La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido que se investigue el contrato que realizó Unidas Podemos con la consultora Neurona para la campaña de las elecciones generales de 2019 al apreciar un posible delito electoral y de falsedad documental en las cuentas de la formación.
La judicialización se produce después de que el fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, aprecie dos tipos de delito en los servicios facturados a Neurona "al no estar suficientemente acreditado su elaboración por parte del proveedor" y sopesa que el contrato pudo ser simulado.
Ante esta investigación, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que la justicia investigue "todo lo que tenga que investigar" sobre las cuentas de Unidas Podemos y ha incidido en que su formación política ha sido investigada en decenas de ocasiones "sin encontrar nunca ningún indicio de delito".
La titular de Igualdad, preguntada por ese asunto en una entrevista en Radio Nacional, ha asegurado que Unidas Podemos dará todas las explicaciones que sean necesarias porque "cree en la transparencia", pero ha negado que sus dirigentes vayan a estar todo el tiempo hablando de sí mismos porque no se van a distraer de su tarea de gobierno, ha dicho.
Asimismo, Montero ha señalado que en su partido tienen "memoria" y que se les ha "montado escándalo" y montajes judiciales y se han fabricado pruebas falsas contra ellos en decenas de ocasiones: "Todo ha terminado siempre archivado, sin embargo, el daño de horas y horas de tertulias, de conversaciones en los medios de comunicación sobre ello no ha sido reparado", ha subrayado.
Según la Cadena Ser, el fiscal del Tribunal de Cuentas considera en su escrito que no están suficientemente acreditados los servicios facturados por Unidas Podemos a la consultora Neurona por importe de 363.000 euros en un contrato firmado el 6 de mayo de 2019.
Destaca, además, que "al fiscal le llama la atención que Neurona Consulting se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos 15 días antes de facturar a Unidas Podemos. O el hecho de que no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas".