Mientras que los partidos socialistas europeos están intentando adaptarse a las necesidades políticas, sociales y económicas, con mayor o menor interés, en España los dos partidos gobernantes creen que el progreso consiste en volver a recuperar los dogmas y creencias del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Las ideas políticas, culturales y jurídicas socialdemócratas que conformaban en gran parte las bases del Estado social, han sido repudiadas por el PSOE para acogerse a los principios programáticos del comunismo nihilista, adaptación postmoderna del sovietleninismo, que se retrotrae hasta la dictadura del proletariado, o incluso al comunismo primitivo desechado por K. Marx. Con ello pretende sustituir el Estado Social de Derecho por un Estado de género, un constructo imaginado, histérico-caótico producto del nihilismo jurídico de dudosa constitucionalidad, que habrá de apoyarse en la represión y no en la ley. El objetivo es que la sociedad no esté protegida por la seguridad jurídica –la sociedad cerrada para sus enemigos-. Se tiene la intención de superar el desfasado formalismo constitucional del Estado de Derecho, para disminuir la incertidumbre jurídica, política y social de la ciudadanía, al basarse en otra normatividad alternativa.
El activismo político correrá a cargo de los nuevos revolucionarios profesionales, que actuarán como funcionarios políticos y demagogos, desprovistos de cualquier ética, sea la de la convicción, o de la responsabilidad. Siendo creativos, ofrecerán consignas revolucionarias a la ciudadanía, estimando que por hacer una función vital para el gobernante, podrán vivir del trabajo y del ahorro de los demás. Comparten con sus colegas de profesión la nueva ética del poder surgida del pacto con el diablo (M. Weber) que consiste en beneficiarse de las desgracias de los demás –evolución del parásito destructivo-, apoderándose de las instituciones públicas para empobrecer a gran parte de la sociedad, con el noble propósito de situar a la sociedad en su estado natural, que es estar sin nada, vivir con lo puesto y morirse con otra nada –ecologismo consecuente-. De la historia, magister vitae, han aprendido que la revolución comunista nunca se ha llevado a cabo en un país desarrollado. En consecuencia la consigna a seguir es: Fomentar la pobreza.
Puesto en marcha el movimiento más progresista, el Estado Social de Derecho está siendo desplazado por una banal mezcla de decisionismo y pretendida gobernanza multinivel en un Estado de género, representado por un Gobierno ineficaz y sólo útil como fuerza represora de las libertades de los ciudadanos, que intenta superar todas las agrupaciones políticas –la democracia real del partido único- el pluralismo del pensamiento político y los cuerpos intermedios. Sin el menor sentido de prudencia política se busca superar la rigidez constitucional, sustituyéndola por un nuevo decisionismo de corte tiránico. O, si se prefiere, reemplazando la racionalidad objetivada propia de la Constitución, por la voluntad subjetiva del que detenta el Poder. De modo que se termina con la garantía constitucional de que en el “ejercicio del poder los límites jurisdiccionales no serán transgredidos” (H. Kelsen). Entonces, ¿“quién defiende la Constitución” (C. Schmitt), cuando el Gobierno la suplanta con su voluntad indiscutible e ilimitada, y se convierte en normatividad dinámica personificada a través de las “cláusulas generales”? Sin que todavía sea consciente la sociedad de la avanzada modernidad interhistórica –el túnel del tiempo de la ideología colectivista-, parte de sus integrantes se ha extrañado de que el Gobierno se haya convertido en una especie de veleta política, a merced de los fuertes vientos procedentes de la combinación de globalismo y aldeanismo, debido a su voluntad cambiante. En realidad, ha irrumpido con fuerza la motorización política por causa del dirigente ignorante y caprichoso, carente de instinto político, que obliga a la ciudadanía a adaptarse a su voluntad. Este decisionismo de la gobernanza sin criterios, no tiene necesidad de hacer previsiones ni planes, ni siquiera los quincenales, siendo las circunstancias las que habilitan la respuesta del poder que siempre será efectivo.
La sociedad española tiene que aceptar que el Gobierno es la expresión del acierto continuo en la actuación política. Si bien se ha advertido un minúsculo fallo, tanto del Presidente como del Vicepresidente/a II del Gobierno de España y un pellizco de Venezuela, al admitir que ha habido algún fallo sin especificar. Una concesión que puede provocar graves conmociones psicológicas en los fieles dogmáticos, pues su vida se realiza en función del amor al líder, encarnación ideológica perfecta del dios terrenal, dios de uno mismo, deus mortalis en vías de superar sus limitaciones orgánicas, por la posibilidad de convertirse en su cíborg celestial. El ciudadano ha de tomar conciencia de que el Gobierno nunca se equivoca, ni siquiera cuando lo aparente. Habrá de reconocer que a causa de su extraordinaria humildad no le importa descender un poco a la biosfera, hasta donde habitan los pululantes, imperfectos y preternaturales seres humanos.
En perfecta adaptación al presente dinamismo histórico, el Gobierno está llevando a cabo los cambios con constancia en la volubilidad. En cuestión de minutos puede pasar de tomar una decisión lógica a otra decisión diferente, también lógica, demostrando la capacidad para adaptarse al ritmo inexorable del tiempo y superar dialécticamente las contradicciones. Este tipo de actuación, total por abarcadora, si es aceptada por el ciudadano, le traerá grandes beneficios. Se desprendería de sus preocupaciones, simplemente confiando en el saber político de la voluntad honesta de quien decide. Con ello se logrará una coincidencia emocional y funcional que inaugura una nueva época: la de la confianza ilimitada en el poder comunista, lo que hará innecesaria tanto la coacción, como la coerción. Así, compartiendo plenamente las decisiones del Gobernante, supondrá el perfecto ejercicio del poder para la sociedad civil.
Si siempre ha acertado el Gobierno-Estado al tomar las decisiones para resolver los problemas generales o sectoriales, se debe a que está abarrotado de expertos ultramundanos –¿se seguirá pensando que hay una crisis de la inteligencia política cuando se junta tanto cerebro gris por centímetro cuadrado?-. Tanta es su precisión, que no tendrían inconveniente en exponer los complejos ideales esotéricos y fórmulas matemáticas que emplean. Desgraciadamente el ser humano corriente no podrá elevarse a niveles de tan alto saber. De modo que hay que aconsejar a la ciudadanía que se relaje, para que pueda experimentar cuán reconfortante es depender de la voluntad del poder compartido por dos basileús divinos. Un dictum recuperado para la postmodernidad se basa en una verdad de extrema complejidad, aunque se podrá demostrar como cualquier ley física: El Gobierno Unidas Pedro-Pablo/a es bueno porque es bueno, porque sólo sabe ser perfecto. ¡Cómo el confinado no va a dejar que el Gobierno penetre en lo más recóndito de sus conciencias! Nunca se verá tan estimulado en su trepidante actividad domiciliaria, ni podrá tener la seguridad de que haya un poder político tan responsable, ya irremplazable, al ser la máxima expresión del bien y la verdad.
Para el que no sea capaz de aceptar el monopolitismo político, ¿no sería necesario que la garantía constitucional se defienda con la máxima juridicidad de la acción estatal, a partir del control de la Administración de Justicia sobre el Gobernante?