Hasta la fecha el sistema sanitario español se ha adaptado con más o menos solvencia al lento ritmo de llegada de las vacunas. Sin embargo, tal y como indica el reportaje que hoy publica El Imparcial, en los próximos meses, a medida que mejore la producción de vacunas y lleguen otras nuevas, este goteo de suministros se puede convertir en un verdadero torrente que deje sin respuesta a las administraciones autonómicas.
Sanidad mantiene su idea de inmunizar al 70% de la población antes del verano, unos 32 millones de personas. No obstante, desde el 27 de diciembre se ha vacunado con doble dosis a poco más de un millón. Para llegar al objetivo del 70% de inmunizados, se deberá vacunar a 30 millones de personas en poco más de cuatro meses. Se trata de un mayúsculo desafío sin precedentes para el que todas las administraciones, desde los ayuntamientos al Gobierno, pasando por las comunidades autónomas, deben prepararse a conciencia.
Es condición sine qua non que el Gobierno deje de escudarse en la cogobernanza para eludir sus verdaderas responsabilidades y afronte con rigor y valentía el papel que le atribuye la Constitución, máxime en una situación de emergencia como la actual. Si algo ha demostrado la pandemia es que el las comunidades autónomas ni pueden ni deben autogestionarse. Necesitan de un coordinador que arbitre y organice.
El caos vivido al inicio de la campaña de vacunación tiene que funcionar como recordatorio de lo que sucede cuando las cosas se hacen sin planificación. En los próximos meses el flujo de suministro de las vacunas irá incrementándose exponencialmente y el sistema sanitario español debe prepararse para ello. Cada minuto cuenta y cada dosis inoculada puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.