Malos tiempos para nuestros derechos fundamentales. En la primera semana de los seis meses del estado de alarma se ha aprobado por el Gobierno un anteproyecto de ley de reforma del sistema educativo que recoge la supresión del castellano como lengua vehicular en Cataluña, que los estudiantes puedan pasar de curso sin ningún aprobado, la supresión de la oposición al cuerpo de Inspectores de Educación ( en el anteproyecto sustituyéndolo por su nombramiento por méritos… esto es, por enchufismo), se quiere suprimir o poner trabas a la enseñanza concertada (por ejemplo, subiendo el IVA al máximo, el 21 %), supresión de la educación especial ((¡qué locura!, que estrés se va a causar a aquellos chicos con “otras capacidades”, ¡qué horror para sus padres!); que la Agencia Tributaria pueda entrar en nuestros domicilios o sedes de empresas sin aviso previo ni trámite alguno y, lo que es más grave, sin autorización judicial; y ya no digamos la creación de un Comisión para control de la Desinformación, esto es, del Ministerio de la Verdad… ¿y qué verdad? Por supuesto la que ellos, la Gobierno diga… ¿a qué nos recuerda esto, a qué época infame y de triste recuerdo nos remonta?
Justificó la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el Congreso la necesidad de esta orden ministerial de que la libertad de expresión se ve amenazada y aseguró que examinará el pluralismo de los medios de comunicación y podrá adoptar decisiones contra las desinformaciones y, por eso, se publicó en el BOE de 5 noviembre pasado un procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
¿Y quien va dirigir esta nueva comisión? Nada más y nada menos que el Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo (publicista, que ha dirigido las últimas campañas del partido socialista, que confiara todas las acciones tanto del Presidente como del Gobierno y del que algunos dicen que es que más poder tiene en el Gobierno después de Pedro Sánchez, hasta el punto de afirmarse que Pedro Sánchez actúa como Jefe del Estado e Iván Redondo como Presidente de Gobierno de facto), y el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver (¿se acuerdan las primeras comparecencias del Presidente , decretado el estado de alarma, en que era Miguel Ángel Oliver quien filtraba las preguntas de los periodistas a Pedro Sánchez, sin capacidad de réplica y, lo que es más importante, eligiendo los medios que le podían preguntar, obviando los más importantes… y críticos con la acción gubernamental?).
¿Pero como puede el Gobierno hacer o intentar hacer estas barbaridades, a donde nos quiere llevar? Se trata de una deriva absolutamente execrable, de un autoritarismo insufrible y muy lejos del estándar democrático que defiende la Unión Europea de la que -debemos recordar- formamos parte. Y es que en la UE han saltado todas las alertas por esta deriva cesarista del Gobierno de Pedro Sánchez.
Y así ya tuvo que retroceder en su intento de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el nombramiento de los Vocales del mismo de procedencia judicial (doce de los veinte) pudiesen ser nombrados en el Parlamento, en segunda votación, por mayoría absoluta en vez de la prevista de tres quintos. Y ¡cuidado! No la ha retirado, solo la ha suspendido como gesto magnánimo para ablandar la postura del Partido Popular para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo.
Ahora nos quiere imponer una Comisión para el control de la Desinformación, a suerte de un Ministerio de la Verdad, con la finalidad de que la Seguridad Nacional y el CNI controlen los medios de comunicación y redes sociales. ¿Se acuerdan de las manifestaciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, en las ruedas de prensa del Comité Técnico del Coronavirus, presididas por el ínclito Fernando Simón en época del confinamiento, cuando afirmó que el objetivo de perseguir los bulos en internet era “para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”? lógicamente, después de tales manifestaciones el CEO de la Guardia Civil desapareció de las ruedas de prensa y acabó haciéndolas solo Fernando Simón.
Pues ahora lo que se pretende con la normativa es, simple y llanamente, instaurar una censura previa al estilo de los países más retrógrados en el respeto de los derechos fundamentales. Una clara e intolerable injerencia del poder político en el derecho de la información y la libertad de expresión, derechos fundamentales ambos recogidos en el art. 20 de nuestra Constitución. ¿Y quién va a controlar a los controladores?, ¿los jueces? No, no está previsto. Serán ellos quienes decidan en última instancia. El sistema de contrapoderes no interesa, molesta. Inverosímil.
Ante esto se han revelado ya, como no podía ser de otra manera, además de todos los partidos políticos de la oposición, el conjunto de asociaciones de periodistas y hasta las asociaciones judiciales. Espero y deseo que sus quejas lleguen al Parlamento y la Comisión de la Unión Europea para que, una vez más, obliguen al Gobierno, a retirar esta Orden ministerial.
Una sociedad libre como la nuestra, que tantos y tantos esfuerzos nos costó conseguir -especialmente a nuestros padres- puede desaparecer de un plumazo.
El pluralismo político, la división de poderes y la libertad de prensa son los tres pilares en los que se basan todas las democracias modernas.
El Parlamento secuestrado y amordazado por seis meses. Los intentos de atacar la independencia del Poder Judicial. Ahora instaurar una suerte de Ministerio de la Verdad para que se censure todo aquello que no agrade, que no guste al Gobierno. Se instaura la censura o, lo que casi es peor, la autocensura en los medios de comunicación, en las columnas de opinión, en las redes sociales.
No. No lo podemos tolerar. Está en juego lo que tanto nos ha constado conseguir. Una democracia instaurada por nuestra Constitución de 1978, después de casi cuarenta años desde la cruenta y dolorosa Guerra Civil. Han sido estos cuarenta años transcurridos desde su promulgación los más fecundos, los más prósperos de nuestra reciente historia… y los quieren suprimir de un plumazo.
España es, además de una de las naciones más antiguas del mundo, potencia mundial económica (cierto es que su PIB ha bajado enormemente -más con la crisis económica originada por esta maldita pandemia que nos asola-), pero su magnífica Constitución (salvo el Título VIII relativo a la organización del Estado, que tantos quebraderos de cabeza nos está causando, baste examinar la desastrosa cogobernanza para hacer frente a esta segunda ola del coronavirus, que más que una cogobernanza es un descontrol absoluto), el alto nivel de prosperabilidad alcanzado, sus empresas, sus deportistas, sus logros en general han sido alabados en todas las puntas del orbe y puestas como ejemplo de lo que se debe hacer y objeto de estudio en numerosos países.
Todo lo logrado ¿lo quieren suprimir con una simple Orden ministerial? Insólito… e intolerable.
Nos corresponde a los ciudadanos, a todos y cada uno de nosotros, defender nuestros derechos y nuestras libertades. Nos va la democracia en ello. No miremos para otro lado. Cierto es que son las Instituciones quienes nos tienen y deben de defender. Pero como vemos todas o muchas de ellas están infectadas. ¿Lo vamos a consentir?
Debemos -es nuestra obligación cívica-, sea individualmente o a través de organizaciones cívicas, la denominada “sociedad civil” que tanta fuerza tiene en otros países, especialmente centroamericanos.
Sociedad civil que en España no acaba de cuajar, seguramente por falta de cultura y tradición democrática y haber pensado que son los partidos políticos y los sindicatos quienes nos representan y defienden. Craso error: los partidos políticos son, la mayoría, monolíticos y que solo respetan la voluntad de su líder; los sindicatos “de clase” ya están prácticamente desaparecidos y, en todo caso, sin apenas fuerza social. No obstante ya empiezan a surgir distintos grupos y asociaciones que han nacido para defender nuestros derechos. La mejor de las suertes y dicha para ellas.
Ante esta situación de absoluta crisis democrática, de destrucción vía orden ministerial o ley que quieren socavar nuestro bien más preciado, cual es la libertad y las bases de nuestro sistema, lo debemos denunciar y, visto lo visto, denunciar urbe et orbis en España y al mundo entero. O lo lamentaremos… y sería ya muy tarde.
“-Polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga”, verso del poema Castilla de uno de nuestros mejores poetas, Manuel Machado. Pues eso es lo que nos espera: presión, descalificaciones, cuando no cosas más graves que es mejor no imaginar … o quizás sí. Pero no podemos cejar. Nos va la vida democrática tal y como hoy la conocemos en ello.
Ya lo anunció George Orwell en su célebre novela 1984, publicada en 1949. Y lo que era una novela de ficción se ha hecho realidad, ha llegado, … espero que no para quedarse.