La Policía Nacional vigilará a partir de hoy la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Hasta 20 agentes de este cuerpo, en varios turnos, se harán cargo de velar por la seguridad del chalet que el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad tienen en Galapagar (Madrid).
Montarán, en una de las esquinas, una garita y, en la parte posterior, se situará un automóvil oficial. Desaparece, por lo tanto, la garita que tenía la Guardia Civil que, sin embargo, mantendrá la vigilancia en los alrededores. En caso de producirse alguna incidencia, los policías se lo comunicarán a los agentes de la Benemérita, que siguen manteniendo sus competencias en la zona.
No obstante, este cambio ha sido duramente criticado desde Jupol, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, que solicita una rectificación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Jupol denuncia que se trata de una "orden ilegal" al ser una demarcación en la que la Guardia Civil tiene atribuidas las funciones de seguridad. En un comunicado insiste en que esta decisión es "completamente ilegal y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Por este motivo, el secretario general de este sindicato, José María García, ha mostrado "su oposición frontal y absoluta a esta decisión, que supone cometer una ilegalidad y que solo puede tener consecuencias negativas para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía".
García ha explicado que "no entiende los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos".
Desde Jupol advierten de que este cambio supone "un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional". Consideran que desde que estalló la pandemia de Covid-19 su imagen se ha visto reforzada y lamentan que el Ministerio del Interior, bajo su percepción, intente "dinamitar día a día la buena imagen y el reconocimiento ciudadano hacía la Policía Nacional y la Guardia Civil".
Además, esta organización sindical solicita a los mandos de la Policía Nacional que "muestren también su oposición a esta decisión unilateral y sin sentido del ministro Grande-Marlaska, y se sumen así a la defensa de la Policía Nacional y de la legalidad vigente".
"No entendemos que los mandos de la Policía Nacional no digan nada ante este tipo de órdenes que atentan directamente contra la imagen de la Policía Nacional y que suponen obligar a sus agentes a acatar una orden completamente contraria a la Ley", ha añadido García.