Se llama deforestación importada a la adquisición de materias primas provenientes de terceros países y cuya extracción implica la deforestación: extinción de las plantas forestales de un terreno y afectación a la biodiversidad.
La deforestación implica la pérdida de bosques y selvas, ya sea por el impacto humano o por causas naturales, pero en cualquier caso, su destrucción conlleva graves consecuencias para las poblaciones autóctonas, su fauna, el ecosistema y, por supuesto, el medioambiente.
La deforestación importada es un problema que se debate desde hace tiempo en la Unión Europea
Preocupados por ser conscientes de que la naturaleza también tiene un límite, la deforestación importada es un problema que lleva tiempo en el debate comunitario: la Unión Europea importa más del 20% de las materias primas que tienen efectos sobre la deforestación, y es por ello por lo que busca soluciones para minimizar el impacto, como se refleja en la Comunicación de la Comisión para proteger y restaurar los bosques del mundo.
Este tema ya fue tratado en el Acuerdo de París, firmado en 2016 y cuyo horizonte era este mismo 2020. Pero, ¿hasta qué punto ha fracasado? Este acuerdo enmarcado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reconoce la deforestación como uno de los principales problemas, y promueve su protección y conservación.
Y nos preguntamos si ha fracasado porque, el pasado mes de noviembre, el Parlamento Europeo, en respuesta a la preocupación de los ciudadanos y de la UE por los efectos negativos del cambio climático, declaró la emergencia climática.
Un segundo paso más decisivo en este sentido se ha dado en el Green Deal, presentado el pasado diciembre, donde la Comisión claramente avanza la presentación de propuestas legislativas para reducir los efectos indeseados de la deforestación importada. Entre las medidas propuestas, destaca la obligatoriedad de certificados de sostenibilidad para las materias primas que quieran acceder al mercado europeo (al igual que ya pasa por ejemplo con la palma para biodiesel, que necesita obligatoriamente el certificado ISCC), y una serie de acciones para empoderar al consumidor para que reconozca los productos que respetan la sostenibilidad y favorezca su consumo.
Entre las medidas propuestas, destaca el empoderamiento del consumidor para distinguir los productos sostenibles e influir en la compra
Por su parte, el Parlamento Europeo incide en la misma línea y la Comisión ENVI (Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria) ha preparado un Proyecto de Informe que insta a la Comisión a intensificar las actuaciones europeas para proteger y restaurar los bosques en el mundo, y recomienda la regulación del acceso al Mercado Único (Mercado Interior de la UE) de los productos que implican la deforestación, así como el empoderamiento del consumidor para que pueda distinguir lo sostenible de lo que no lo es, y actuar a través del acto de compra.
Entre estos productos, el aceite de palma juega un papel protagonista, castigado por la deforestación en Asia y Sudamérica, aunque en muchas ocasiones se ha demonizado al producto en general sin habernos acordado de su versión sostenible.
En España, la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible trabaja para promover el uso de aceite de palma sostenible en las industrias, y comparte los avances del Parlamento y Comisión Europea en la lucha contra la deforestación importada, valorando positivamente este paso, tan necesario y que, por fin, ilumina el final del túnel: la muy probable obligatoriedad de certificados de sostenibilidad.
El aceite de palma cuenta con una versión sostenible
Esto ya ocurre con el aceite de palma destinado al biodiesel: la totalidad del aceite de palma empleado en la producción de biocarburantes lleva el sello de la International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) y el objetivo de la Fundación es lograr que la certificación también se normalice para el resto de industrias. Actualmente en la UE el 74% del aceite destinado a la alimentación está certificado como sostenible y en España el 50%.
En resumen, ese informe recoge dos principales peticiones; por un lado la obligatoriedad y fomento de los sistemas de certificación, y por otro, empoderar al consumidor para que conozca esta alternativa y se decante por la palma sostenible.