sus bienes.