Sábado 16 de agosto de 2008
Zigor Goikoetxea, el radical que el pasado domingo amenazó de muerte a una concejal del PP de Getxo, ha sido citado a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en calidad de imputado. La víctima de las amenazas, Marisa Arrue, se ha mostrado satisfecha y sorprendida por la velocidad con la que ha actuado la Justicia, y confía en que su responsable descanse dentro de poco entre rejas.
Zigor Goikoetxea es un viejo conocido de la Justicia y, al parecer, procede de un linaje muy ligado a la causa de ETA: su hermano Arkaitz fue detenido como presunto líder del ‘comando Vizcaya’. Y el propio Zigor se encontraba en libertad bajo fianza por terrorismo callejero cuando le espetó a la portavoz del PP: “en cinco años te vamos a matar”. Además, según señaló Marisa Arrue no era la primera vez que este individuo se dirigía a ella en términos parecidos.
Es una buena noticia que el juez haya actuado con tanta rapidez, y ahora el objetivo debe ser que este terrorista cumpla su pena en la cárcel. Sin embargo, no debería ser sorprendente esta presteza, pues las instituciones deben ser implacables con ETA y su entorno: es lo que reclama hace muchísimo tiempo una mayoría abrumadora de la opinión pública. Y, si para ello, deben cambiarse leyes o introducir disposiciones más estrictas y eficaces, que se haga. Ahora que parece que todos los grupos se han puesto de acuerdo en la estrategia contra ETA, ahora que se han descartado las negociaciones y las concesiones, ahora que todos apostamos por la vía policial y jurídica para poner fin al terrorismo, el peso del estado de derecho debe recaer con toda su fuerza sobre la banda. Se trata de asfixiarla, de asediarla y de ser inflexibles. Debemos enviarles, por vía de los hechos, un mensaje claro y rotundo: pertenecer o colaborar con ETA se paga caro. Como dijo el Ministro del Interior, “es la manera más corta que tiene uno en España de ingresar en prisión”. Es preciso retomar el camino del “pacto por las libertades y contra el terrorismo” –torpemente abandonado por unos años- y que los etarras entiendan que, gobierne quien gobierne, su suerte está echada: no habrá diferencias ni negociaciones políticas.
La rapidez judicial no debe ser motivo de sorpresa, sino signo de normalidad democrática. Solo actuando unidos y con firmeza podremos derrotar a ETA, poner fin a amenazas como esta y evitar que los terroristas las cumplan.
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