El Gobierno está consiguiendo que cada uno vea “un cielo estrellado sobre mí” y la ideología lanzada hasta apoderarse de mí. Este Gobierno, raro en la Unión Europea, está formado por frente populistas aparentemente republicanos, en el régimen de la monarquía parlamentaria, que posiblemente con el tiempo llevará a un desencuentro en el precario sistema político, salvo que alguno de ellos se debilite tanto que ceda en sus aspiraciones. De hecho, operativamente, el Presidente del Gobierno, davídica sapientia y legisdoctor honorabilis sapientia, asume las funciones del Jefe del Estado.
Caracteriza al Gobierno su tendencia a destruir y su ineficiencia para resolver o dejar bien encauzados los problemas más graves que ha tenido que afrontar. Está consiguiendo desmontar gran parte de las instituciones y organizaciones que funcionaban positivamente para el interés general. Una causa es que no existen filtros que impidan el acceso a la responsabilidad política los que carecen de la mínima cognición. Si el Estado debía ser el cerebro de la sociedad (É. Durkheim), ahora es el Gobierno el que quiso asumir la inteligencia, con un cerebro y preparación muy deficientes. Salvo excepciones, se ha escogido a los menos capacitados, alguno de ellos con severas patologías de ignorancia, practicando un método en el que se busca el desacierto. De hecho, la multitud de expertos y asesores son recompensados en mayor medida cuanto peor aconsejen a los inútiles políticos que les nombran y mantienen, por lo que lógicamente no tomarán decisiones positivas para la sociedad.
Es difícil imaginar que haya habido un Gobierno tan penosamente conducido, desprovisto de lógica, sin principios sólidos, con una voluntad de hechicero de tribu, desconocedores de la culpa personal, que trasladan a la sociedad -como le gustaba a Jean-Jacques-, y de la vergüenza. Siendo también extraordinariamente desconsiderados con la sociedad y, en especial, con sus opositores, que por la lógica comunista se convierten en enemigos, a punto de ser deshumanizados. La población debería estar prevenida porque algunos de los que participan en la manifestación de cargos ministeriales, tienen un ego tan inflado que es de temer que en cualquier momento explote alguno o todos ellos, y provocar una explosión superior a la potencia de una bomba termonuclear de lago alcance.
Este frentepopulismo ignora que la República se sostiene en la virtud, y que ninguno de sus componentes gubernamentales, se podrá considerar superior a los ciudadanos en el ámbito público. La gran muchedumbre ministerial al ampararse en el privilegio, no se consideran asimismo ciudadanos, creyendo que han superado su innata mortalidad y se han transfigurado en una nueva especie de zoología política encapsulada. De ahí su tendencia a extralimitarse continuamente con la ciudadanía, como un derecho que se dan a sí mismos cuando tratan a los seres situados en una escala inferior –la imposibilidad de convergencia entre la condición activa del sujeto político que ha ido desacelerándose y el Gobierno y sus parásitos llegando al pico de la escalada-.
La sociedad debería ser consciente de que la oligarquía política, tan despreciativa con gran parte de la sociedad, que ejerce su profesión viviendo de la política y no para la política, está transformando el Estado Social, sustrayendo sin tapujos la voluntad del pueblo. Lo que se llama estultamente nueva normalidad consiste en que la libertad sustraída es devuelta incompleta por la gracia del panfletismo de la palabrería ideológica, del comunismo Pedro-Pablo/a, ambos dominus noster, por ser al unísono divi filus, una especie de diarquía comunista, u oclocracia asamblearia, en constante aclamación hacia los líderes. Han formalizado un nuevo matrimonio monárquico republicano, aunque, por ahora, no están obligados, como la monarquía hereditaria, a tener descendencia, porque al menos en los próximos meses, no presentan un organismo en disposición de que alguno de ellos quede embarazado por mucho que insistan.
Este Gobierno comunista monclovita es destructivo de todo orden u organización, manifestándose claramente en las violaciones constantes a los derechos humanos, ya que ni han protegido el derecho a la salud. Han obviado también la crucial misión de la política: asegurar la vida de los ciudadanos. Una ineficacia que raya lo criminal al poner la ideología y el mantenimiento del poder sobre la salud. Especialmente de aquellas personas más vulnerables, las que necesitan mayor apoyo. Quizá se podría hablar de un genocidio por despreocupación, sobre todo en las residencias, cuyo máximo responsable es el ambicioso Vicetodo, pues voluntariamente asumió esta responsabilidad, aunque en la realidad se mostró absolutamente insensible por la suerte de los residentes y de los trabajadores. ¿Merecería ser denunciado a la Corte Penal internacional o al Tribunal de los derechos humanos?
El Gobierno y sus principales respaldos, los herederos de ETA y los separatistas, Teruel libre, Cantabria en erección, etc. ya han empezado, aparte de disfrutar de las prebendas millonarias del poder, a hacer del Estado y de la sociedad el negocio político hiperlucrativo del humanitarismo, con la lógica capitalista de comercializar al máximo todas las situaciones. Un negocio que está planteado en términos políticos y éticos –la ideología como negocio de abuso y violación de las mentes-, basado en la repartición de los fondos públicos, sin el riesgo de tener que emprender nada. Una actividad muy beneficiosa por asentarse en la desvalorización completa de la persona, reducida a cosa. En la empresa explotadora, si no se obtiene un rendimiento de varias de las cosificaciones humanas, serán rápidamente sustituidos por otros sujetos con los que poder justificar el modus vivendi de los humanitarios.
Un Gobierno que no quiere responsabilizarse de sus malas decisiones, ni acepta que deba legitimarse por su actuación. Hay que enseñarle que cuando un gobernante en el ejercicio de su poder suspende el habeas corpus, queda deslegitimado, por lo que surge la necesidad o la obligación de ejercer el derecho de resistencia.
Motivo por lo que es indispensable que la jurisdictio deba ser la que proteja a un pueblo desarmado, una unidad invisible, a la que se han echado encima todas las fuerzas represivas, olvidando que también forman parte de la ciudadanía, y que pueden estar reprimiendo fuera de sus horas funcionales, viéndose perjudicados como partícipes del cuerpo político.
En definitiva, que durante el estado de alarma se ha acelerado brutalmente el poder del Gobierno, al mismo tiempo que han quedando muy limitados los derechos subjetivos. El problema no surgiría por reducir los derechos durante el periodo de emergencia, algo lógico a causa de la pandemia, sino que al suprimirse los derechos y libertades fundamentales como si hubiera un estado de sitio, se han llevado a cabo sin la intervención de las instituciones encargadas de proteger a la Constitución y a los ciudadanos. De nuevo hay que preguntar como H. Kelsen: ¿quién protege la Constitución?