El Gobierno ha propuesto al Parlamento unos presupuestos revolucionarios. Con las manos esposadas por el estado de Alarma, el Congreso dará al reparto de dineros fuerza de ley. Nos vamos a gastar lo que tenemos, lo que no tenemos, y lo que no tendremos. Llegan tarde para cumplir el dictum de Pedro Sánchez: no son los presupuestos que pongan fin a la austeridad, a la que conocemos de oídas allá por el comienzo de la década. Pero tiene razón al decir que son “históricos”, es decir, que adquieren una relevancia superior a la que le corresponde por la cadencia anual del reparto político de nuestra renta.
Si los miramos de frente, vemos que aumenta el gasto social (transferencias y programas de compra de votos) un 10,3 por ciento en un solo año. El Gobierno de Sánchez, como la Santa Compaña, llega anunciando la muerte. Pero ni su guadaña ha frenado el previsible aumento de la partida de las pensiones. Y continuará por la empinada cuesta del gasto comprometido hasta que Europa nos regale una guadaña distinta.
Si lo miramos por los costados, si nos fijamos en los detalles, con su plúmbea exposición ordenada de conceptos y cantidades, lo que vemos es un cambio en la posición del Estado respecto de la sociedad. Aumentan las partidas destinadas a la propaganda política. Radio Televisión Española contará con un 25 por ciento más de presupuesto. La necromancia de José Félix Tezanos será recompensada con un aumento del 13 por ciento.
La rápida y grave crisis económica a que nos enfrentamos va a destruir millones de puestos de trabajo. El sistema económico puede volver a reconectar a las empresas con los parados. Pero como la actividad es menor, y menor es el valor que podrán aportar las personas con su trabajo, esa vuelta al trabajo sólo podrá ser con unos sueldos más bajos. Mientras resolvemos si la crisis se va a resolver en las listas del paro o en los sueldos pactados entre empresarios y empleados, los Presupuestos prevén un aumento en el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aquéllos que no temen entrar en una Oficina de Empleo.
A los trabajadores jóvenes, a los inmigrantes, a aquéllos que están atrapados, al menos por ahora, en empleos de baja cualificación, el Gobierno les cierra la salida de trabajar por lo que ellos pueden aportar. El salario mínimo es un muro al que Sánchez e Iglesias han añadido unos cuantos ladrillos. Es mucho más efectivo que el famoso muro de Donald Trump, pues no tiene lindes geográficos.
Sobre la escasa capacidad de la economía española de crear empleo va a caer la losa de un aumento de impuestos como si tuviésemos a Mariano Rajoy otra vez en el Gobierno. El Gobiernos subirá la tasa sobre las rentas del capital del 23 al 26 por ciento, a partir de los 200.000 euros. También subirá un punto el Impuesto al Patrimonio a quienes ganan diez millones de euros o más. Airef ya le ha advertido al Gobierno que esa medida le reportará entre 8 y cero millones más de recaudación, no los 339 que espera. España no es el único país del mundo, como probablemente sepa el presidente Sánchez, y por tanto cuanto más estrangulemos los rendimientos del capital, más optará por otros países para crecer. Por lo que se refiere al IRPF, el tipo máximo pasa del 45 al 47 por ciento para los ingresos superiores a los 300.000 euros. El Impuesto de Sociedades sobre las grandes empresas, que aportan una parte muy significativa de la recaudación, va a apretar más los beneficios de estas compañías.
Todo ello apunta a una nueva relación de la sociedad con el Estado. Las grandes fortunas tendrán que elegir entre tres opciones: llevar su capital a otro lado, aportar más al Estado, o la vieja e infalible estrategia de colaborar con el poder. El duopolio televisivo ya ha pasado por el aro, y ha recibido del Gobierno 25 millones de euros. No es sólo el dinero con que enjugar sus cuentas, sino la promesa de que la crisis económica no va con ellos, siempre que sigan portándose así de bien.
Y el conjunto de la sociedad. Agobiada por la falta de actividad, amenazada por el desempleo, agobiada por los nuevos impuestos, zaherida en sus derechos, mira en números crecientes a una mísera subvención de 450 euros como único colchón sobre el frío suelo de la calle. Una relación de dependencia frente al Estado que es todo a lo que aspira nuestro admirado vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Este presupuesto es el paso a una verdadera Ley de Dependencia, una norma política que pasa por convertir a los ciudadanos en humildes y agradecidos súbditos.
Sólo los que trabajen para el Estado, o se alíen con el Gobierno, saldrán adelante. Gobierno y Estado, dos instituciones distintas, pero cada vez más confundidas. Nos queda por saber si la fibra moral de la sociedad española aguantará este cambio en los fundamentos de su sistema político.