El pasado 31 de diciembre en mi localidad natal, La Línea de la Concepción, no solo se celebró la entrada de un nuevo año –claro está con el júbilo comedido que impone la situación sanitaria– sino, también, algunos de los tradicionales cohetes que se lanzaron tenían por objeto homenajear el momento histórico que esa misma noche parecía que estaba acaeciendo. Decían algunos queridos amigos, muchos de ellos trabajadores en Gibraltar, “el Estado Español había llegado a un acuerdo con Gran Bretaña y Gibraltar va a entrar en Schengen. ¡Se acabó la frontera!”. Horas después los operadores intervinientes en dicho acuerdo se contradecían, la Ministra Laya resaltaba la traslación de la frontera al aeropuerto y la zona portuaria, con la intervención policial española. El Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, resaltaba que ni por asomo iba a pisar un policía español el territorio de gibraltareño. Boris Johnson, recalcaba el compromiso con la protección de los intereses de Gibraltar y su soberanía británica.
Lo cierto es que el conflicto de Gibraltar es un problema muy complejo y dar soluciones fáciles a problemas complejos, además de un palmario signo del populismo –común en la política a la que estamos tristemente acostumbrados en los últimos años–, es la antesala de un fracaso estrepitoso de las soluciones propuestas. En palabras de Mencken “para todo problema complejo hay una solución clara, simple y equivocada”.
La cuestión no se limita a la soberanía, que ya de por sí es sumamente vidriosa, especialmente si descendemos al sentimiento de los Gibraltareños que difícilmente podrían reconocerse como Españoles, recuérdese que no hay un Gobernador Español en esa plaza desde hace más trescientos años (fue en 1704 la toma de Gibraltar) y la frontera estuvo cerrada a cal y canto no hace tanto tiempo (desde 1969 a 1982). Además, subyace una situación de competencia desleal en materia fiscal, económico y social respecto a las ciudades limítrofes de la Comarca del Campo de Gibraltar que, en esencia, es lo que permite la pervivencia de la colonia británica.
La economía de Gibraltar solamente tiene sentido en el marco de su condición de paraíso fiscal aprovechándose de su situación geográfica, un pérfido sistema fiscal y social, y de la palmaria opacidad en materia de gestión de capitales, todo ello en detrimento del Reino de España y de los Españoles. Y es que, aunque no cabe duda de que hay turismo porque se trata de un paraje espectacular, en realidad la colonia británica vive, entre otras cosas, del dinero que con cierta opacidad reciben sus bancos; de un régimen tributario laxo, siendo común vivir cómodamente en España y tributar en Gibraltar (bajando a lo mundano, ni siquiera pagan impuestos indirectos cuando compran en España); de las empresas tecnológicas, especialmente vinculadas al juego online, que se aprovechan de la red suministrada desde España; del tabaco que entra desde España y retorna de contrabando posteriormente; de la explotación laboral de nuestros compatriotas, muchos de ellos por debajo del SMI, sin protección social alguna y con un coste laboral para la empresas ridículo en comparación con España; y, en definitiva, un largo etcétera de circunstancias que ninguna de ellas puede considerarse leal. En este contexto resulta de chiste el principal anuncio de retirar la verja, porque, para ello, es necesario que se produzca una situación de competencia leal en lo fiscal, medioambiental y social, lo cual es a todas luces impensable.
Dicho todo lo anterior, se llegó a un acuerdo que a priori no ha cambiado nada más que la ausencia de necesidad de visado para trabajar y mantener el sistema de entrada y salida ágil en Gibraltar. En esencia lo de siempre, porque, aunque se pueden ver al entrar en la colonia británica los aparatos de reconocimiento facial y de documentación, en realidad nunca se han utilizado con asiduidad –no quiero ni pensar la cantidad de dinero del contribuyente que se ha tirado en la adquisición de dichos aparatos que bueno sería que se utilizaran–, por el contrario, entrar y salir supone básicamente hacer un gesto con la documentación de identidad al policía español y británico.
Pues bien, sendas cuestiones, aun suponiendo un beneficio para nuestros compatriotas que entran a diario a trabajar, en realidad supone un beneficio para propia colonia que seguirá beneficiándose de mano de obra a buen precio y de su condición de paraíso fiscal como si siguieran amparados por un Estado perteneciente a la Unión Europea. En la contrabalanza nada. Bien hubieran valido estas negociaciones para mejorar la vida de los ciudadanos españoles de la zona, pactando, por ejemplo, un sistema de protección social adecuado. Pero no, por desgracia todas las ventajas para España son banales y, en esencia, papel mojado.
En mi opinión, y siento ser cenizo, en los próximos seis meses que se han dado los Estados para negociar, nos espera la frustración del pretendido acuerdo. En este sentido, el hecho de que el Consejo Europeo haya dejado claro Gibraltar no estará comprendido en el ámbito de aplicación de los futuros acuerdos entre la UE y Reino Unido" y que los "acuerdos separados entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar requerirán la previa aprobación de España", no supone una patente de corso para que España decida unilateralmente lo que hacer, sino la intervención previa de España en la adopción de acuerdos, circunstancia en realidad imperativa dado que existe derecho de veto que provocaría el fracaso de cualquier acuerdo sin dicho visto bueno. Que nos quede claro, España no tiene competencia para decidir que Gibraltar se convierta en territorio Schengen y, lo cierto, es que sería inverosímil que la Unión Europea admitiera la coexistencia de un paraíso fiscal sin fronteras.
Por todo lo expuesto, la cuestión se atisba compleja, por no decir imposible. En fin, con suerte para los españoles que cruzan la verja a diario, en mi caso paisanos y muchos de ellos amigos, permanecerá vigente un sistema laxo de visados de trabajo y la relajación de los controles de entrada y salida. Quizá, con suerte, en un futuro se podrá llegar a algún acuerdo para garantizar un sistema social justo. Y, finalmente, cabe preguntarse si esta situación es la ideal. Obviamente no, pero poco más va a lograr un Gobierno que negocia sobre mínimos y, en todo caso, no vivimos en un mundo ideal o perfecto, dado que, en dicha utopía, entre otros extremos, el Gibraltar que hoy conocemos sería inviable, ya que no existirían los paraísos fiscales.