El problema de la interpretación del Derecho surge de la distinción entre el espíritu y la letra de la ley. La letra no siempre acierta a expresar con fidelidad y para siempre el espíritu del legislador. Por eso, puede ser manipulada luego con disposiciones, que quizá se atienen a la materialidad de la letra de una ley, pero destruyen completamente su espíritu. Eso ha ocurrido de modo patente con nuestra Constitución actual. Su espíritu era claramente superar las discordias entre españoles, que nos llevaron al desastre de la Guerra Civil.
Se trataba de promover el olvido y la reconciliación nacional. La unidad y la paz social asegurarían la prosperidad futura y benéfica para todos. De hecho esto lo que sucedió sustancialmente con Aznar y Felipe González. En conjunto, fueron años de sostenido crecimiento económico, y hasta se admiró mundialmente el ejemplo de civismo y sensatez política demostrado por la sociedad española. Pero ese espíritu de paz y concordia se quebró con la llegada de Zapatero, que promovió la “Ley de memoria histórica”. Justo todo lo contrario del espíritu de la Constitución de 1978. Escarbar en las viejas heridas.
Volver a los odios del pasado que nos llevaron a la ruina. Añorar la venganza y el desquite, en vez apelar al mutuo perdón y la superación del pasado. La desastrosa gestión socialista de la economía en la crisis de 2008 dio la mayoría absoluta a Rajoy. En la campaña electoral prometió abolir la funesta Ley de memoria histórica. Pero no lo hizo. En su miopía política no comprendió que lo que estaba en juego era nada menos que la llamada “Transición”, Y aquellos polvos trajeron los actuales lodos. Sánchez e Iglesias están ahora decididos claramente a destruir el espíritu de la Constitución de 1978, y encaminarnos otra vez hacia la confrontación civil. Una vez más, la ignorancia deliberada de la historia nos condena a repetirla estúpidamente. En los momentos actuales, la misión fundamental del Tribunal Constitucional debiera ser la defensa del espíritu de 1978 frente a un descarado y tenaz intento de destruirlo.
Un claro punto de inflexión lo tenemos en la actual incapacidad del PP y del PSOE para pactar la renovación del CGPJ. Una fundamental institución que lleva nada menos que dos años en funciones, con el consiguiente daño al prestigio de la democracia española, tan trabajosamente lograda en 1978. Es obvio que nuestros políticos actuales, sin distinción de colores, no procuran el bien común, sino que sólo buscan disfrutar del poder y enriquecerse. Unicamente el Tribunal Constitucional podría cortar de un tajo este peligroso nudo gordiano. Por ejemplo, declarando inconstitucional el actual sistema de designación de los miembros del CGPJ por los partidos políticos. Es inoperante y corroe la democracia. Se ajusta quizá a la letra de la Constitución de 1978, pero desde luego no a su espíritu.
En las presentes y muy serias circunstancias, el Tribunal Constitucional debiera atreverse a atribuir al Rey la designación de las polémicas vacantes del CGPJ. Con la capital condición de elegir magistrados independientes y que no hayan manifestado sus opiniones políticas. Estos son los únicos que pueden asegurar una justicia independiente de hecho del poder ejecutivo, y no mediatizada por nuestra desprestigiada y corrupta casta política actual. Ciertamente esta drástica solución, o cualquier otra de parecido calibre, va mucho más allá de la letra de la Constitución de 1978. Y sin embargo, cae plenamente bajo su espíritu de reconciliación y de paz social.
Es justo esto lo que el ciudadano medio espera del Tribunal Constitucional en las circunstancias actuales. Que defienda el espíritu de esa Constitución y, si es necesario, pase por encima de la materialidad de su letra, que ha sido tergiversada hasta el punto de bloquear nada menos que el normal funcionamiento de la Justicia, algo vital para una sociedad democrática. En realidad, todo depende en la delicada tesitura actual del coraje y del patriotismo de los actuales miembros del Tribunal Constitucional. En sus manos está salvar a España o acelerar su autodestrucción. Se espera del Tribunal Constitucional que defienda el espíritu de la Transición, que hizo posible la democracia. En cambio, aferrarse a la letra de la ley hasta aniquilar su espíritu es el mayor pecado que puede cometer un jurista irresponsable.
Afortunadamente no se ha cumplido en España el pesimista refrán “de tal palo tal astilla”. Felipe VI no ha salido a su padre. Hoy día es quizá la única persona pública que el ciudadano medio percibe como decente y honesta. Los actuales componentes del Tribunal Constitucional tienen la oportunidad de ponerse a la altura de nuestro actual Rey. Que repasen el famoso discurso que puso a Rajoy contra las cuerdas y le forzó a defender la unidad de España. Si el Rey se hubiera callado, como sin duda están tentados de hacer los componentes del actual Tribunal Constitucional, ahora Puigdemont estaría en Barcelona como orondo Presidente de la independiente República Catalana. Cuando Felipe VI pronunció aquel discurso, se ganó a todos los españoles que desean vivir en paz y no volver a los horrores de la guerra civil. Obviamente son la inmensa mayoría. Respaldarían sin dudar la audacia de los magistrados del Tribunal Constitucional.
En pura teoría, estos honrados ciudadanos podrían en unas futuras elecciones invertir la actual peligrosa deriva política. Pero en la práctica, sólo cuando le tocan el bolsillo, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Justo por esa razón Rajoy obtuvo una mayoría absoluta, que luego desperdició tontamente. Pero si no ve afectado su bolsillo, la gente de a pie sigue sin percibir la amenaza de volver a la guerra civil. Es inútil esperar que la situación se arregle por ese camino. La única esperanza real que tenemos es la valentía y la conciencia moral de los actuales miembros del Tribunal Constitucional. Que sigan el ejemplo de Felipe VI