Sucedió el martes pasado en Ginebra. Con 30 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución preocupante. En realidad, este organismo de cooperación intergubernamental nos da de vez en cuando algunos sustos y no pocas decepciones. Por lo pronto, suele ser generoso en resoluciones condenatorias de Israel y no tan severo cuando se trata de otros países como la República Islámica de Irán. Lo componen 47 Estados elegidos por la Asamblea General, que a su vez se reparten los asientos según criterios geográficos. Esto es importante porque es irrelevante que se trate de Estados democráticos o de tiranías. 13 miembros pertenecen a la región de Asia-Pacífico, 13 a África, 8 a Iberoamérica y el Caribe, 7 a Europa Occidental y “otros Estados” y 7 a Europa Oriental.
En la actualidad, lo componen Argentina, Armenia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, China, Costa de Marfil, Cuba, la República Checa, Dinamarca, Eritrea, las Islas Fiji, Francia, Gabón, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Libia, Malawi, las Islas Marshall, Mauritania, México, Namibia, Nepal, los Países Bajos, Pakistán, Filipinas, Polonia, la República de Corea, la Federación de Rusia, Senegal, Somalia, Sudán, Togo, Ucrania, el Reino Unido, Uruguay, Uzbekistán y Venezuela.
No han leído mal: Cuba y Venezuela forman parte del Consejo. Esto bastaría para arrojar ciertas sombras sobre la resolución relativa a “las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. No se dejen confundir por la jerga de Naciones Unidas. La resolución se refiere a las sanciones que los Estados democráticos imponen a aquellas personas físicas, personas jurídicas y Estados que, como Cuba y Venezuela, vulneran sistemáticamente los derechos humanos de su propia población.
En este sentido, la resolución es de una enorme hipocresía. Su texto “Insta a todos los Estados a que dejen de adoptar, mantener o aplicar medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular medidas de carácter coercitivo con efectos extraterritoriales, que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impiden de ese modo la plena efectividad de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de las personas y de los pueblos al desarrollo” y “condena enérgicamente el hecho de que determinadas potencias sigan aplicando y haciendo cumplir unilateralmente medidas de esa índole como instrumento de presión, incluida presión política o económica, contra cualquier país, en particular contra países menos adelantados y países en desarrollo, con objeto de impedirles que ejerzan su derecho a decidir libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales”. Huelga decir que no hay vulneración alguna del Derecho Internacional ni de ningún otro Derecho. Ese es el pretexto que suelen utilizar las tiranías cuando otros Estados tratan de enfrentarse a ellas. Lo han invocado desde los ayatolás iraníes hasta Nicolás Maduro. Se acuerdan de todo el Derecho Internacional salvo del que les impone límites. Por supuesto, cuando se trata de hostigar y atacar a las democracias, los primero que esgrimen para justificar sus acciones es, ¡oh, sorpresa!, la defensa de los derechos humanos.
En realidad, esta resolución refleja una de las grandes carencias del sistema de Naciones Unidas: al no distinguir entre Estados democráticos y no democráticos, pone a la misma altura a las tiranías y a las democracias y da a aquéllas el poder de señalar y juzgar a éstas. Así, en lugar de contribuir al desarrollo de los derechos humanos, se asegura de que los tiranos puedan seguir violándolos.
Por otra parte, da a los enemigos de la democracia instrumentos para atacarlas invocando la autoridad de las propias Naciones Unidas, que está, por cierto, cada vez más socavada por resoluciones como ésta.
Por supuesto, la noticia ha sido celebrada con alborozo en Caracas y en otras capitales de regímenes cuyos responsables hoy se sienten un poco más seguros y un poco más fuertes. Al mismo tiempo, los enemigos de la democracia y la libertad desde La Habana hasta Teherán, han comprobado la confusión moral en la que yace sumido el Consejo. Los esfuerzos que Cuba, Venezuela y otros Estados están desplegando en los Estados Unidos y la Unión Europea han recibido, mediante esta triste resolución, un nuevo impulso.
Con esta resolución, los derechos humanos han sufrido una derrota y las tiranías se han apuntado un tanto.