Rodolfo Martín Villa, exministro del Interior de los Gobiernos de Adolfo Suárez, declaró ayer voluntariamenteen el Consulado argentino por videoconferencia ante la jueza argentina Servini de Cubría en relación con la acusación de genocidio por muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición.
“He venido a defenderme porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, declaró a la juez.
La videoconferencia, iniciada a las 16.10, comenzó con la lectura durante hora y media de las acusaciones. El exministro respondió extensamente a la primera pregunta y luego el interrogatorio, en el que no intervino la juez apenas, duró unas dos horas.
Desde que en octubre de 2014 el Juzgado argentino dictó orden de detención contra él, después revocada, el exministro se ha negado a ampararse en la Ley de Amnistía y en el rechazo de los jueces españoles a la petición de la jueza para interrogarle en España, y ha querido prestar declaración para hacer frente a las acusaciones. Además de las solicitudes de sus abogados, en más de seis ocasiones ha pedido personalmente declarar y colaborar con la Justicia argentina para esclarecer los hechos con los que se le relaciona.
La querella acusa de genocidio al exministro por 12 muertes en actuaciones de los Cuerpos de Seguridad y de la extrema derecha entre marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, y desde julio de 1976 a julio de 1978, bajo su mando como ministro del Interior.
El exministro entregó, de acuerdo con las leyes procesales argentinas, unas “manifestaciones escritas” para hacer precisiones y reparar posibles omisiones de la declaración oral, al tratarse de hechos ocurridos hace más de 40 años.En ese escrito, que contiene en esencia lo que declaró a la juez, defiende que la Transición española “fue justamente lo contrario a un genocidio. Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo. Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978”.
“De aceptarse la versión de la querella”, ha añadido, “si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar”.
Testimonios de González, Aznar, Zapatero y Rajoy
Asimismo ha adjuntado los 19 testimonios escritos en su defensa por los cuatro expresidentes del Gobierno -Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-, los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y los dos ponentes de la Constitución vivos, Miguel Herrero y Miquel Roca.
Felipe González resalta en su texto que la actuación de Martín Villa como ministro del Interior, “el más complicado del momento, fue impecable”, y el exlíder sindical de Comisiones Obreras Antonio Gutiérrez afirma que “una forma de arruinar la memoria democrática es sustentar querellas como la que culpa de delitos tan atroces como falsos a Rodolfo Martín Villa asociados a la Transición”.
En sudeclaración escrita, Martín Villa ha advertido de que las acusaciones de la querella contienen errores y falsedades en sucatalogación de las muertes como genocidio, en la imputación de responsabilidades hacia él y en la versión que presenta de la Transición y la Ley de Amnistía. Ha defendido que es imposible que hubiese un genocidio en la Transición, un proceso político que supuso la reconciliación entre los españoles, y ha explicado que la Ley de Amnistía en nada se pareció a las leyes de punto final; es decir, no se hizo para amnistiar a gobernantes sino a terroristas.
El exministro considera que la querella califica las diversas muertes como genocidio para justificar el acceso a la Justicia universal. El Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional que en octubre de 2018 denegó la solicitud de la juez argentina para interrogar a Martín Villa en Madrid determinó en su auto, entre otras cosas, que si los hechos denunciados fuesen delitos de ninguna manera serían genocidio o crímenes de lesa humanidad.
En su relato ha expuesto que “pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas. No ha sido así, y puede comprobarse en los Diarios de Sesiones de las Cortes. Pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales. Lo que no podía suceder, y no sucedió es que en la Transición existiera, como afirma la querella, “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
Respecto a la primera de las acusaciones contra él, ha mencionado que, sin tener competencia sobre la Policía cuando ocurrieron los sucesos de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, siendo él ministro de Relaciones Sindicales, y en relación con las muertes por disparos policiales siendo él ministro del Interior, “me encuentro con una acusación no por responsabilidad política sino penal, y además se me atribuye un delito tan monstruoso como es el de genocidio”.
Evitar más violencia en Vitoria
Frente a la versión de la querella, que le atribuye haber ordenado junto con Adolfo Suárez y Alfonso Osorio (ambos fallecidos), el desalojo policial que causó las muertes de Vitoria, el exministro ha precisado que la intervención de los tres se produjo después, no antes, del desalojo policial. Comenzó tras conocerse la noticia de las primeras muertes y consistió en adoptar medidas para evitar que hubiese más violencia, que se declarase el estado de excepción y para impedir la injerencia de alguna autoridad militar.
En su reunión en Vitoria el 7 de marzo, como ministro de Relaciones Sindicales, representantes de los empresarios y trabajadores aceptaron la mediación de un magistrado juez de lo laboral, cuyo arbitraje luego acataron y sirvió para poner fin al conflicto.
El exministro ha afirmado que en Vitoria “ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Respecto a las cinco muertes en la Semana Proamnistía de mayo de 1977, ha indicado que en esas fechas no quedaban ya presos políticos en las cárceles y la amnistía que se pedía era para terroristas que se encontraban en prisión por asesinatos. Ninguna de esas muertes formó parte de un plan deliberado para poner fin a la vida de aquellas personas.
En relación con una nueva acusación contra él por una muerte causada por un disparo policial durante las fiestas de san Fermín en Pamplona en julio de 1978, ha precisado que en esos momentos España llevaba ya un año en democracia -las elecciones se celebraron en junio de 1977-, se había aprobado la Ley de Amnistía y se había alcanzado un acuerdo en el Congreso sobre la Constitución, aprobada poco después.
En su relato se ha referido a que en una sesión de control al Gobierno en septiembre de 1977 sobre diversos incidentes en los que intervinieron miembros de los Cuerpos de Seguridad, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, afirmó que era “la primera vez que he visto a un Gobierno de este país dar información interna del carácter de la que se nos ha proporcionado sobre la actividad de las Fuerzas de Orden Público y sancionar con relativa rapidez a oficiales y jefes que han incurrido en faltas graves en el ejercicio de su misión”.
“Presunción de culpabilidad”
El exministro ha expuesto que al no haber podido declarar hasta ahora, lo cual impide que haya una investigación judicial efectiva, se le ha colocado en una situación de “presunción de culpabilidad” en vez de “presunción de inocencia”.
También ha recordado las numerosas iniciativas que ha tomado para prestar declaración y ayudar al esclarecimiento de los hechos desde que conoció la orden de detención contra él dictada en octubre de 2014. Pocas semanas después presentó su primer escrito con la solicitud de declarar. En 2015, antes de que el Gobierno se pronunciase sobre la petición de extradición a Argentina para interrogarle, no se quiso proteger con la Ley de Amnistía y se ofreció a declarar voluntariamente. Lo reiteró cuando el Consejo de Ministros denegó dicha extradición. En diciembre de ese año envió al Juzgado argentino mediante acta notarial un escrito con aclaraciones sobre los hechos con los que se le relacionaba y sobre su actuación como gobernante en la Transición.