Según el clarividente spectateur engagé, Agapito Maestre, lo más relevante del Gobierno es su carácter destructivo. Comparto plenamente los motivos por los que se ha fundamentado este juicio. En efecto, la mayor parte de las actuales ideologías colectivistas en Europa son nihilistas. En el caso de España, es un colectivismo de mentalidad muy retrasada –todavía se canta en un Estado de Bienestar “el hijo del obrero no puede estudiar”-, aunque se vea arrastrado por las también destructivas bioideologías, cuyo propósito es acabar con todo lo que tenga una presencia indomada por el gobernante.
Ante el fracaso rotundo de los objetivos del comunismo, los que son lectores acuden a los viejos dogmas marxistas-leninistas, actualizados a partir de un combinado aleatorio peregrino, formado, entre otros, por el catecismo de Marta Harnecker –Louis Althusser es ilegible-, con una parte de Antonio Gramsci, otro de la estrategia de Toni Negri, el revoltijo de Slavoj Zizek, adobado con el populismo de Ernesto Laclau.
No está mejor el socialismo español, ante la carencia de doctrinarios, sus dirigentes incapaces de seguir el pensamiento socialdemócrata, se han amarrado a la aportación del intelectualismo sanchista, seguidor del maquiavelismo, cuya preocupación es tener poder, para continuar la línea comunista de romper la unidad nacional y liquidar el régimen constitucional-pluralista.
Todo este compendio forma parte de la corriente nihilista a la que se ha apuntado tardíamente el colectivismo español, que intenta acoplar la destrucción y la nada como objetivo futuro. Una combinación en adecuada desarmonía. Es decir, que lo que destruye y desarmoniza se juntan para asegurar una destrucción mutua. El nihilismo surge por la incapacidad mental de mantener los ideales ideológicos, el doctrinarismo colectivista, radicalmente individualista, se ha actualizado volviendo al estalinismo, aunque feminizado y bioideologizado.
A la vanguardia del movimiento (Bewegung), al menos en España, está el Gobierno, al que se han incorporado muchas instituciones de los diversos poderes dominantes. Contando con un apoyo destacable de la sociedad, que defiende la concepción anárquica del Gobierno. Este Gobierno nihilista sigue el viejo plan comunista consistente en destruir tanto los órdenes como las organizaciones creadas por las democracias, a las que condenan por capitalistas, y no admitiendo más representación que la suya, al creerse el Pueblo abreviado. De modo que la sociedad está trasladando al Gobierno el respeto, la obediencia y la lealtad que debe a la Nación. Se vuelve a la vieja fórmula de devolver al Gobierno lo que antes pertenecía a la Nación y al Estado. Lo que quiere decir que se elimina de facto a los ciudadanos, para convertirlos en súbditos del Gobierno, una vez que está asumiendo todos los poderes del Estado. El nihilismo del Gobierno se proyecta como un poder ético utilitario, basado en la obediencia –la militarización de lo civil-. Asumiendo que nunca puede equivocarse –Potestas, non veritas facit legem-, dictando lo más conveniente para sí mismo como Pueblo jibarizado. Esta identificación del Gobierno con el Pueblo, se basa en un organizacionismo, incompatible con el orden, asentado en la arbitrariedad y en la creación de normas particulares, con el propósito de proteger a los privilegiados del régimen –la nueva legalidad-, e impedir otras opiniones diferentes -¡Una única voluntad!¡Un único pensamiento!.
Son estos motivos suficientes por lo que es casi seguro que el Gobierno quiere sustituir la Constitución de 1978. Quizá no sea necesario, porque ya está utilizando el derecho a su conveniencia. El normativismo legal, base del derecho actual, se está cambiando por un decisionismo incoherente y destructivo, en permanente proceso constituyente. En realidad, está aplicando una antiética, con componentes que sirven sólo a los grupos privilegiados y propicia intensamente la desestructuración social.
Al controlar y subvertir todas las instituciones del Estado, el Gobierno se está constituyendo como Gobierno Total. Del Estado adquiere la posesión, hasta convertirlo en una gran sociedad anónima de irresponsabilidad ilimitada, disponiendo del Presupuesto, nombrando consejeros y distribuyendo acciones a sus apoyos con una buena rentabilidad. El Estado, pues, se ha convertido en una propiedad del Ejecutivo. Por ello, la acumulación total del poder es, en realidad, una privatización del poder público por una reciente oligarquía.
Para los que se oponen a los intereses del Ejecutivo, la nueva normalidad será un estado de guerra larvado contra sus componentes y entre los ciudadanos, como si se pretendiese volver al bellum ómnium contra omnes (la guerra de todos contra todos), justificando una intervención brutal. La progresiva destrucción del orden constituido está generando en el pueblo cada vez mayor inseguridad. Muchos individuos se ponen a su disposición como dependientes por “miedo a la libertad”, conformándose con una cierta movilidad –el alpiste de la esclavitud aceptada- y un cierto alivio al ascender en la desescalada ideológicamente cronometrada.
El Gobierno, por voluntad y como modelo de ineficacia, es posible que no haya tenido como objetivo principal detener la pandemia y salvar vidas humanas, prefiriendo centrarse en lo único que sabe hacer: fomentar la discordia civil. Al poner las instituciones a su mando, ha trastrocado sus objetivos frenando su capacidad, volviendo a recuperar su fuerza una vez que están sometidos a su voluntad, con el propósito de acabar con la democracia representativa.
El gran problema para la Institución monclovita, no ha sido el virus procedente de China, sino la amplia parte de la sociedad, que quiere ser libre y busca la verdad de lo acontecido. Este Gobierno, que encarna “la montée de l´insignifiance” pervertida, carece de mínimos ideales. Su intención es destruir la Nación y al Pueblo. En esta lucha, el Gobierno está consiguiendo deslegitimar las instituciones hasta desfigurarlas, recurriendo al apoyo social e institucional basado en el cargo, la repartición del dinero impropio y alentando los más bajos instintos humanos.
Naturalmente surgen las paradojas. Una Institución armada a la que varios integrantes del Gobierno han tenido como servidora de la casta, que desprecian y odian y, hasta no hace mucho tiempo, mostraban su alegría cuando se asesinaba a algunos de sus miembros, se la está utilizando para proteger al despreciador, que, además, tiene la intención de disolverla. Incluso se recurre a ella para reprimir a quien denuncie las injusticias del Gobernante, especialmente a quien la defiende por los incuestionables méritos que acumula en su actividad. ¿Siempre la obediencia debida?
Este Gobierno nihilista es incapaz de construir, tanto por su falta de talento y mínima capacidad para desempeñar un cargo, como por buscar exclusivamente mantenerse en el poder y extraer sus cuantiosos beneficios. Ni siquiera tienen en cuenta la construcción de un nuevo Estado a pesar de que existe un gran conformismo social y solo la parte de la (no) oposición institucional. Cuando, muy raramente, quiere construir algo positivo e importante para la sociedad, fracasa –el empeño en seguir en el fracaso-, porque aparte de la llamativa incapacidad de gran parte de los sujetos que lo componen, junto a la inercia destructiva, le llevará a provocar una autofagocitosis –el sistema celular ideológico que se vuelve contra sí mismo-.
Entretanto, el Gobierno tolera a los partidos políticos conformistas, seguidistas y a los neutrales, que se muestran satisfechos con que el Gobierno les permita seguir teniendo un asiento alquilado en las Cortes, y compartir espacio con otros muchos figurantes humanos, a los que es posible que se les haya introducido un chip por el que reciben instrucciones para hablar y moverse.
Ante este desaguisado, a la ciudadanía le queda el recurso de confiar en la administración de Justicia, que tiene, como auctoritas, la posibilidad de detener un ejercicio del poder arbitrario y que, al menos por omisión o dejación, está muy próximo a la criminalidad.