El expresidente prófugo Carlos Puigdemont ha prohibido al presidente títere de la Generalidad, Joaquín Torra, convocar elecciones autonómicas. A nadie ha sorprendido esta decisión. Puigdemont se lo juega todo, aferrado a Junts per Catalunya, en la cita electoral y prefiere que se produzca antes la inhabilitación de su marioneta si, como parece probable, el Tribunal Supremo respalda la condena del Tribunal Superior de Cataluña. A Joaquín Torra le pesa ya la sombra alargada de los barrotes carceleros, condenado por graves delitos anticonstitucionales de sedición en el intento de golpe de Estado del 1-O.
Carlos Puigdemont necesita ganar tiempo para cicatrizar la herida que las escisiones han abierto en su partido. Ante la imposibilidad de elegir nuevo presidente de la Generalidad, el calendario correrá según lo establecido hasta que dentro de dos meses se produzcan reglamentariamente las elecciones autonómicas.
Aseguran los que le rodean que al presidente títere no le ha gustado nada la decisión de Puigdemont pues contaba con convocar elecciones y beneficiarse personalmente de la llamada a las urnas. Joaquín Torra es un pobre hombre, un político de tercera división, deslumbrado por el puesto que ocupa. Poco puede hacer, sin embargo, frente a su jefe de filas al que preocupa el auge de ERC. Inhabilitado judicialmente Torra, el prófugo Puigdemont jugará la carta del victimismo y se esforzará por recuperar los votos desconcertados de la antigua Convergencia.
Difícil saber lo que va a ocurrir. El pobre Torra ha fragilizado su relación con Puigdemont, el cual está harto de las torpezas y la ineficacia de su protegido. Desconcierta un poco, esa es la verdad, la inoperancia de los partidos constitucionalistas que dan la sensación de no saber cómo aprovecharse de la crisis entre los independentistas.