Desde hace meses, una avalancha de ciudadanos subsaharianos y marroquíes desembarca en las costas canarias de una manera irregular sin que el Gobierno tome medidas ni gestione la situación ni el paradero de los migrantes. Primero, fueron hacinados en el muelle de Arguineguín y, en las últimas semanas, muchos de ellos están siendo trasladados a la península, a pesar de que el ministro Marlaska lo negara “por ser una vía irregular en Europa”.
Sin embargo, más de mil migrantes han sido trasladados en avión a Málaga, Sevilla, Granada, Barcelona, Valencia y Alicante sin el conocimiento de los alcaldes, sin control sanitario alguno y abandonados a su suerte. La opacidad, por no decir clandestinidad, es absoluta. El Gobierno parece desentenderse y oculta la información a la opinión pública. Este mismo miércoles, la portavoz del Gobierno aseguraba que “no le consta” que estos traslados se estén produciendo y Pedro Sánchez declaró en la entrevista en Tele-5 que “había que empatizar con Canarias”.
En efecto, hay que empatizar con Canarias y con los miles de migrantes que sufren esta situación. Pero el Gobierno español está obligado a intervenir en la crisis con urgencia. Es esencial respetar los derechos humanos de unas personas que por desesperación se han jugado la vida para llegar a Europa. El Ejecutivo debe, primero, acogerles en condiciones dignas, pero también cumplir las leyes comunitarias e impedir la entrada ilegal de inmigrantes, lo que en algunos casos supone enviarles de vuelta a sus países de origen o buscarles alojamientos dignos.
La crisis migratoria en el archipiélago español alcanza proporciones extraordinarias. Pero hay que combatir a las mafias que se enriquecen con este tráfico inhumano y negociar con Marruecos para que evite la salida en tromba de cayucos de sus costas.
La obligada solidaridad con estos migrantes no significa que los Ministerios de Interior y de Seguridad Social y Migraciones eludan su responsabilidad. Menos aún, que pretendan ocultar a la opinión pública que están siendo trasladados a la Península, lo que el propio Marlaska aseguró que nunca ocurriría por incumplir la normativa comunitaria. El sindicato policial SUP ha confirmado los datos de esos traslados, “lo que supone un efecto llamada.” El Gobierno, pues, en lugar de mentir, tiene que intervenir para resolver un problema humanitario.