Más de 31 millones de euros costaron al Ministerio de Sanidad, es decir, a los contribuyentes españoles, los 8’8 millones de mascarillas compradas al intermediario Hangzhou Ruining. El precio medio por unidad se eleva a 3,55 euros, con un sobrecoste del 42 por ciento sobre las mascarillas adquiridas por las Comunidades Autónomas. Para colmar semejante despropósito, cerca de 700.000 unidades resultaron inservibles e, incluso, pusieron en riesgo a nuestros sanitarios. Cuando el Ministerio de Sanidad contrató, ni siquiera la empresa Garry Galaxy disponía de la licencia china.
Todo ello alentó que, en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado miércoles, soplaran los vientos comisionistas. Hay tantos precedentes que afectaron durante años a políticos españoles que no se trata de una insidia ni de una especulación. La situación exige una información transparente de por qué y en qué forma se compraron esas mascarillas. La sombra de las comisiones se ha alargado sobre el Ministerio de Sanidad y el ministro está en la obligación de clarificar una operación especialmente torpe. Tan torpe que no se entiende si no median intereses espurios. En todo caso, lo que queda claro es que el Gobierno Sánchez ha actuado tarde y de forma tórpida. España, es decir, los contribuyentes españoles, ha pagado sobreprecio por unas mascarillas en parte considerable defectuosas.
Y finalmente una alusión a lo que Pedro Sánchez no se atrevió a contestar: España encabeza el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Se trata de un dato abrumador.