El Estado busca soluciones contra el aumento de la violencia

La reunión de ayer tuvo como resultado el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad, firmado por los gobernadores de los 32 estados mexicanos, los encargados de seguridad y prevención del delito del gabinete de Calderón, representantes del poder legislativo el titular de la Suprema Corte de Justicia y miembros de colectivos ciudadanos de lucha contra la delincuencia.

La indignación general que se vive en la sociedad mexicana, con el secuestro y asesinato del niño de 14 años Fernando Martí como punto de inflexión, parece haber calado en los políticos, que hace semanas que están anunciando medidas para paliar el problema de la violencia.
Entre los más de 70 compromiso signados se encuentra el depuramiento de las fuerzas policiales - cuyo costo será de 1.500 millones de pesos mensuales (100.000 euros)-, una estrategia antisecuestro, nuevos centros penitenciarios con módulos especiales para plagiarios y un sistema de ubicación en tiempo real de los teléfonos móviles usados por los secuestradores.

Alejandro Martí, el padre del niño asesinado, estuvo en la reunión, que duró más de tres horas y al final de la misma realizó una intervención en la que exhortó a los políticos a tomar medidas efectivas contra la violencia. "Señores, si piensan que el listón es muy alto, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, ¡renuncien!, pero no sigan ocupando las oficina de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada, que eso también es corrupción", señaló.

Tras el discurso de Martí, tomó la palabra el gobernador de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, del izquierdista PRD, que ofreció su cargo si no logra mejorar la situación de la seguridad tras los acuerdos firmados. "Si no podemos o no sabemos, debemos renunciar. Debemos de cumplir los compromisos, y si no que se proceda la revocación del mandato", declaró.