El secesionismo se encuentra de enhorabuena. La concesión del tercer grado penitenciario a la cúpula encausada del Ejecutivo que proclamó la república catalana e hizo todo posible, legal e ilegalmente, para llevarla a cabo ha inyectado fuerzas al desunido bloque separatista. Y este martes han tocado techo, tras mucho tiempo de oscuridad y ausencia del foco mediático sobre su asunto.
En esta fecha el Parlament ha emitido las conclusiones sacadas de la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, a finales de 2018. En dicha investigación, en la que se han negado a participar Ciudadanos, PSC-Units y PPC porque entendían que el enfoque era independentista, se han extraído algunas conclusiones que parecerían más proclamas que otra cosa. Toca refrescar el truncado proyecto de desafío al Estado.
Uno de los momentos estelares de esta comisión fue la declaración del exvicepresidente Oriol Junqueras, que al igual que el resto de exconsejeros presos compareció ante la comisión el pasado 28 de enero. También comparecieron ante esta comisión banqueros, empresarios y representantes de entidades sociales. Eso sí, no acudieron a la llamada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni algunos miembros del anterior Ejecutivo, como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.
De vuelta a las conclusiones que se han publicado este martes sobresale que se considera un "menosprecio" al Parlament las ausencias mencionadas durante la investigación. De hecho, se ha reprobado, con votos secesionistas, a Sánchez, a Rajoy y al exlíder de Cs Albert Rivera. Y se declara que "la aplicación del artículo 155 fue una acción política perfectamente asimilable a un golpe de estado ejecutado desde los mismos aparatos del Estado".
Asimismo, se constata que "los aparatos del Estado no quieren reconocer su realidad de estado plurinacional y están dispuestos a reprimir por la vía de la fuerza cualquier expresión democrática de las naciones que la componen". Y en el escrito se calcula en unos 1.800 millones de euros el impacto económico relativo a la aplicación del mencionado artículo.
Por otro lado, la comisión se permite concluir lo siguiente: "Consideramos necesaria la abdicación de Felipe VI, una investigación exhaustiva sobre las interferencias políticas y la corrupción de la monarquía borbónica y un referéndum sobre monarquía o república en el resto del Estado". Todo ello por el discurso que el monarca pronunció el 3 de octubre de 2017. Aquellas palabras han sido interpretadas por los dolidos partidos independentistas como "un paso imprescindible" para la posterior aplicación del artículo 155.
El dictamen de estas particulares conclusiones ha tenido un debate previo en el que tanto los secesionistas como los representantes de Unidas Podemos han reprochado a Ciudadanos, PSC Y PPC que no hayan participado en la comisión. JxCat y ERC se han unido, al menos esta vez, al denunciar que el levantamiento del artículo 155 no acabó con la "represión" que dicen sufrió el secesionismo. Por esto la CUP ha abogado por volver a la unilateralidad. Pero los constitucionalistas han defendido y reivindicado que la intervención constitucional evitó males mayores y estabilizó la situación. Consideración contraria a la compartida por los acólitos de Pablo Iglesias, que expusieron que la declaración unilateral de independencia fue un error y la aplicación del 155 no sirvió.