Los informes de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado, elaborados descaradamente al servicio del Gobierno, no han logrado impedir que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se sentara en el banquillo para responder por sus presuntas responsabilidades al no prohibir la manifestación del 8-M. Como era de esperar, el dirigente socialista negó conocer el riesgo de contagio del coronavirus en el interrogatorio de la juez Carmen Rodríguez-Medel. Intentó incluso inculpar a la Comunidad de Madrid, en una práctica que ya es habitual entre los voceros del Gobierno.
Pero lo más relevante del primer día del juicio fue la estrategia de la magistrada, más interesada en conocer la responsabilidad de los ministros del Ejecutivo que la del propio Franco. Los demoledores informes de la Guardia Civil y del forense demuestran que, en efecto, Salvador Illa y Fernando Simón conocían de antemano el peligro de celebrar una manifestación en plena expansión del coronavirus. Y, por lo tanto, también Pedro Sánchez estaría informado.
Sin duda, la juez busca condenar al Gobierno por prevaricación. El desfile de testigos que va a declarar ante Rodríguez-Medel pondrá en evidencia el sectarismo del Ejecutivo al jalear la manifestación. Y lo peor para Pedro Sánchez no ha hecho más que empezar. Decenas de demandas y querellas ya están llegando a los tribunales de toda España para exigir al Gobierno responsabilidades por su imprevisión y negligencia en la gestión de la tragedia sanitaria. De momento, el Gobierno socialista de Aragón y el nacionalista del País Vasco ya han sido condenados por no proveer al personal sanitario de los medios necesarios para protegerse del contagio del coronavirus. Franco no será condenado. Pero, aunque no va a ser fácil, Simón, Illa y el propio Sánchez pueden serlo. Al menos, eso busca la valiente juez Carmen Rodríguez-Medel.