La Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo que permite la exoneración de aquellas deudas inasumibles, alcanzó en 2019 el récord de procedimientos judiciales entre particulares, aunque con diferencias regionales destacables.
Dice el refranero español que segundas partes nunca fueron buenas. Generalmente, este proverbio se acuña para hacer referencia a aquellas continuaciones o segundas partes de películas, obras literarias o artísticas que, aprovechando el tirón que generó la primera entrega, lanzaron un segundo tomo que no cumplió con las expectativas generadas y que quedaron muy por debajo de la obra inicial. A pesar de que su significado alude mayoritariamente a situaciones de esa índole, hay quien utiliza la expresión recurrentemente para todo tipo de episodios cotidianos. Y es que a nadie se le escapa que la vida está plagada de segundas partes u oportunidades, pero no todas tienen por qué terminar mal. De hecho, el crecimiento anual de procedimientos judiciales en mecanismos como la Ley de Segunda Oportunidad se encargan de demostrar que hay motivos para creer que segundas partes sí pueden ser buenas.
Para aquellos que la desconocen, la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que, tal y como se recoge en las disposiciones generales de la Ley 25/2015, tiene por objetivo “permitir lo que tan expresivamente describe su denominación”. Esto es “que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.
Una forma de combatir los estragos económicos de la Covid-19
Este soporte legal, sumamente útil, está creciendo cada vez más y más en España, hasta el punto de que se está convirtiendo en una solución a tener en cuenta para hacer frente a los estragos económicos generados por el coronavirus y dejar atrás un negocio o proyecto frustrado y deficitario. De hecho, ya antes de la pandemia, en 2019, se registró la mayor cifra hasta la fecha de procedimientos de personas físicas sin actividad empresarial que concluyeron en juicio su acogida a la Ley de Segunda Oportunidad. El dato, de 2.983 procedimientos, supera con creces a los 2.066 de 2018 y es casi cinco veces mayor que los 649 del año 2015. Todas estas cifras provienen de informes anuales del Instituto Nacional de Estadística.
Pero es que la tendencia, fruto de la situación tan negativa que se está viviendo, es claramente al alza. El economista Cristian Tanase, CEO del despacho de abogados especialista en Ley de Segunda Oportunidad Abogados para tus deudas, explica que “en los próximos meses y años aumentarán los casos de Ley de Segunda Oportunidad”. Aclara que esto se debe a que “muchos particulares han visto reducidos sus ingresos a mínimos. De hecho, desde marzo se han triplicado tanto las entradas de casos, como las llamadas y formularios rellenados en el bufete solicitando información”. A raíz de este incremento se atreve a asegurar que cada vez más personas ven “la Ley de Segunda Oportunidad como su única vía de escape” y considera que así será “hasta que se normalice de nuevo la economía”.
Los datos del INE no recogen el total de los casos
La Ley de Segunda Oportunidad, como la gran mayoría de procesos, cuenta con un proceso donde se intenta llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Según los datos del especialista Cristian Tanase, en torno al “20% de los casos llegan a un acuerdo con los acreedores sin necesidad de juicio”.
Es más, en este sentido reconoce que “en el último año hemos notado que los acreedores están más abiertos a cerrar acuerdos con quitas de hasta el 70%”. Esto es así debido a que los acreedores son sumamente conscientes del riesgo que supone acudir a la fase judicial posterior del proceso, donde pueden dejar de cobrar una mayor cantidad de deuda con la exoneración de parte o la totalidad de esta.
Cataluña, la comunidad más destacada
Al analizar cuáles son las comunidades autónomas donde más procesos judiciales de Ley de Segunda Oportunidad se efectuaron, destaca Cataluña por encima de todas. De tal manera que si en España se registraron 2.983 procedimientos de personas físicas, 1.239 tuvieron lugar en el territorio catalán, lo que supone un 41,5%.
Le siguen en orden de casos la Comunidad Valenciana en segundo lugar con 358, la Comunidad de Madrid en tercer puesto con 319, mientras que la cuarta posición la ocupa la región andaluza con 253 casos. En cualquier caso, es más que probable que a partir de 2021 se produzca un nuevo aumento de los procedimientos, máxime teniendo en cuenta el parón en la actividad judicial que se ha producido en los meses de confinamiento de 2020 que hará que no haya una muestra real de los casos registrados en el presente año y que empujará a que la cifra sea mayor en el próximo.