Este lunes 9 de noviembre el presidente de Perú Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso, por una amplia mayoría de votos. A juicio de los parlamentarios el gobernante se encontraba con “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo y, en consecuencia, se declaraba la vacancia de la Presidencia de la República.
En el largo y sentido discurso frente sus acusadores, Vizcarra –quien no tiene militancia política– realizó una defensa general de su administración y de la legitimidad de su gobierno, manifestó su respeto a las instituciones y a la democracia, así como señaló los importantes desafíos que tiene Perú en la actualidad. En la ocasión el Presidente advirtió sobre el gran peligro que enfrentaba la nación por la acusación en su contra: “El gran perjuicio que podría darse, no al presidente, no al gobierno, sino al país, es conducirlo a un escenario de imprevisibles consecuencias. Lo peor que podemos hacer, justo ahora, es sumergir nuevamente al país en un terreno de mayor agitación e inestabilidad. Entrar a un proceso de incertidumbre, donde nadie sabe qué va a ocurrir, coloca a todos en una situación incierta y compleja”. En la ocasión precisó que la vacancia afectaba la aprobación de los presupuestos para el 2021 y tenía efectos sobre la estabilidad democrática. Sin embargo, sus palabras no tuvieron eco entre los congresistas, que aprobaron con 105 votos a favor (de un total de 130 diputados) la declaración de vacancia presidencial en Perú.
El tema, desde una perspectiva histórica, se inscribe dentro de una larga cadena de problemas que ha sufrido el país andino desde la restauración de la democracia en 1980. A partir de entonces han liderado el país del Rímac diversas figuras y partidos: Fernando Belaunde Terry (1980-1985), Alan García (1985-1990), Alberto Fujimori (1990-2000), Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), nuevamente Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuzcinsky (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020). Como consecuencia de la deposición de Vizcarra ha sido designado Manuel Merino, presidente del Congreso hasta el momento de su nombramiento, y que debiera gobernar teóricamente hasta julio del 2021, cuando asuma el Presidente elegido en las elecciones previstas para el próximo año.
Una rápida apreciación de la lista de gobernantes y de los periodos presidenciales permite observar las anomalías de la democracia peruana en los últimos cuarenta años, cuyos problemas institucionales más graves comenzaron en el gobierno de Fujimori, cuyo golpe de Estado y reelección alteraron la Constitución y la lógica de equilibrio de poderes. Por otra parte, puso en evidencia uno de los problemas centrales de las crisis políticas que afectan a Perú desde entonces: las relaciones entre el Presidente de la República y el Congreso.
Después de todo, el propio Vizcarra llegó al Palacio Pizarro tras la salida precipitada del Pedro Pablo Kuzcinsky, después del estallido de casos de corrupción. Ya en el gobierno, logró conquistar un importante apoyo popular, que se mantenía sobre el 50% al momento de su cesación, aunque durante el 2020 debió bregar con muchas dificultades, como registra la lucha contra el coronavirus y sus dramáticas secuelas económicas. A fines del 2019 Vizcarra había disuelto el Congreso, en lo que muchos vieron el riesgo dictatorial, sin considerar que es una fórmula prevista en el ordenamiento institucional peruano, por lo que se verificaron las correspondientes elecciones parlamentarias en enero de este año. El resultado terminó volviéndose en contra de Vizcarra, quien ha sido cesado en el cargo.
El Congreso elegido el 26 de enero de 2020 tuvo un resultado que responde a los vertiginosos cambios de la política peruana, y a un pluripartidismo que ha hecho muy difícil establecer coaliciones fuertes y estables en el tiempo. Nueve partidos lograron escaños en los comicios: Acción Popular (25), Alianza para el Progreso (22), Frente Popular Agrícola (15), Fuerza Popular (15), Unión por el Perú (13), Partido Democrático Somos Perú (11), Podemos Perú (11), Partido Morado (9) y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (9). No deja de llamar la atención la nula representación del histórico APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) de Víctor Raúl Haya de la Torre y Alan García; o el Partido Nacionalista Peruano, de Ollanta Humala; además de la desaparición de Peruanos por el Kambio, de PPK o Perú Posible, de Alejandro Toledo. Todo un símbolo del borrón político de los últimos veinte años.
Esta movilidad, dispersión y falta de continuidad de los proyectos políticos en Perú ciertamente ha tenido efectos en los últimos años. También parece haberlo tenido, aunque requiere un estudio mayor, el hecho de que 120 de los 130 parlamentarios ocupen por primera vez escaños en el Congreso (ver IPU Parline. Global data on national parliaments), una renovación política que en todas partes se estima necesaria, pero que en este caso podría resultar excesiva. Es un sistema, además, de carácter unicameral, por lo cual decisiones tan extremas como la vacancia no tienen revisión en una segunda cámara.
A todas estas dificultades se suma un tema adicional: prácticamente todos los últimos gobernantes han tenido problemas con la justicia, produciéndose una dinámica de judicialización de la política y acusaciones cruzadas que ha ido horadando la confianza pública y ha contribuido a la descomposición de las instituciones. Alberto Fujimori está en la cárcel; Alejandro Toledo fue arrestado, pero goza libertad bajo fianza; Alan García decidió suicidarse antes de ir a parar a la cárcel; Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario por los casos de corrupción por los que es acusado; Ollanta Humala estuvo recluido, y hoy se encuentra en libertad y bajo investigación.
La corrupción es un problema mayor y cruza transversalmente a los distintos partidos políticos en Perú, país que –mirado en una perspectiva más amplia– ha tenido logros económicos y sociales muy relevantes y positivos en las últimas décadas. Además, cuenta con un pueblo trabajador, que ha tenido logros en el pasado y ha dado pruebas de querer salir adelante y que hoy se encuentra particularmente descontento con la clase política y el nuevo orden de cosas producido tras la vacancia. Junto con el cambio de gobierno han estallado una serie de protestas sociales a lo largo y ancho del país, muchas de ellas masivas y sin una tendencia o liderazgo claro, pero que tienden a desconocer la Presidencia de Manuel Merino y el Congreso que ha producido el cambio político. Con ello, queda en evidencia el primero de los riesgos que advirtió Vizcarra: la incertidumbre que se ha apoderado del país, donde no se sabe si habrá vencedores ni quiénes serán.
Entretanto, como ha reflexionado Mario Vargas Llosa –quien postuló sin éxito a la Presidencia de la República en 1990 y obtuvo el Premio Nobel de Literatura el 2010– Perú enfrenta “una situación absolutamente lamentable de confusión y anarquía”. La situación se ha agravado con las protestas del sábado 14 de noviembre, que dejó una secuela de dos muertos y decenas de heridos, provocando una inmediata crisis política que tiene como resultado inmediato la renuncia de varios ministros y, casi con seguridad, podría seguir con la caída del propio presidente Manuel Merino. Por su parte, Vizcarra se manifestó a través de Twitter, con unas palabras que resumen el momento político que vive Perú: “Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo. Mis condolencias a los familiares de estos héroes civiles que, ejerciendo su derecho, salieron en defensa de la democracia y en busca de un país mejor. El país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune”.
Se trata de un proceso político más en un continente, como América Latina, que podría estar volviendo a su tradición de inestabilidad política, crisis institucionales y rupturas que fueron habituales durante gran parte de su historia.