El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha enfrentado a la oposición al defender el papel del Gobierno en la reforma del modelo de financiación autonómica, ya que plantea, mediante una negociación bilateral y multilateral, reforzar el Estado de bienestar en todas las comunidades.
Las explicaciones de Solbes en el Congreso no han contentado a los grupos de la oposición, especialmente al PP, que ha reclamado un modelo solidario con todas las comunidades autónomas, y a los partidos catalanes, que han acusado al Ejecutivo de no cumplir el Estatuto de Cataluña y de abogar por una negociación multilateral cuando dicha norma defiende la bilateralidad.
Tanto CiU, en la oposición en Cataluña, como ERC e ICV, socios en el Govern, han coincidido en sus críticas al Ejecutivo y a su propuesta para reformar el modelo de financiación de las autonomías, no así el PSC, cuyos diputados no han tomado la palabra en el debate.
El ministro de Economía y Hacienda, quien ha comparecido en virtud del acuerdo que alcanzaron la semana pasada el Gobierno e ICV, en principio a favor de que el compareciente fuera el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado los pilares de su propuesta, ya conocida por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio.
La garantía de que los servicios básicos estarán financiados suficientemente al margen del lugar en el que resida el ciudadano, el compromiso de que el Estado inyectará más recursos al modelo o la necesidad de una mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías son algunos de estos principios.
Sujeta a revisiónPero Solbes ha puesto énfasis en remarcar que la propuesta está sujeta a revisión, y por ello, seguirá negociando con las Comunidades Autónomas, pero también ha dejado claro que hay aspectos inamovibles para el Ejecutivo, entre ellos que el Estado necesita recursos propios, y más en un contexto económico como el actual.
Ese ha sido uno de los argumentos que más han reprochado los partidos catalanes. CiU, ERC e ICV han incidido en que el nuevo sistema no debe apoyarse en un reparto de los ingresos en el que la Administración estatal se asegure la percepción del 50 por ciento de los mismos, pues, según han explicado sus portavoces, el gasto en los últimos años ha sido mayor en las Comunidades Autónomas.
También han censurado el incumplimiento que, a su juicio, ha cometido el Gobierno con el Estatuto de Cataluña, y han presionado a Solbes para que la negociación dé prioridad a las negociaciones bilaterales.
Las críticas han sido unánimes. El diputado de CiU, Josep Sánchez-Llibre, ha acusado al Ejecutivo de "maltratar seriamente a Cataluña"; el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha afirmado que la propuesta de Solbes se parece al Estatut "como un huevo a una castaña"; y el diputado de ICV Joan Herrera ha pedido al vicepresidente "un cambio de actitud".
Discriminación a CataluñaSolbes ha negado cualquier "discriminación" a Cataluña y ha reiterado que su propuesta cumple "en forma y en contenido" el Estatuto, y en respuesta a las exigencias de CiU y de ERC de que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 no se desligue de la del nuevo sistema de financiación, ha insistido en que son procesos diferentes.
Además, ha reconocido que Cataluña está en una situación financiera difícil, si bien ha descartado que sea "la primera, la segunda, ni probablemente la tercera" comunidad que tenga más dificultades.
El ministro también ha recibido críticas del PP, del PNV, del BNG y de CC. El portavoz económico del grupo popular, Cristóbal Montoro, ha destacado que difícilmente podrá el Estado aportar más recursos al modelo a raíz de la crisis económica y ha incidido en que si de algo adolece la propuesta de Solbes, es de falta de claridad.
En definitiva, el vicepresidente ha defendido la actuación del Gobierno en todo el proceso y ha rechazado cualquier incumplimiento por su parte, así como ha definido el horizonte para la aplicación de la reforma: en vigor en 2009 y "en plena vigencia" en 2011.
Ausencia de acuerdoEl vicepresidente económico del Gobierno ha asegurado que "la ausencia de un acuerdo" sobre la reforma del modelo de financiación autonómica no puede ser considerado "un incumplimiento" por parte del Gobierno. El vicepresidente económico ha comenzado su comparecencia recordando las diferentes fases del modelo hasta llegar al borrador que presentó el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a las diferentes comunidades autónomas que "garantiza" la financiación de los servicios públicos fundamentales.
En su opinión, frente a otras negociaciones anteriores, este texto de base es un "ejercicio de transparencia y búsqueda del necesario consenso", por lo que ha precisado que "hay que negociar bilateralmente y multilateralmente". Así las cosas, ha llamado a la responsabilidad de todos para llegar al consenso y obtener un "buen acuerdo" y ha hecho hincapié en que los principios del modelo contemplan la suficiencia global, la autonomía, la corresponsabilidad y la lealtad institucional.
Respeto a los estatutosEn su discurso, que ha durado cerca de media hora, Solbes ha indicado que el documento recoge las variables de población, dispersión, superficie e insularidad, de acuerdo con las diferencias existentes con las comunidades. Ha resaltado que a pesar de las particularidades de los distintos textos estatutarios, la propuesta se ajusta a todos ellos. "La ausencia, por el momento, de un acuerdo entre las diferentes partes implicadas no puede ser considerado un incumplimiento del Gobierno", ha aseverado el titular de Economía.
A juicio de Solbes, la propuesta también cumple en "forma y contenido" con el Estatuto de Cataluña, para ello, ha dicho, "basta comparar los preceptos del Estatuto que se refieren al modelo de financiación con los principios de reforma contenidos en el documento presentado por el Gobierno".
En este sentido, el vicepresidente económico ha señalado que el Gobierno presentó su borrador antes del 9 de agosto, fecha límite que contemplaba el Estatuto catalán para que el Ejecutivo le remitiera un modelo de financiación y se aplicara de forma definitiva dos años después. Solbes ha manifestado que el Ejecutivo seguirá trabajando para acordar un nuevo sistema que entre en vigor en 2009 y de forma gradual, alcance "plena vigencia" en 2011 en todas las comunidades, acorde, además, con la Constitución.
El ministro de Economía ha explicado que el actual modelo, si bien ha elevado "notablemente" la financiación per cápita durante su funcionamiento, "no reconoce de manera explícita" la evolución de las necesidades. Asimismo, ha vuelto a insistir en que la intención del Gobierno es que el nuevo texto "no quede obsoleto en pocos años".