Este viernes, Pere Aragonés se convertirá en el nuevo presidente de la Generalidad. De nuevo, los separatistas toman el poder en Cataluña. Y, de nuevo, lo harán con el apoyo de la CUP, el partido más radical y más feroz en su exigencia de celebrar un referéndum de autodeterminación para alcanzar la República independiente.
Después del fiasco de su último intento de saltarse la Constitución y dar un golpe de Estado; con Puigdemont, cobardemente huido de la Justicia, y con Junqueras y compañía, encarcelados, no es previsible que el nuevo Gobierno se atreva a aprobar formalmente otra declaración unilateral de independencia en el Parlamento.
En ese caso, si Aragonés se resiste a presentar pronto una DUI, el nuevo Ejecutivo no podrá gobernar, pues perdería los escaños de la CUP. Pero el próximo presidente de la Generalidad ya tiene prevista esa situación. De ahí, que haya acordado con el PSC de Salvador Illa, y con los Comunes, contar puntualmente con su apoyo para eludir la acción de la Justicia.
Pedro Sánchez está al frente de la operación. Mantiene así el apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados y se ahorra el sofocón de aguantar otra afrenta a la Constitución de sus socios de Gobierno. Salvador Illa, después de ganar las elecciones, se convertirá en el baluarte del Gobierno separatista. En el cómplice de las barrabasadas que aprobará la Generalidad en el Parlamento catalán.
El modus operandi de Sánchez se repite. El presidente del Gobierno está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder. Y para ello, necesita los escaños de ERC en el Congreso de los Diputados. El nuevo gobierno de la Generalidad mantendrá su desafío a la Constitución, pero solo dialécticamente. Y el líder del PSC se lo reprochará. Pero son meros fuegos artificiales, porque están de acuerdo en lo esencial: Sánchez seguirá en La Moncloa y Aragonés se instalará en el Palacio de San Jaime. Lo de gobernar Cataluña es lo de menos.