Pedro Sánchez, aterrado de que se demuestre que el Gobierno jaleó la manifestación del 8-M “a sabiendas del peligro del contagio del coronavirus”, ha lanzado toda su artillería contra la juez, Carmen Rodríguez-Medel, en un intento desesperado de que se archivara la causa. La magistrada, sin embargo, ha encajado la embestida y ha contraatacado con un informe en el que acusa al Ejecutivo de poner trabas y en el que mantiene la declaración de José Manuel Franco para la tarde de este miércoles.
Ni el informe de la Fiscalía General de Estado de Dolores Delgado, pidiendo el archivo de la causa en otro descarado servicio al Gobierno, ni el insultante documento de la Abogacía del Estado, que acusaba a la juez de “hacer literatura”, han logrado su objetivo.
Porque frente a los informes de los servicios del Gobierno, Rodríguez-Medel cuenta con las minuciosas investigaciones de la Guardia Civil y del forense que demuestran que el Gobierno permitió la manifestación del 8-M a sabiendas de que el coronavirus ya se expandía por España. Los desmesurados ataques de los voceros mediáticos del Gobierno y los propios ministros a estos informes son el mejor ejemplo de su relevancia.
En su escrito, la Abogacía de Estado buscaba ridiculizar a la juez por haberse lanzado a “una búsqueda voraz de indicios”. Y, en efecto, así ha sido. Sin miedo a las zancadillas del Gobierno, Rodríguez-Medel afirma en su escrito que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron. De ahí, su interés en investigar “si se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia".
El juicio que comienza esta tarde puede ser un calvario para el Gobierno, que todavía alardea impúdicamente de su éxito en la gestión de la crisis sanitaria, a pesar de las muchas evidencias que demuestran lo contrario. Está clara la imprevisión y la torpeza del presidente y del ministro de Sanidad. Falta que la juez Rodríguez-Medel condene al Gobierno de prevaricación por permitir celebrar la manifestación del 8-M “a sabiendas del peligro de contagio del coronavirus”.