La espada de Damocles de la deuda española

Nuevo aldabonazo de la deuda de España. Este miércoles, el Banco de España publicaba que el conjunto de administraciones públicas ya deben 1,314 billones de euros, en números redondos 1.314.335.000.000 euros. Enero sumaba 3.307 millones más a este enorme ‘debe’, esta interminable factura de las diversas capas superpuestas del Estado.

España llega de una crisis de deuda: tras la quiebra de Grecia, los inversores dejaron de confiar en la solvencia de los títulos soberanos españoles, junto con los de otros países llamados ‘periféricos’ que compartían el euro. Como resultado, la rentabilidad del bono español escaló hasta cuotas insostenibles. La prima de riesgo se disparó y el Tesoro Público se vio obligado a ofrecer altísimos retornos para los inversores que acudían a las colocaciones de deuda española.

De aquellos polvos, estos lodos. El Banco Central Europeo se vio obligado a comprar deuda de países periféricos en los mercados secundarios, un paraguas del que todavía se beneficia el Gobierno, que está apurando la manga ancha de Europa para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid.

Sin embargo, el nuevo dato de deuda española coincide con una reunión de la Reserva Federal, alarmada por la posibilidad de que un repunte de la inflación obligue a subir los tipos de interés.

La inflación es una espada de Damocles sobre la deuda española. En el caso de que los bancos centrales se vean obligados a subir los tipos de interés, España podría regresar a un escenario de crisis de deuda, con la quiebra de las finanzas públicas de fondo.

Pero esta bomba de relojería no parece importar al Gobierno de España. La deuda de las administraciones públicas sigue subiendo sin control, el peso de lo gastado se cierne sobre las generaciones venideras y no hay ni rastro de austeridad en el ejercicio de la gestión de lo común. Los numerosos ministerios de Pedro Sánchez riegan con generoso caudal de dinero a sus acérrimos con la excusa de que paga Europa.

Pero la deuda española, por el momento, está respaldada por la nación y, cuando se corte el grifo, serán los ciudadanos los que tendrán que asumir las consecuencias.