El peor país del mundo en muertos por la pandemia cada millón de habitantes. El cuatro país mundial en número total de contagiados (¡sólo por detrás de EEUU –más 300 millones de habitantes-, India, 1.300, y Brasil, más de 200 millones!). El peor país de Europa en perspectivas de recuperación económica. Son datos oficiales.
Ante esta nefasta gestión de la pandemia y de la crisis económica, ¿cuáles son los problemas del Ejecutivo? Ley de eutanasia activa, la reforma de la Ley del aborto, la ley para la Memoria Democrática, tramitar –y seguramente conceder- los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo por un delito de sedición en Cataluña, la reforma de la penas previstas para el delito de sedición, el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA al País Vasco, echar de España al Rey Emérito, ataques y arrinconamiento de Felipe VI (basta simplemente comprobar cómo fue relegado en la entrega de los despachos a la última promoción de Jueces en Barcelona, prohibiéndole directamente su asistencia, acto al que no había faltado nunca desde su nombramiento, lo que es lógico si pensamos que todos los Jueces y Magistrados dictamos las sentencias “en nombre de El Rey”), la proposición no de ley sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el mundo digitales (esto es, la persecución en las redes sociales por delito de odio a las tareas gubernamentales)… y modificar el sistema de mayorías para el nombramiento de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados.
¿De verdad cree el Gobierno o su Presidente que esto es lo que realmente preocupa a los españoles? Cuando la pandemia no para, cuando son cada vez más lo contagiados (ya hemos pasado del millón de compatriotas contagiados… ¡de una población de 47 millones!), cuando Madrid ha estado confinada por la imposición de un estado de alarma decretado por el Gobierno, y cuando esta misma semana se ha solicitado del Congreso y se ha aprobado un estado de alarma nacional por un periodo nada menos que de seis meses para hacer frente –según los epidemiólogos- para una tercera ola del coronavirus cuando todavía no ha pasado la segunda, cuando cada día fallecen más de cien personas, llegando algún día a más de doscientos cincuenta compatriotas fallecidos… ¿cree el Gobierno o su Presidente que el cambio del sistema de elección de los Vocales del CGP es lo más importante?
Cierto es que el Consejo actual debería haber cesado hace dos años. Y que existe un bloqueo institucional al no ponerse de acuerdo los dos grandes partidos, el del Gobierno –PSOE- y el de la oposición -PP-. No es menos cierto, también, que el propio Presidente del Consejo se ha dirigido en numerosas ocasiones a los Presidentes del Congreso y Senado para que pongan fin a esta situación. En los mismos términos se han manifestados numerosos Vocales del propio Consejo.
Pero la situación política de renovación de este Alto Organismo constitucional no puede llevar a la modificación de las mayorías parlamentarias para el nombramiento de sus componentes como se pretende. Es absolutamente repudiable.
La Constitución, en su art. 122.3 establece el número de Vocales del Consejo y su nombramiento al disponer que doce lo serán entre Jueces y Magistrados, y ocho entre juristas de reconocida competencia, siendo estos nombrados cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5.
No establece la Constitución que los Jueces y Magistrados sean nombrados por una mayoría de 3/5 pero podemos explicar por qué:
Que el nombramiento de los Vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial español sean nombrados por sus pares, esto es, por los propios Jueces y Magistrados, es lo que vienen reclamando a España las instituciones europeas desde hace años (el Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción –acrónimo, GRECO-, la Comisión de Venecia y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos –estos dos últimos, órganos consultivo del Consejo de Europa-), la Asociación Europea de Magistrados, la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ) y, por supuesto, todas las Asociaciones Judiciales -menos una- y Fiscales -también menos una.
Y que la reforma se quiera a tramitar -de una manera absolutamente excepcional- como Proyecto de Ley y no como Anteproyecto de Ley, pretende, además de la celeridad, ya que pueda estar aprobada en un par de meses, que no sean necesarios los informes preceptivos del Consejo de Estado, de la Fiscalía General del Estado y del propio Consejo General del Poder Judicial, al presumirse que todos estos informes –o al menos la mayoría- serían negativos, contrarios a la reforma, lo que –obvio es- no interesa al Gobierno.
Cierto es que en el reciente debate sobre la moción de censura planteada por el Grupo parlamentario Vox. el Presidente del Gobierno, dirigiéndose al Jefe del principal partido de la oposición afirmó que suspendía (¡cuidado!: no dijo que la retirarse, sólo que la suspendía) el trámite de la proposición de ley para que se pudiese llegar a un acuerdo. Y parece que en ello están. En breve -en todo caso antes seguramente del aniversario de la Constitución de este este año, 6 de diciembre- saldremos de dudas.
Reformas como esta pretendida son de un hondo calado constitucional, que afectan a la separación de poderes –clave en un sistema democrático- y que denotan una deriva cesarista y dictatorial de quien nos gobierna y que, en modo alguno, debemos permitir y contra la que debemos combatir con todas nuestras fuerzas.
Nos va en juego el sistema democrático tal y como lo conocemos hoy.
La dictadura democrática está en marcha, máxime después de ser aprobado por el Congreso de Diputados el estado de alarma para los próximos seis meses, lo que, sin duda, cercenará algunas de nuestras libertades y derechos fundamentales. Pero esto es otra historia…. de la que sin duda nos ocuparemos en breve.