La Abogacía del Estado ha sumado un nuevo escrito presentado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel en el que carga contra la causa abierta por la magistrada para determinar si hubo responsabilidad política al permitir la celebración del 8M.
La Fiscalía ya se pronunció por primera vez este lunes sobre esta cuestión al solicitar el archivo de la investigación del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, e indicar que ve "inverosímil" que su actuación en cualquier sentido hubiera podido evitar muertes o contagios.
En opinión de la Abogacía del Estado, tanto la jueza como la Guardia Civil con sus informes están llevando a cabo una "búsqueda voraz de indicios de delito".
Si bien, el informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Rodríguez-Medel considera que faltó autoprotección de los ciudadanos, ya que no fueron alertados del "gran riesgo" que existía, y así poder tomar medidas higiénicas.
Considera en su escrito el forense que la delegación del Gobierno de Madrid, que dirige José Manuel Franco, "conocía el 28 de febrero la situación de epidemia y era consciente del peligro que entrañaba para los ciudadanos".
Al contrario que el criterio del Ministerio Público, el forense sí considera que "es cierto y seguro" que si se hubieran evitado las manifestaciones o concentraciones multitudinarias de esos días se habría impedido una "amplia difusión" de la enfermedad.
En declaraciones a Los Desesayunos, Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha afirmado que "el informe forense que hemos conocido viene a ratificar lo que venimos conociendo en estos últimos meses: a finales de febrero y principios de marzo tenían información y no obraron en consecuencia. Lo sabían y no adoptaron medidas”.
El informe del forense concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron.
En su informe definitivo de 59 páginas, el médico forense Julio Lorenzo asegura que "no es posible saber" si una persona que asistió a cualquiera de las manifestaciones que se celebraron esos días se infectara en esas concentraciones.
Ahora bien, el forense añade: "Lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", al igual que si se hubiera advertido a la población del "gran riesgo de contagio" y de las medidas higiénicas para protegerse.
Sobre los riesgos y la gravedad de la situación el especialista muestra su "impresión" de que desde finales de enero había un "adecuado conocimiento de la situación" y "quizá se minimizara el riesgo que el coronavirus entrañaba creyendo o diciendo que era como una gripe", tal y como manifestó públicamente en varias ocasiones Simón.
Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Simón, en tanto que mantiene la imputación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que está citado este miércoles a declarar como investigado por un supuesto delito de prevaricación.
El forense cita varias fechas claves a la juez para apuntalar la misma tesis que sostiene la Guardia Civil: que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación.
Así, refiere la importancia del 25 de febrero, día en que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) comienza a emitir informes sobre la capacidad de transmisión de la enfermedad, "alerta claramente de posibilidad de colapso hospitalario" y fija las primeras medidas "no farmacológicas" de protección personal o distancia social. "El 25 de febrero la posibilidad de una pandemia ya estaba en el sentir de las autoridades sanitarias y había un alto indice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuales eran las medidas que había que adoptar para evitarlo", determina el forense.
Julio Lorenzo admite que por esa fecha España estaba en fase de "contención" de la enfermedad, en la que no se recomienda la cancelación generalizada de eventos, salvo que se entre en una fase de transmisión comunitaria "aunque no fuera masiva y esporádica".
El informe también resalta como día clave para la causa que se investiga el 28 de febrero cuando la Delegación del Gobierno emite para sus trabajadores unas instrucciones "muy claras" sobre la distancia social o evitar el contacto estrecho con los ciudadanos.
Unas recomendaciones que se ofrecen un día después, relata el documento, de que en la Delegación se analizara el dispositivo de seguridad para la manifestaciones del 8M y de que en la misma "según la manifestación general de testigos" no se abordara nada respecto a la epidemia. El informe añade también como importante el 3 de marzo, fecha en la que se cancelan eventos deportivos, congresos, seminarios o cursos con participación de profesionales sanitarios y día en que el propio ministro de Sanidad comunica que estamos en una fase "más avanzada" y "delicada".
En sus conclusiones el forense sostiene que la gravedad "se veía venir". "La población no lo veía", dice para a continuación señalar a los expertos del centro de alertas sanitarias de que tenían datos de lo que sucedía continuamente. "La situación de hecatombe en España se veía venir. No solo porque a posteriori es más fácil analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe de epidemiología y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y además es advertido por organismos conocedores", añade.