EDITORIAL
EL IMPARCIAL | Lunes 10 de febrero de 2020
El Gobierno se reúne, negocia y estrecha alianzas electorales con ERC, el partido republicano que intentó dar un golpe de Estado el 1-O. Su líder, Oriol Junqueras, está encarcelado por sedición, un gravísimo delito que busca reventar la Constitución para crear una República independiente. En su afán por amarrar los 13 escaños de los republicanos catalanes, Pedro Sánchez ha puesto en marcha la reforma del Código Penal con el único fin de excarcelar a Oriol Junqueras y los demás condenados por el Tribunal Supremo, requisito imprescindible para que los separatistas apoyen los Presupuestos Generales del Estado. De ahí, la decisión del Gobierno de rebajar la pena de los condenados por sedición.
Pero como ha anunciado la portavoz socialista, Adriana Lastra, el Ejecutivo también planea que la apología del franquismo se considere delito. Si prospera la reforma del Código Penal, en España se podrá detener y encarcelar a quien ondee una bandera preconstitucional, pero el Palacio de la Generalidad podrá exhibir en su fachada la estelada, que hasta ahora estaba prohibida por simbolizar la independencia de Cataluña y que cuelga de miles de balcones catalanes con total impunidad desde hace años.
Pedro Sánchez está dispuesto a proseguir con su ridícula cruzada contra cualquier añoranza del régimen anterior, tan sepultado como olvidado, pero intenta blanquear a los artífices del intento de golpe de Estado que prepararon y siguen planeando los separatistas catalanes. Los partidarios del franquismo no suponen riesgo alguno para la estabilidad de nuestra democracia. Son pocos y no pretenden subvertir el orden constitucional. Los secesionistas, sin embargo, están decididos a proseguir con su desafío al Estado. Pero Pedro Sánchez quiere salpicar, además de a Vox, al PP y a Ciudadanos, como si fueran partidos que defienden la dictadura. Y mientras negocia con quienes de verdad ponen en riesgo nuestra democracia y planean descuartizar España.
Sería además inconstitucional la reforma que intenta Pedro Sánchez. Pues según el artículo 19 de la Carta Magna, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. Porque Junqueras y compañía no están encarcelados por ser separatistas ni por declarar su deseo de independizarse de España. Lo están por cometer delitos de sedición y malversación de fondos. Sería inconstitucional, pues, condenar a un nostálgico del franquismo solo por expresar su opinión.
Ya se sabe que los socialistas actuales están encantados de gobernar con el apoyo de ERC. Pero para Pedro Sánchez, el peligro de nuestra democracia reside en unos pocos nostálgicos del franquismo que de cuando en cuando se reúnen para cantar el “Cara el sol”. No en los comunistas y separatistas que quieren abolir la Monarquía parlamentaria. Será porque gobierna gracias a ellos.